CARTA ABIERTA DE PARTE del
COMITE' ITALIANOde SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO COLOMBIANO
Visita del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez
(Roma) 30 de abril de 2009
A la Unión Europea y a los Estados miembros
Direccion general EUREX
Direcciòn general Desarrollo y Cooperaciòn
Delegaciòn de la Comision Europea para Colombia y Ecuador
Al Gobierno colombiano
Presidente Alvaro Uribe Velez, Vicepresidente Francisco Santos, Director programma presidencial DD.HH.
Carlos Franco Echevarria, Defensor Nacional del Pueblo , Wolmar Antonio Perez
Emabajada de Colombia en Italia, dr. Sabas Pretelt de la Vega
Al Gobierno italiano
(Presidencia del Consejo - Presidente Silvio Berlusconi, III Comisión Asuntos Exteriores y comunitarios de
la Cámara, Comisión por los derechos humanos del Senado, Ministro Asuntos Exteriores On.Franco Frattini,
Embajada de Italia en Bogotà, dr. Gerolamo Schiavoni
A los Organismos Internacionales por la defensa DD.HH.
Oficina en Colombia del Alto Comisionado ONU para los DD.HH (OACNUDH)
Comision Interamericana por los Derechos Humanos(CIDH)
Al Procurador de la Corte Penal Internacional
A la comunidad internacional_
Roma, el 27 de abril de 2009
Nosotros, los aquì firmantes, representamos Grupos, Movimientos, Instituciones y Entes Locales,
cuyo trabajo es finalizado a la defensa y promoción de los derechos humanos y al
acompañamiento de los procesos de construcción de paz que nacen desde la base, de la
población civil en Colombia. Por lo tanto, apoyamos con nuestro trabajo, todos los sujetos y los
procesos que buscan una solución noviolenta al conflicto en Colombia; una solución distinta del
uso de las armas, a la violencia y abuso, que continúan a producir solamente muerte, pobreza e
injusticia a travez de una acción noviolenta y declarando nuestro rechazo a todos los actores
armados. Nuestro profundo conocimiento de la grave situación que se encuentra a vivir el pueblo
colombiano - derivada de múltiples y variadas experiencias sobre el territorio -, las últimas
denuncias de los defensores de los derechos humanos colombianos y la prensa internacional,
nos impulsan a hacer oír nuestra voz, con ocasión de la visita del Presidente Alvaro Uribe Velez a
Roma.
El 30 de abril de 2009, el Presidente Uribe vendrá en visita oficial a Italia y será recibido por el
Presidente del Consejo Silvio Berlusconi y del Papa Benedetto XVI. El encuentro con el primero
ministro italiano, que lo ha invitado formalmente a participar como huésped de la América latina al
próximo G8 en Italia, ha sido basado sobre los temas de la seguridad, de la paz y de la lucha al
terrorismo. Silvio Berlusconi, que tiene intención de presentar durante el G8 el libro El estado del
mundo, que recogerá las intervenciones de todos los jefes de Estado presente en la cumbre, le ha
preguntado al Presidente Uribe de escribir una contribución sobre el tema "Como gobernar una
nación bajo la amenaza de terrorismo." Además, importantes acuerdos económicos y comerciales
están en proceso de definición entre los dos Países, como testimoniado por el reciente viaje a
Medellín de Letizia Moratti, Alcalde de la ciudad de Milano, y otros empresarios italianos, realizado
con ocasión de la cumbre del Banco interamericano del Desarrollo.
El ámbito en el que se realizaran estos encuentros y los temas que se preveen tratar, contrastan
totalmente con cuanto, no solo nosotros hemos podido constatar, gracias a nuestro trabajo de
monitorización, sostén y protección de los derechos humanos, sino sobre todo con cuánto
denunciado por numerosas instituciones y organizaciones colombianas e internacionales.
Considerado:
- Qué Colombia sigue siendo sumergida en un conflicto armado interno complejo y de las
múltiples aspectos, cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío continuo
para la sobrevivencia de la población civil y por la garantía de una vida digna;
- Qué en el contexto latinoamericano Colombia se presenta como un real laboratorio de
violación de los derechos humanos fundamentales;
- Qué son 300 mil los muertos registrados en los últimos 10 años, mitad de los cuales
ocurridos por mano de los paramilitares; 4000 los sindicalistas asesinados en los últimos 20
años, centenares de indígenas y los campesinos esterminaos en los campos de terror y 4 los
millones de desplazados;
- Qué durante los dos mandatos del Gobierno Uribe ha sido notado un empeoramiento del
conflicto;
- Qué la política de seguridad demócratica y la adopción de planes de militarización, Plan
Colombia y Plan Patriota, tienen el objetivo de controlar el territorio colombiano y de imponer
la estrategia de desarrollo forzado promovida por el Gobierno;
- Qué del 2005 al 2007 han sido denunciados 11.292 casos de omicidios y desapariciones
forzadas y que, en el mismo período, se ha registrado la cifra más alta de inversiones
extranjeras en la historia de Colombia, se ha pasado de los 3.786 millones de dólares del
2005 a 10.085 millones del 2007, como confirmación de la persistente unión entre planes de
desarrollo, militarización y violencia;
- Qué la criminalización puesta en práctica por altos funcionarios del Gobierno contra los
grupos más vulnerable, los defensores de los derechos humanos, las comunidades
indígenas, afrocolombianas y campesinas y la persecución sistemática de cada forma de
denuncia y oposición a las políticas promovidas por el Estado en materia social, laboral y de
seguridad, vienen presentadas y colocadas dentro del paradigma de la lucha al terrorismo;
- Qué uno de los más graves crímenes avalado por el Gobierno colombiano en el ámbito de la
política de paz y lucha al terrorismo es aquel de los "Falsos positivos", o sea civiles inocentes
matados por el ejército y presentados como guerrilleros, que por cierto no responden al
objetivo de la lucha contra la violencia en algun modo ni contribuyen al restablecimiento de la
legalidad en Colombia;
- Qué la ley de Justicia y Paz no ha desmantelado efectivamnte las estructuras paramilitares
de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), favoreciendo de hecho su perpetuación
bajo otras siglas y destinándolas a un efectivo control social, político y económico del
territorio ( regiones de Antoquia, Cauca, Chocò, Cordoba, Narino y Valle del Cauca) ;
- Qué la ley de Justicia y Paz está obstaculizando el recorrido normal de la justicia para
aclarar los hechos riguardanti las relaciones entre paramilitares y Gobierno y la naturaleza
corrompida del sistema parar-estatal
- Que hasta ahora, no se han debidamente indagado y procesado a los autores de los
crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país: de las 3.637 personas que tuvieron que
ser indagadas y procesadas, sólo 1.626 ha iniciado la primera fase procesal (datos al 31 de
diciembre de 2008);
- Qué la extradición de 13 de los más importantes jefes paramilitares desmantelados ha
puesto a serio riesgo la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos en los cuales
ellos fueron implicados y de reconocerles a las víctimas el derecho a la verdad, justicia y
reparación;
- Qué cada negociación política exige, como requisado principal, la existencia de posiciones
divergentes y opuestas, y que con la Ley Justicia y Paz el Gobierno ha decidido orientar el
diálogo a las solas fuerzas paramilitares que defienden el mismo modelo político y social;
- Qué sin un adecuado reconocimiento del conflicto armado interno y de los grupos
guerrilleros como fuerzas antagonista no se podrá llegar a un real acuerdo de paz.
Por cuanto hasta ahora expreso
PEDIMOS
All' Unión europea y a sus Estados miembros
_ De reconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia, aplicando así todas las
normativas vigentes que regulan las relaciones con los países en guerra;
_ De suspender la venta de arma y la ayuda militar a Colombia;
_ De monitorar y eventualmente suspender la venta de parte de los Países de la UE de
agentes químicos necesarios a la transformación de la coca en cocaína, ya que ninguno de
ellos se produce en Colombia;
_ De activar una eficaz vigilancia sobre los recursos destinados a la cooperación con
Colombia, para garantizar que no sean utilizadas para reforzar el aparato militar, por la
explotación ilegal e ilegítima de los recursos naturales, de modo que no contribuir a la
agudización de la guerra;
_ De condicionar la cooperación y los acuerdos comerciales con Colombia al respeto de los
derechos humanos;
_ De empeñarse principalmente en las iniciativas promovidas por la Sociedad civil
colombiana y de modo particular por las Comunidades en resistencia civil en favor del la
defensa integral de los derechos humanos e delos bienes comunes;
Específicamente al Gobierno italiano y a la embajada italiana a Bogotá
_ De apoyar la relación solidaria que expresiones organizadas de la sociedad civil italiana
tienen con las Comunidades en resistencia civil y las Organizaciones que defienden los
derechos humanos en Colombia;
_ De cerciorarse antes del acreditamiento en Italia de los futuros embajadores colombianos,
de su ajenidad a los hechos sobre enunciados y en caso contrario negar el placet
necesario;
A los Gobiernos de Italia y Colombia
_ De activar mecanismos que combatan eficazmente la relación entre las organizaciones
criminales del 'Ndrangheta italiano y paramilitar colombiano particularmente activo en el
tráfico de droga y armas entre los dos países. Al mismo modo, contrastar los posibles
apoyos que, de instancias oficiales, funcionarios públicos de los dos Países podrían
brindar a estas peligrosas organizaciones ilegales.
Al Procurador de la Corte Penal Internacional:
_ De no posponer más allá, su decisión de abrir una investigación sobre el caso Colombia.
Al Gobierno colombiano
_ De acoger y dar continuación de manera concreta a las recomendaciones formuladas en el
Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia, año 2008, y en la sentencia del Tribunal Permanente de
los Pueblos sobre "Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia,
2006-2008" (Bogotá) el 21-23 de julio de 2008,;
_ De reconocer la existencia de un conflicto interior y la guerrilla como fuerza opositora;
_ De atenerse a los principios del Derecho a Internacional Humanitario respetando, sin
alguna excepción, la vida, la integridad de la población civil;
_ De implementar cualquiera medida para poner punto final a las prácticas de ejecuciones
extrajudiciales e intensificar la colaboración con el Fiscalia general del Naciòn para
investigar, juzgar y sancionar estos crímenes y de localizar las medidas necesarias para
poner punto final a la práctica de los Falsos Positivos y actuar de manera pertinente
porque los responsables de estos crímenes sean castigados;
_ De abstenerse de señalar como partidario del terrorismo los grupos más vulnerable de la
población civil y los defensores de los derechos humanos, incluyendo las organizaciones
sindicales y dejar enseguida cualquier tipo de violencia y persecución contra ellos;
_ De adoptar medidas preventivas concretas para poner punto final al problema del
desplazamiento forzado;
_ De garantizar el derecho Constitucional a las Comunidades indígenas y afrodescendientes
a la propiedad colectiva de sus territorios y además ratificar la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
_ De impedir que los recursos naturales del País sigan siendo explotados por el solo
beneficio de las empresas multinacionales; respetar el derecho del pueblo colombiano a
determinar el propio modelo económico y el propio proceso de desarrollo;
_ De garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y combatir la
impunidad con todos los medios legales disponibles. Reconocer la reconstitución de
nuevos grupos paramilitares operantes en muchas regiones del País y asegurarlos a la
justicia;
_ De acoger con favor el trabajo desarrollado por las organizaciones sociales por los
derechos humanos con el objetivo de construir políticas de acuerdo humanitario hacia la
solución negociada al conflicto social y armado en Colombia.
Firmantes al 29 de abril de 2009
ASUD Ecologia e Cooperazione Onlus, Comitato Carlos Fonseca, Comunità Cristiana di Base di
Oregina di Genova, Associazione Narni per la Pace, Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!
Onlus, Comune di Narni, Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Ecologistas en Acción-España,
Gianni Novelli – Cipax, Associazione Culturale MOMOS, Associazione Dhuumcatu, Marcelo
Ferreira-Profesor Titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos
Aires, Annalisa Melandri, Maria Rosaria Stabili - Roma, Giorgio Saglietti-Asti, Enza D'Agosto -
Sommariva Bosco (CN), Eugenio Iona, Fran_ois Houtart Président du Centre Tricontinental, Sergio
Dalmasso-consigliere regionale PRC Piemonte, Vittorio Agnoletto Europarlamentare Gruppo
GUE/NGL, Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea, PdCI,Giovani Democratici del
Piemonte
Referencias:
reteitalianadisolidarieta@gmail.com - annalisamelandri@yahoo.it
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