

La penalización de la interrupción del embarazo no se traduce en una reducción de su incidencia, sino en un aumento de los riesgos físicos y penales para la mujer.
El aborto es un problema de salud pública y de justicia social.
El Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y maternidad mediante la promulgación de una ley federal de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Firma petición dirigida al Congreso de la Unión:
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