El gobierno de Evo Morales flexibilizó su posición en el tercer capítulo del diálogo con los prefectos de los nueve departamentos del país iniciado el 7 de enero: Reconoció que la nueva Constitución Política del Estado adolece de contradicciones que deben ser corregidas; propuso conformar una comisión legal con un representantes de cada departamento para que se encargue de ese trabajo y eventualmente aumente las competencias autonómicas departamentales, y aceptó la propuesta de ampliar nuevamente las sesiones de la Asamblea Constituyente para incluir cambios en la Carta Magna.
Pese a que el viceministro Héctor Arce y el ministro de Defensa Walker San Miguel demostraron la ilegalidad e ilegitimidad de los estatutos autonómicos, el Presidente dijo entender perfectamente que son “otra forma de aportar para el bien de Bolivia” y reiteró la necesidad de buscar un gran acuerdo político con el fin de juntar los dos instrumentos (la Constitución y los estatutos), que podrán ser ilegales, pero existen y son demandas de determinados sectores populares. www.bolpress.com
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