Guaraníes cautivos y "autonomia latifundista"

UPIC-Tierra

El miércoles 16 de abril, el Presidente Evo Morales pidió al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz que retorne a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, desde la ciudad de Camiri, donde enfrentó una violenta revuelta de terratenientes en los últimos 12 días. Se aclararon muchas incógnitas: el trasfondo del referéndum autonómico del 4 de mayo en Santa Cruz, el grado de concentración de la propiedad de la tierra en el Chaco cruceño y el respeto de los derechos humanos y laborales de trabajadores indígenas.

El levantamiento armado comenzó a fines de febrero, cuando los hacendados intervinieron una oficina del INRA en Camiri y atacaron a balazos al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otras autoridades que habían llegado a la zona para iniciar el saneamiento de tierras. Pero la opinión pública no prestó atención a estos sucesos, tal vez porque la prensa los minimizó o los presentó como hechos policiales aislados.

Los medios ya no pudieron ocultar la crisis desde el 4 de abril, luego de que un hacendado norteamericano atacara por segunda oportunidad a Almaraz y Rojas en las puertas de su estancia “Caraparicito”, cuando las autoridades y sus equipos técnicos viajaban a Alto Parapetí para iniciar el saneamiento, atendiendo una demanda de TCO presentada por comunidades guaraníes en 1996.

Desde ese día, las máximas autoridades agrarias del país fueron apedreadas, cercadas en su hotel de Camiri, insultadas, amenazadas de muerte y varias veces expulsadas de la ciudad por la patronal local y por sus representantes de la Subprefectura, Alcaldía y otras instancias públicas.

Las últimas dos semanas, los ganaderos y terratenientes bloquearon una carretera internacional exigiendo el retiro de Almaraz y de su comitiva, y trasladaron fuerzas de choque desde la ciudad de Santa Cruz para reforzar sus “comités de defensa de la tierra”, todo con el propósito de impedir a toda costa el saneamiento de sus haciendas.

¿Cuál la razón de semejante resistencia a la autoridad, nunca antes vista? ¿Por qué no permitieron al INRA realizar un trabajo legal y eminentemente técnico como es el saneamiento?, ¿Por qué no dejaron ni siquiera a los indígenas de la zona llegar hasta Alto Parapetí? ¿A qué le temen?

Las sospechas fueron creciendo con el paso de los días, hasta que la revuelta patronal se aisló en Camiri. El Comité Cívico popular, organismo que aglutina a todas las fuerzas sociales de la ciudad, ratificó su apoyo a la demanda de tierras del pueblo guaraní; desconoció a todas las autoridades “serviles” con los patrones de la región y revindicó la autonomía provincial para Cordillera frente a la autonomía “centralista” de los “logieros” de la ciudad capital.

En el resto del país, un importante sector de la población que siguió con atención el desarrollo del “levantamiento terrateniente” terminó por convencerse de que los terratenientes de Cordillera cierran las puertas de sus haciendas con candado y corretean a balazos a todo aquel que se acerque porque explotan laboralmente a indígenas guaraníes y los mantienen cautivos en una condición de servidumbre.

Con estos antecedentes, y respaldados por decenas de informes de la ONU, OEA, OIT, Defensor del Pueblo y otras que ratifican la existencia de indígenas cautivos en haciendas del chaco, instituciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales de base, representantes de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, parlamentarios, gremios periodísticos, entre otros, viajarán en comisión a Alto Parapetí para asistir a los indígenas cautivos y acompañar el proceso de saneamiento truncado temporalmente por los terratenientes.

Autonomía para los latifundistas

La revuelta en Camiri no sólo ha sensibilizado a la opinión pública en torno al problema de la servidumbre guaraní y a la concentración de tierras; también sacó a la luz las relaciones de los grandes propietarios de tierras y los autonomistas de la media luna. Si en algún momento las autoridades cívicas de Santa Cruz aspiraron al liderazgo “moral” de toda la sociedad cruceña, en marzo se confirmó que, en primer lugar, representan a los empresarios.

El grado de violencia alcanzado en la provincia Cordillera ha sensibilizado a muchas organizaciones del país y del extranjero, y ha posicionado el problema guaraní en la siempre esquiva agenda de las grandes cadenas mediáticas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó públicamente las acciones del gobierno en pos de la erradicación de la servidumbre y censuró los métodos violentos de la patronal para evitar la dotación de tierras a los guaraníes. Observadores de Naciones Unidas se han pronunciado en el mismo sentido.

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