Miguel Ángel Sandoval
La historia de la quema de la Embajada de España en Guatemala, esta de nuevo en el ambiente político guatemalteco como si hubiese sido ayer. Treinta y nueve muertos, un edificio destruido y quemado, un sobreviviente que luego es secuestrado, sacado violentamente de su cama en el hospital y su cadáver tirado de inmediato en la Universidad Nacional , relaciones diplomáticas rotas.
Todo ello en 1980 y todavía no aparecen los responsables, no aparece la justicia y la impunidad sigue presente en todos los aspectos vinculados a este horripilante hecho histórico de la vida guatemalteca y también, de España.
Hubo un libro de Máximo Cajal, en esa época embajador de España en Guatemala y de milagro, sobreviviente de este hecho. En ese texto, dijo lo que podía como embajador en servicio, pero sabemos que hay aspectos que todavía permanecen en los archivos.
De entonces a la fecha, al menos en Guatemala, hay cantidad de artículos, opiniones, algún documental, material de archivo, fotos, testimonios de gente que vio algo, pero no aparece en ninguna parte el dato que ratifique la autoría intelectual, y los propósitos de este crimen de lesa humanidad.
Ahora hay otro texto de un historiador guatemalteco, Jorge Luján, que revisita el drama de la embajada sin tomar partido, con una visión de la historia como algo aséptico, lo cual podría ser legitimo, pero cuando se trata de historia alejada de las tensiones que se documentan, lo cual es algo diferente a la historia reciente, incluso a la que forma parte de nuestra propia participación. Referirse a lo que ocurrió ayer y de lo cual se es contemporáneo, al menos como testigo de conciencia, no puede hacerse sin tomar partido.
Desde el estado guatemalteco se evita el tema, al grado que el expediente sobre la masacre de la embajada, como se le conoce, durmió más de 20 años en un archivo de la corte de justicia y todavía sigue en la total impunidad. Todo se recordó cuando Rigoberta Menchú inició un juicio ante la audiencia española y de ahí para hoy todo es parte de la historia conocida.
En Guatemala el caso duerme el sueño de la impunidad y desde España se acompaña el tema como algo que quien sabe si finalmente deja dividendos. Y aquí creo que hay responsabilidad del gobierno español, que debería tener una actitud más proactiva hacia la justicia.
Sabemos que el juez Santiago Pedráz de las cortes españolas tiene una querella en curso, pero no cuenta con la información oficial de gobierno español, que seguro lo tiene en sus archivos.
El tema no se menciona cuando se hacen acuerdos con Unión FENOSA o Iberdrola, con Telefónica o Hispanoil, o alguna otra empresa, y por ello es que existe la sospecha de que al gobierno español le importan los derechos humanos únicamente para declaraciones de ocasión, pero los negocios es lo que realmente le preocupan.
El historial de las relaciones entre los dos países de 1980 a la fecha así lo indica. Salvo un momento de ruptura de relaciones diplomáticas que fue resuelto con un texto sibilino, y yo creo, un tanto cobarde.
Ahora estamos ante una nueva ocasión de echar luz a este grave incidente. Y lo menos que se le puede solicitar al gobierno español, ahora socialista a la española, por supuesto, es que desclasifique la información que tiene sobre este caso. La justicia no puede esperar mucho tiempo más. Es la experiencia propia de España en donde se ha iniciado un proceso para desenterrar la verdad oculta desde la guerra civil.
Para el caso guatemalteco, no queda duda que haremos todo lo necesario para que la verdad aparezca. Sin embargo, creo que hace falta una parte de cooperación del gobierno español, que no debería por más tiempo ser una especie de cómplice de la impunidad en Guatemala.
Si hay en verdad un compromiso con la justicia universal, el mismo debe ser concreto. No tendría mucho sentido adoptar los principios de la justicia universal para tenerlos como un taparrabos a la impunidad.
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