Ariel Noyola Rodríguez La negativa del gobierno de Cristina Fernández a pagar 1,300 millones de dólares tal como lo dicta el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, constituye una decisión estratégica. El pequeño grupo de especuladores liderado por los fondos de inversión NML Capital y Aurelius, apenas representa 0.45% del total de los acreedores
del gobierno. No obstante, la aplicación posterior de las cláusulas “RUFO” (Right Upon Future Offer) y “Pari Passu” a favor del resto de los tenedores de bonos, podría haber colocado en un serio predicamento a la República de Argentina de haber aceptado un primer desembolso a favor de los buitres que adquirieron bonos en 2008 por un valor vil de 40 millones de dólares.
La
primera cláusula implica el trato igualitario para los tenedores de
bonos de un país determinado, es decir, ningún bonista podrá recibir un
pago sin que el resto también lo haga. La segunda estipula que si el
gobierno mejora las condiciones para algunos bonistas, también deberá
hacerlo para los que entraron en los canjes de deuda autorizados
previamente. De tal forma que el monto a pagar por parte de Argentina
podría ascender a más de 150 mil millones de dólares si las exigencias
de los buitres se hacen extensivas a 92% de los acreedores que sí llegó
un arreglo con el gobierno entre 2005 y 2010.
Entrevistado en relación al tema, Julian Assange, el fundador de Wikileaks,
considera que “Estados Unidos se ha embarcado en un programa de
extraterritorialidad. En vez de invadir países a la fuerza, ha ido
introduciendo la capacidad de cumplir funciones típicamente de Estado en
otros territorios” (página/12, 07/09/2014). Básicamente por esa
razón, Washington y sus aliados se resisten a cambiar las reglas que
rigen el sistema financiero internacional.
Con
todo, Argentina sumó un triunfo el pasado martes 9 de septiembre sobre
la hegemonía del dólar y las Cortes de Nueva York. Y marcó el inicio de
una nueva era de gobernanza en la historia de la Arquitectura Financiera
Internacional (AFI): la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) aprobó por 124 votos a favor, 11 en contra y 41
abstenciones, “un
marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de
deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia,
la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y
lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el
desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y
prioridades nacionales”.
Como
era de esperarse, Estados Unidos votó en contra la propuesta presentada
por Bolivia en representación del G-77+China (conformado por más de 130
países), y defendió su postura bajo el argumento de que la resolución
“generaría incertidumbre en el mercado”. También votaron en contra
Australia, Alemania, Canadá, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda,
Israel, Japón y la República Checa. Sin embargo, el apoyo del G-77+China
alrededor de Argentina logró derrotar de manera apabullante al
Departamento del Tesoro y los fondos buitres.
La mayoría de los países
de América Latina (a excepción de México, Perú y Colombia), así como de
Asia y África votó a favor de reducir el poderío aplastante del dólar
como instrumento de crédito y poner fin al monopolio de Nueva York como
espacio jurisdiccional privilegiado. Después de un largo camino
recorrido, ha quedado abierta la posibilidad para que un nuevo marco
jurídico entre en vigor antes de septiembre de 2015.
“Hemos
asumido el derecho del ahora. Lo que hoy decidimos democráticamente es
hacer lo que merecen nuestros pueblos: ser libres y soberanos […] Hemos
decidido cambiar el futuro”, sentenció Héctor Timerman –ministro de
Economía de Argentina– al término de la votación (Russia Today, 09/09/2014).
El
respaldo decisivo de Rusia y China en contra de los buitres desempeñó
un papel fundamental. No es un asunto menor contar con el sostén
geopolítico de dos potencias nucleares con asiento permanente en el
Consejo de Seguridad. Argentina se acercó a ambos países en momentos
clave y ahora cosecha los frutos de una política exterior a varias
bandas.
Por un lado, los acuerdos alcanzados durante la visita del
presidente chino a Buenos Aires en julio pasado: las represas
hidroeléctricas de Santa Cruz, el tren Belgrano Cargas, así como la
permuta de cobertura cambiaria bilateral (swap) por 11 mil
millones de dólares. Por otro lado, el endurecimiento de las sanciones
por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
contra de Rusia, convirtió a Argentina de facto en un socio
comercial primordial para sustituir los productos que Moscú vetó
importar desde Occidente (carne y soja principalmente).
En
suma, el peso creciente en la economía mundial de los países que
integran el G-77+China se transforma paso a paso en poder decisional, es
decir, en influencia directa en los asuntos globales.
Ariel Noyola Rodríguez
es miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Columnista de la revista Contralínea y colaborador de la Red Voltaire (Francia).
Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario