En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.
El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.
Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.
El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.
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