Los conflictos sociales son causa de esta guerra irregularFernando Dorado
1.El narcotráfico, instrumento de intervención económica, política y territorial
La economía del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia son herramientas de intervención económica y territorial del capitalismo global. Las empresas transnacionales aliadas con monopolios capitalistas “nacionales” y el Estado colombiano se valen de esos factores para impactar economías tradicionales, descomponer comunidades indígenas y negras, y apoderarse violentamente de amplias regiones de un alto valor estratégico y económico.
Todo ello al servicio de la gran minería, la agroindustria de la palma y la caña (producción de agrocombustibles: biodiesel y etanol) y la apropiación de nuestra rica biodiversidad.
La violencia que están sufriendo los pueblos nativos Awa en Nariño y los Eperara Siapidara en Cauca, no es de reciente data. La han soportado con graves consecuencias sociales las etnias Embera, Cuna, Noanamá y muchas otras en el Chocó Biogeográfico en años pasados. Las comunidades campesinas negras y mestizas de la Costa Pacífica colombiana han sido sus mayores víctimas.
Es parte de una estrategia de largo aliento y de grandes proporciones. No importa lo que pregonen públicamente los grupos armados (guerrillas, ejército oficial, paramilitares tradicionales y emergentes), la verdad es que todos ellos, sin excepción, están al servicio, consciente o no, de los planes estratégicos imperiales.
Los cultivos de coca, amapola y marihuana utilizados para la producción y el comercio de los narcóticos a nivel mundial, tanto en América como en Asia, están dentro de la lógica capitalista globalizadora y depredadora. Más del 90% de las ganancias que produce esa economía “ilegal”, que mueve 500.000 millones de dólares anuales, se va para los grandes centros financieros y paraísos fiscales de las metrópolis capitalistas.
Esa economía se maneja en forma muy similar a como se utilizaron las “economías de exportación de corto plazo” en el siglo XIX por parte del imperialismo inglés en toda Latinoamérica. Dividieron nuestro territorio y nos pusieron a producir las materias primas que ellos necesitaban: tabaco, quinina, añil, caucho, guano, oro, tabaco, algodón, ganado y otros productos.
Así surgió también la producción cafetera, que por circunstancias especiales fue apropiada por nuestros campesinos y se ha mantenido en el tiempo. La coca juega – hoy en día -un papel similar, con iguales o mayores implicaciones sociales y económicas.
Nadie puede negar que los conflictos sociales entre campesinos (indígenas, afros y mestizos) y los grandes terratenientes por la apropiación de la tierra, sean origen y causa estructural de esta guerra irregular que sufrimos desde hace cinco décadas. Sin embargo, a pesar que ese problema sigue allí (hoy la propiedad de la tierra está más concentrada en pocas manos) el conflicto se mantiene gracias a otras dinámicas tales como: la economía del narcotráfico, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la marginalidad social presente en amplias regiones de nuestro país.
El nivel de degradación que ha alcanzado el conflicto en Colombia obliga a todos los demócratas de Colombia y del mundo a actuar. Dilucidar y comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado, el interés económico-territorial que está detrás la industria de los narcóticos, y la estrategia geopolítica del imperio en la región, es fundamental para actuar en consecuencia.
Si no identificamos y profundizamos en este problema seguiremos comportándonos como “idiotas útiles” en un entramado en el cual nuestras víctimas y muertos sólo son cifras que ocultan la avaricia criminal del sistema financiero capitalista de Wall Street y City Londres.
Evo Morales hace poco fue muy preciso. El Presidente boliviano denunció con toda firmeza “que el tráfico de drogas se han convertido en una especie de instrumento político de control, de chantaje y de ‘recolonización’ en los países en vías de desarrollo.” Es absolutamente cierto.
2.La situación regional Cauca-Nariño
La situación que viven los pueblos de Nariño y Cauca es muy grave. A la crisis económica del sector agropecuario, el impacto de la política financiera que llevó al surgimiento y el derrumbe de las captadoras ilegales de dinero, la pérdida de importantes recursos públicos de la salud, educación y otros rubros de las Gobernaciones departamentales que fueron depositados en una “pirámide de cuello blanco” (Probolsa S.A.), ahora se ha sumado – con mayor fuerza – el impacto del conflicto armado.
Ésta fase de la guerra se ha venido incubando sorda y silenciosamente. El combustible de la economía del narcotráfico ha alentado el surgimiento de nuevos grupos armados, inéditas alianzas, insospechados comportamientos de los violentos, desplazamiento de la población civil, asesinatos, secuestros, extorsiones, descomposición de lazos comunitarios en núcleos de población intocados o hasta ahora muy poco impactados por la “civilización” en la costa pacífica nariñense y caucana.
La ofensiva militar contra las FARC, desarrollada desde hace 10 años en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo como parte del Plan Colombia desplazó inicialmente los cultivos de coca hacia el Meta, Guaviare, Vaupés, y otras regiones del oriente del país. El Plan Patriota acentuó el cerco obligando a los narcotraficantes a buscar nuevas alternativas territoriales.
Fue así como volvieron sobre sus pasos hacia zonas de economía campesina como el Cauca y Nariño, que ya habían vivido el auge de cultivos de marihuana (1974-78), coca (1976-84) y amapola (1992-1996), pero en zonas como el Macizo Colombiano y la vertiente oriental de la cordillera occidental.
La costa pacífica fue el escenario ideal para el nuevo auge. En el Cauca, la región cuyo centro poblacional es Huisitó, tenía cultivos de coca desde la década de los años 80 del siglo pasado, pero en forma dispersa y en áreas pequeñas. La situación geográfica cercana al mar, la gran cantidad de ríos que cruzan la región, los intereses económicos transnacionales, la marginalidad de las comunidades indígenas y negras, las nuevas realidades de los cárteles de la droga, crearon las condiciones para que desde hace más de 6 años los cultivos hayan crecido exponencialmente, atrayendo toda clase de negociantes, pequeños productores y jornaleros agrícolas (“raspachines”) de diversas regiones del suroccidente del país.
Se puede afirmar sin temor a equivocaciones que la economía del café (69.000 y 30.795 caficultores del Cauca y Nariño, respectivamente), y de otros productos de la región como la papa, caña panelera, ganado, leche y otros, son directa o indirectamente “subsidiados” por la economía del narcotráfico.
El gobierno es consciente de esa realidad, aparenta combatir el narcotráfico pero en la práctica lo estimula y alienta. Dejaron progresar las “pirámides” para después darles el golpe de gracia y canalizar dichos recursos hacia su banca oficial. Hasta el año pasado ese rubro de “recursos ilegales” hacía parte de las cuentas nacionales del Banco de la República.
Recientemente las FARC se mantenían operando en la vertiente oriental de la cordillera occidental, tanto de Nariño como del Cauca (zonas cercanas a la carretera panamericana). La ofensiva del ejército los empujó hacia la otra vertiente que es menos poblada, que va a desembocar a municipios como Argelia, Timbiquí, López de Micay y Guapi en el Cauca, y Maguí (Payán), Roberto Payán (San José), Barbacoas, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), Samaniego, Ricaurte, La Llanada, La Tola, El Charco, Santa Bárbara (Iscuandé), Francisco Pizarro (Salahonda) y Tumaco, en Nariño.
Hoy, las zonas que antes eran sitios de operación de las FARC están absolutamente dominadas por los grupos emergentes de paramilitares como los Rastrojos y Águilas Negras, en alianza con reductos de guerrillas descompuestas y con el amparo del ejército y la policía. Municipios como El Tambo, Patía, Argelia, Balboa, en el Cauca y Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Soyomayor y otros en Nariño, que eran dominio de las FARC, hoy en día están bajo la ocupación de los “nuevos” grupos.
Todos los actores armados presentes en la región (FARC, ELN, paramilitares tradicionales o emergentes como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Nueva Generación, y el Ejército Oficial), son herramientas violentas de esa intervención. La práctica de todos los grupos gira alrededor de la lucha por el territorio y el control de la economía del narcotráfico. Le preparan la pista a la ocupación territorial por parte de las empresas mineras y agro-exportadoras como ocurrió en décadas pasadas en Urabá, Chocó, Magdalena Medio, sur de Bolívar y otras regiones de Colombia.
3.Acción social y comunitaria autónoma con visión estratégica: única salida
Hoy vivimos en la región una verdadera crisis humanitaria. La situación en Cauca, Nariño y Putumayo es crítica. Existe una verdadera confluencia de problemáticas. La violación de los derechos humanos por parte de los violentos es la más visible pero no la única.
La crisis económica, principalmente del sector agropecuario, el impacto del derrumbe de las “pirámides”, los efectos del crudo invierno sobre la producción cafetera, el estado catastrófico de las vías carreteables, la crisis de la gobernabilidad en el caso del Cauca por efecto de la corrupción administrativa, y la creciente desconfianza en el gobierno de Uribe, constituyen una situación especial para propiciar la unidad de todos los sectores sociales y económicos de la región.
La Minga indígena, con toda su fuerza y lecciones extraídas, tiene las mejores condiciones para ponerse al frente de un gran movimiento social que se está gestando y que va más allá de las organizaciones sociales “tradicionales” existentes en la región (campesina, sindical, barrial). Nuevas formas de organización social están apareciendo como los “damnificados de la política financiera del Estado y del derrumbe de las captadoras ilegales de dinero”, que son- en lo fundamental - amplias masas de población campesina y urbana de gran parte del territorio nacional. Otros sectores urbanos empiezan a manifestarse y requieren del apoyo y acompañamiento de los sectores más avanzados.
La situación actual de la región nos obliga a juntarnos y desarrollar acciones de mayor espectro y con nuevas formas de acción. La dinámica de ese movimiento social debe tener – en lo fundamental – un carácter político. Debe convocarse a toda la sociedad con carácter incluyente. Todas las aspiraciones sectoriales deben ser recogidas pero sin que se conviertan en fórmulas economistas de corto vuelo. Tienen que estar al frente de ese movimiento reivindicaciones que desnuden las políticas estatales que son las responsables de lo que ocurre en la región y en el país.
Frente al conflicto armado la acción no debe enfilarse sólo contra el Estado. En ello no podemos tener ninguna vacilación. Todos los actores violentos deben estar en la mira. Nuestras propuestas y acciones no deben implicar la más mínima concesión ni a las fuerzas irregulares ni a las fuerzas del gobierno. La autonomía de nuestras organizaciones y luchas – como nos lo han enseñado las comunidades indígenas – debe ser un principio político que se traduzca en absoluta independencia frente a los actores armados.
Debemos pensar en propuestas que nazcan desde nuestra reflexión y nuestro sentir comunitario. El conflicto armado en Colombia, como se ha comprobado en anteriores circunstancias, es un problema geopolítico de la región sudamericana. Así debemos tratarlo. El Estado colombiano es parte de él y no es capaz de controlarlo.
El imperio norteamericano utiliza al gobierno colombiano como herramienta de intervención regional y lo va a seguir haciendo, como lo demuestra el informe de inteligencia presentado el día de ayer (12.02.09) en Washington. Por ello, nuestras propuestas deben salirse de lo tradicional. No podemos pedirle peras al olmo. Debemos mirar hacia la UNASUR y la ONU. Nuestras acciones deben hacer evidente la incapacidad del gobierno de Uribe y el fracaso de la mal llamada “seguridad democrática”.
En ese mismo sentido debemos abordar el problema del narcotráfico. Debe ser colocado en su justa dimensión. No es un problema de “erradicación o de sustitución de cultivos”. Es un problema de alta política y así debe ser tratado. Lo confirma la situación de violencia que hoy vive Centroamérica y México. Es la causa de una verdadera catástrofe nacional, regional e internacional.
Por ello, las propuestas no pueden quedarse en “negociaciones” con el gobierno de Uribe. Podemos y debemos darle un carácter internacional a las acciones que diseñemos, apoyándonos en los gobiernos progresistas de Sudamérica.
Tenemos todas las condiciones para enviar – desde el suroccidente colombiano - un mensaje y mandato de carácter nacional. Si nos unimos con lo más avanzado de la región, con los sectores más urgidos de soluciones, y le damos a los problemas que sufrimos, la trascendencia que efectivamente tienen, podremos desencadenar fuerzas latentes y reprimidas que están esperando que “abramos las válvulas”.
Finalmente, la acción “socio-política” debe ser eminentemente pacífica, incluyente, amplia, con nuestras propias consignas, que neutralicen a cualquier actor armado que quiera infiltrarla. Sólo así avanzaremos en construir una Minga Social y Comunitaria de carácter nacional.
Desde esta región suroccidental podemos invitar a todos los colombianos a construir un movimiento que consiga la “paz y la reconciliación sin subordinarnos a los intereses de los violentos” y logre construir un “progreso social sin hipotecar nuestras riquezas al extranjero”.
A Uribe y a todos los violentos como él, debemos cambiarles el escenario. Es una posibilidad real, no es un sueño; pero hay que soñar para construir nuevas realidades.
1.El narcotráfico, instrumento de intervención económica, política y territorial
La economía del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia son herramientas de intervención económica y territorial del capitalismo global. Las empresas transnacionales aliadas con monopolios capitalistas “nacionales” y el Estado colombiano se valen de esos factores para impactar economías tradicionales, descomponer comunidades indígenas y negras, y apoderarse violentamente de amplias regiones de un alto valor estratégico y económico.
Todo ello al servicio de la gran minería, la agroindustria de la palma y la caña (producción de agrocombustibles: biodiesel y etanol) y la apropiación de nuestra rica biodiversidad.
La violencia que están sufriendo los pueblos nativos Awa en Nariño y los Eperara Siapidara en Cauca, no es de reciente data. La han soportado con graves consecuencias sociales las etnias Embera, Cuna, Noanamá y muchas otras en el Chocó Biogeográfico en años pasados. Las comunidades campesinas negras y mestizas de la Costa Pacífica colombiana han sido sus mayores víctimas.
Es parte de una estrategia de largo aliento y de grandes proporciones. No importa lo que pregonen públicamente los grupos armados (guerrillas, ejército oficial, paramilitares tradicionales y emergentes), la verdad es que todos ellos, sin excepción, están al servicio, consciente o no, de los planes estratégicos imperiales.
Los cultivos de coca, amapola y marihuana utilizados para la producción y el comercio de los narcóticos a nivel mundial, tanto en América como en Asia, están dentro de la lógica capitalista globalizadora y depredadora. Más del 90% de las ganancias que produce esa economía “ilegal”, que mueve 500.000 millones de dólares anuales, se va para los grandes centros financieros y paraísos fiscales de las metrópolis capitalistas.
Esa economía se maneja en forma muy similar a como se utilizaron las “economías de exportación de corto plazo” en el siglo XIX por parte del imperialismo inglés en toda Latinoamérica. Dividieron nuestro territorio y nos pusieron a producir las materias primas que ellos necesitaban: tabaco, quinina, añil, caucho, guano, oro, tabaco, algodón, ganado y otros productos.
Así surgió también la producción cafetera, que por circunstancias especiales fue apropiada por nuestros campesinos y se ha mantenido en el tiempo. La coca juega – hoy en día -un papel similar, con iguales o mayores implicaciones sociales y económicas.
Nadie puede negar que los conflictos sociales entre campesinos (indígenas, afros y mestizos) y los grandes terratenientes por la apropiación de la tierra, sean origen y causa estructural de esta guerra irregular que sufrimos desde hace cinco décadas. Sin embargo, a pesar que ese problema sigue allí (hoy la propiedad de la tierra está más concentrada en pocas manos) el conflicto se mantiene gracias a otras dinámicas tales como: la economía del narcotráfico, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la marginalidad social presente en amplias regiones de nuestro país.
El nivel de degradación que ha alcanzado el conflicto en Colombia obliga a todos los demócratas de Colombia y del mundo a actuar. Dilucidar y comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado, el interés económico-territorial que está detrás la industria de los narcóticos, y la estrategia geopolítica del imperio en la región, es fundamental para actuar en consecuencia.
Si no identificamos y profundizamos en este problema seguiremos comportándonos como “idiotas útiles” en un entramado en el cual nuestras víctimas y muertos sólo son cifras que ocultan la avaricia criminal del sistema financiero capitalista de Wall Street y City Londres.
Evo Morales hace poco fue muy preciso. El Presidente boliviano denunció con toda firmeza “que el tráfico de drogas se han convertido en una especie de instrumento político de control, de chantaje y de ‘recolonización’ en los países en vías de desarrollo.” Es absolutamente cierto.
2.La situación regional Cauca-Nariño
La situación que viven los pueblos de Nariño y Cauca es muy grave. A la crisis económica del sector agropecuario, el impacto de la política financiera que llevó al surgimiento y el derrumbe de las captadoras ilegales de dinero, la pérdida de importantes recursos públicos de la salud, educación y otros rubros de las Gobernaciones departamentales que fueron depositados en una “pirámide de cuello blanco” (Probolsa S.A.), ahora se ha sumado – con mayor fuerza – el impacto del conflicto armado.
Ésta fase de la guerra se ha venido incubando sorda y silenciosamente. El combustible de la economía del narcotráfico ha alentado el surgimiento de nuevos grupos armados, inéditas alianzas, insospechados comportamientos de los violentos, desplazamiento de la población civil, asesinatos, secuestros, extorsiones, descomposición de lazos comunitarios en núcleos de población intocados o hasta ahora muy poco impactados por la “civilización” en la costa pacífica nariñense y caucana.
La ofensiva militar contra las FARC, desarrollada desde hace 10 años en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo como parte del Plan Colombia desplazó inicialmente los cultivos de coca hacia el Meta, Guaviare, Vaupés, y otras regiones del oriente del país. El Plan Patriota acentuó el cerco obligando a los narcotraficantes a buscar nuevas alternativas territoriales.
Fue así como volvieron sobre sus pasos hacia zonas de economía campesina como el Cauca y Nariño, que ya habían vivido el auge de cultivos de marihuana (1974-78), coca (1976-84) y amapola (1992-1996), pero en zonas como el Macizo Colombiano y la vertiente oriental de la cordillera occidental.
La costa pacífica fue el escenario ideal para el nuevo auge. En el Cauca, la región cuyo centro poblacional es Huisitó, tenía cultivos de coca desde la década de los años 80 del siglo pasado, pero en forma dispersa y en áreas pequeñas. La situación geográfica cercana al mar, la gran cantidad de ríos que cruzan la región, los intereses económicos transnacionales, la marginalidad de las comunidades indígenas y negras, las nuevas realidades de los cárteles de la droga, crearon las condiciones para que desde hace más de 6 años los cultivos hayan crecido exponencialmente, atrayendo toda clase de negociantes, pequeños productores y jornaleros agrícolas (“raspachines”) de diversas regiones del suroccidente del país.
Se puede afirmar sin temor a equivocaciones que la economía del café (69.000 y 30.795 caficultores del Cauca y Nariño, respectivamente), y de otros productos de la región como la papa, caña panelera, ganado, leche y otros, son directa o indirectamente “subsidiados” por la economía del narcotráfico.
El gobierno es consciente de esa realidad, aparenta combatir el narcotráfico pero en la práctica lo estimula y alienta. Dejaron progresar las “pirámides” para después darles el golpe de gracia y canalizar dichos recursos hacia su banca oficial. Hasta el año pasado ese rubro de “recursos ilegales” hacía parte de las cuentas nacionales del Banco de la República.
Recientemente las FARC se mantenían operando en la vertiente oriental de la cordillera occidental, tanto de Nariño como del Cauca (zonas cercanas a la carretera panamericana). La ofensiva del ejército los empujó hacia la otra vertiente que es menos poblada, que va a desembocar a municipios como Argelia, Timbiquí, López de Micay y Guapi en el Cauca, y Maguí (Payán), Roberto Payán (San José), Barbacoas, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), Samaniego, Ricaurte, La Llanada, La Tola, El Charco, Santa Bárbara (Iscuandé), Francisco Pizarro (Salahonda) y Tumaco, en Nariño.
Hoy, las zonas que antes eran sitios de operación de las FARC están absolutamente dominadas por los grupos emergentes de paramilitares como los Rastrojos y Águilas Negras, en alianza con reductos de guerrillas descompuestas y con el amparo del ejército y la policía. Municipios como El Tambo, Patía, Argelia, Balboa, en el Cauca y Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Soyomayor y otros en Nariño, que eran dominio de las FARC, hoy en día están bajo la ocupación de los “nuevos” grupos.
Todos los actores armados presentes en la región (FARC, ELN, paramilitares tradicionales o emergentes como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Nueva Generación, y el Ejército Oficial), son herramientas violentas de esa intervención. La práctica de todos los grupos gira alrededor de la lucha por el territorio y el control de la economía del narcotráfico. Le preparan la pista a la ocupación territorial por parte de las empresas mineras y agro-exportadoras como ocurrió en décadas pasadas en Urabá, Chocó, Magdalena Medio, sur de Bolívar y otras regiones de Colombia.
3.Acción social y comunitaria autónoma con visión estratégica: única salida
Hoy vivimos en la región una verdadera crisis humanitaria. La situación en Cauca, Nariño y Putumayo es crítica. Existe una verdadera confluencia de problemáticas. La violación de los derechos humanos por parte de los violentos es la más visible pero no la única.
La crisis económica, principalmente del sector agropecuario, el impacto del derrumbe de las “pirámides”, los efectos del crudo invierno sobre la producción cafetera, el estado catastrófico de las vías carreteables, la crisis de la gobernabilidad en el caso del Cauca por efecto de la corrupción administrativa, y la creciente desconfianza en el gobierno de Uribe, constituyen una situación especial para propiciar la unidad de todos los sectores sociales y económicos de la región.
La Minga indígena, con toda su fuerza y lecciones extraídas, tiene las mejores condiciones para ponerse al frente de un gran movimiento social que se está gestando y que va más allá de las organizaciones sociales “tradicionales” existentes en la región (campesina, sindical, barrial). Nuevas formas de organización social están apareciendo como los “damnificados de la política financiera del Estado y del derrumbe de las captadoras ilegales de dinero”, que son- en lo fundamental - amplias masas de población campesina y urbana de gran parte del territorio nacional. Otros sectores urbanos empiezan a manifestarse y requieren del apoyo y acompañamiento de los sectores más avanzados.
La situación actual de la región nos obliga a juntarnos y desarrollar acciones de mayor espectro y con nuevas formas de acción. La dinámica de ese movimiento social debe tener – en lo fundamental – un carácter político. Debe convocarse a toda la sociedad con carácter incluyente. Todas las aspiraciones sectoriales deben ser recogidas pero sin que se conviertan en fórmulas economistas de corto vuelo. Tienen que estar al frente de ese movimiento reivindicaciones que desnuden las políticas estatales que son las responsables de lo que ocurre en la región y en el país.
Frente al conflicto armado la acción no debe enfilarse sólo contra el Estado. En ello no podemos tener ninguna vacilación. Todos los actores violentos deben estar en la mira. Nuestras propuestas y acciones no deben implicar la más mínima concesión ni a las fuerzas irregulares ni a las fuerzas del gobierno. La autonomía de nuestras organizaciones y luchas – como nos lo han enseñado las comunidades indígenas – debe ser un principio político que se traduzca en absoluta independencia frente a los actores armados.
Debemos pensar en propuestas que nazcan desde nuestra reflexión y nuestro sentir comunitario. El conflicto armado en Colombia, como se ha comprobado en anteriores circunstancias, es un problema geopolítico de la región sudamericana. Así debemos tratarlo. El Estado colombiano es parte de él y no es capaz de controlarlo.
El imperio norteamericano utiliza al gobierno colombiano como herramienta de intervención regional y lo va a seguir haciendo, como lo demuestra el informe de inteligencia presentado el día de ayer (12.02.09) en Washington. Por ello, nuestras propuestas deben salirse de lo tradicional. No podemos pedirle peras al olmo. Debemos mirar hacia la UNASUR y la ONU. Nuestras acciones deben hacer evidente la incapacidad del gobierno de Uribe y el fracaso de la mal llamada “seguridad democrática”.
En ese mismo sentido debemos abordar el problema del narcotráfico. Debe ser colocado en su justa dimensión. No es un problema de “erradicación o de sustitución de cultivos”. Es un problema de alta política y así debe ser tratado. Lo confirma la situación de violencia que hoy vive Centroamérica y México. Es la causa de una verdadera catástrofe nacional, regional e internacional.
Por ello, las propuestas no pueden quedarse en “negociaciones” con el gobierno de Uribe. Podemos y debemos darle un carácter internacional a las acciones que diseñemos, apoyándonos en los gobiernos progresistas de Sudamérica.
Tenemos todas las condiciones para enviar – desde el suroccidente colombiano - un mensaje y mandato de carácter nacional. Si nos unimos con lo más avanzado de la región, con los sectores más urgidos de soluciones, y le damos a los problemas que sufrimos, la trascendencia que efectivamente tienen, podremos desencadenar fuerzas latentes y reprimidas que están esperando que “abramos las válvulas”.
Finalmente, la acción “socio-política” debe ser eminentemente pacífica, incluyente, amplia, con nuestras propias consignas, que neutralicen a cualquier actor armado que quiera infiltrarla. Sólo así avanzaremos en construir una Minga Social y Comunitaria de carácter nacional.
Desde esta región suroccidental podemos invitar a todos los colombianos a construir un movimiento que consiga la “paz y la reconciliación sin subordinarnos a los intereses de los violentos” y logre construir un “progreso social sin hipotecar nuestras riquezas al extranjero”.
A Uribe y a todos los violentos como él, debemos cambiarles el escenario. Es una posibilidad real, no es un sueño; pero hay que soñar para construir nuevas realidades.
1 comentario:
Esperamos que se erradiquen todos estos laboratorios clandestinos que producen drogas sinteticas, estas medicinas son usadas muy usualmente como oxycontin, flunitrazepam, y la gente no entiende el gran poder peligroso que ellas pueden producir.
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