Autodefensas Unidas de Colombia y esta les hizo el trabajo de asesinar a los sindicalistas de la empresa así como desplazar centenares de familias que vivían a lo largo de la ruta de su línea férrea. Estos acontecimientos lograron que la empresa sea investigada en tribunales colombianos así como en Alabama. Mancuso, Jorge 40 y otros criminales han señalado más de una vez las coordinaciones que se trabajaron con directivos de la transnacional.
En noviembre del 2001 la Chiquita Brands, triste heredera del accionar de su matriz la United Fruit introdujo por su puerto en el Urabá antioqueño tres mil fusiles para las AUC con quienes contribuyó con millones de dólares como reconocieron en tribunales norteamericanos. No era un subordinado, un jefe local no, los aportes se aprobaban desde Cincinnati.
El año 2000 empiezan a llegar a la región del Chocó los pujantes empresarios palmeros, Urapalma S.A. Palmura S.A. Palmas de Curvaradò entre muchas otras adquiriendo extensos territorios a precios miserables para la agroindustria del aceite de palma, esos títulos les servirían luego para gestionar beneficios ante el gobierno. La fiscalía colombiana procesa hoy decenas de empresas palmeras que se hicieron de territorios en complicidad con los paramilitares que despojaron con sangre y horror comunidades enteras.
El conflicto colombiano no ha sido obra, solo de actores de las fuerzas armadas y la insurgencia, a lo largo de décadas más bien las FFAA han sido un actor mercerizado por los intereses de privados, empresarios locales, gremios ganaderos, políticos asociados al paramilitarismo, de ahí que uno de los logros más importante del proceso de paz pactado en La Habana entre la insurgencia de las FARC EP y el estado giraba en torno a la Justicia Especial para la Paz, la JEP, una instancia que surge poniendo a las víctimas como centro de su quehacer por justicia y reparación. La JEP pactada en La Habana antes que carcelería buscaba la exposición de la verdad en torno a los 53 años de guerra interna en Colombia y traía como elemento cualitativo medular la posibilidad que a esta instancia de justicia comparezcan también actores civiles, políticos, empresarios, multinacionales y diversos intereses que jugaron un rol directo durante la guerra.
Hoy el establishment colombiano burla el derecho de las víctimas y mediante su Corte Constitucional y grupetes en el senado han quebrado el acuerdo de paz en este aspecto fundamental, hace que los actores civiles, los que financiaban, los que proveían, los gobernadores que arrendaban masacres y horrores accedan voluntariamente a la instancia de justicia, la obligatoriedad de rendir cuentas, de reparar víctimas, de dar razón de miles de desaparecidos ha desaparecido, en otras palabras se ha establecido un régimen de impunidad que ha liberado a todos los funcionarios del crimen, a los financistas; la oligarquía colombiana no tiene reparo en lanzar a la justicia a las FFAA para salvar los cuellos y corbatas que ensangrentaron Colombia desde despachos y directorios.
Los acuerdos de La Habana representan no solo la correlación alcanzada por la insurgencia y el estado tras más de medio siglo de guerra, la guerrilla alcanza legítima participación política con representación parlamentaria, proyectos de inserción económica para ex combatientes, pero lo fundamental de las páginas del acuerdo es lo vinculado al país y su modelo, de ahí que la Reforma Rural Integral, la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Sistema Integral de Reparación y Justicia, donde está la JEP, las Circunscripciones Especiales de Paz que crearían nuevas representaciones congresales para territorios postergados, es decir, los Acuerdos de La Habana abordan aspectos estructurales del poder en Colombia, se enfocan en urgentes reformas para modernizar la sociedad y el estado que más debieron corresponder a las castas de la política tradicional colombiana que hoy desde el parlamento sabotean aquello que vaticinan terminará poniéndolos frente a la justicia. No en vano en las recientes deliberaciones en la cámara más de 40 congresistas se declararon en conflicto de intereses con la temática, la huella fresca de la parapolítica.
Lo conseguido en años de negociación hoy el poder colombiano pretende desmontarlo en mesa y hace parte de esto también de la reciente insólita disposición respecto a los integrantes de la JEP que ahora no podrán ser ex defensores de DDHH, la oligarquía colombiana con rabo de paja veta aquellos magistrados de paz recientemente elegidos porque desconfía precisamente de sus compromisos con los derechos humanos. De un portazo magistrados elegidos en rigurosos procesos públicos han sido excluidos no obstante que el comité responsable de su selección trabajaba nada menos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ONU.
Lo que viene sucediendo en Colombia esta semana es la coronación de incumplimientos que ya han alertado más de una vez a Naciones Unidas, ya no se hace referencia las zonas veredales donde se concentró la guerrilla y que en muchos casos aun no alcanzan ni el 30% de su construcción, no se trata sólo de las detenciones de guerrilleros por requisitorias que ya deberían estar anuladas, en este caso la derecha colombiana ha llevado su voluntad de traicionar sus compromisos a pretender renegociar la paz alcanzada. La oligarquía colombiana impide el cierre de un ciclo de violencia en el país. Parece tener nostalgia de la guerra.
*periodista peruano
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