Dictadura argentina : El enésimo intento de blanqueo de la Iglesia Católica.

Encomios eclesiásticos a la Junta Militar, censurados por Bergoglio
en la recopilación de documentos.
La apertura de algunos archivos de la Iglesia Católica sobre el período 1976/83 es un nuevo intento por exhibir bajo mejor luz su conducta durante la dictadura. La omisión y mutilación de textos es la técnica que Raúl Francisco Primatesta y Juan Carlos Aramburu usaron en 1982 y Bergoglio en 2006 y que se repite ahora. Ni las gestiones privadas por algunas víctimas ni las partidas de bautismo entregadas equilibran el apoyo público a la masacre. De nuevo, los demonios de la reconciliación, sin reconocer ni detestar nada.

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Horacio Verbitsky El presidente de la Iglesia Católica argentina, José María Arancedo [primo hermano de Raúl Alfonsin], vaticinó que con la apertura parcial de archivos aparecerán más luces que sombras en la conducta episcopal durante la última dictadura, y el vicepresidente Mario Poli reveló que el objetivo es « la reconciliación ». Arancedo agregó que la apertura fue iniciada por el propio Jorge Bergoglio como presidente de la Conferencia episcopal cuando decidió publicar el libro Iglesia y Democracia.

En esa obra, de 2006, se afirma : « No debemos tener miedo a la verdad de los documentos », una expresión gemela a la que empleó Poli ahora : « No le tenemos miedo a los archivos, que contienen la verdad de la historia ». El antecedente no es alentador, porque aquel libro, que según Bergoglio se proponía « primerear » a los organismos defensores de los Derechos Humanos al cumplirse tres décadas del golpe de 1976, ignoró textos fundamentales, mutiló otros en los que los obispos comunicaban su adhesión a la dictadura y encomiaban la « imagen buena de las supremas autoridades » ; organizó todo el material en orden cronológico sin indicar qué piezas fueron públicas y cuáles secretas y sólo resumió en pocas líneas los encuentros de camaradería entre eclesiásticos y militares. Poli agregó que « no está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo », lo cual reitera que los prelados mantienen una extraordinaria autoindulgencia.

En 2014 Arancedo grabó el spot « La fe mueve hacia la verdad », en el que se limitó a pedir que informen lo que sepan quienes tienen datos sobre entierros clandestinos o robo de bebés, como si la Iglesia Católica fuera un tercero neutral que observa los hechos y exhorta a los responsables. Ya hace cinco siglos, en el Concilio de Trento, fijó las condiciones de la reconciliación la penitencia o el perdón, que es uno de sus sacramentos : el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación.

 Lo que le sigue costando es llevarlas a la práctica cuando se trata de yerros, o crímenes, de alguno de sus jerarcas, porque no parecen arrepentidos. Eso es muy humano. En los hechos, a nada le temen más que a la verdad. De ahí la constante hipocresía de sus manifestaciones, un tributo que el vicio rinde a la virtud, según la definición del Marqués de Sade.

Demonios

El año pasado, cuando las dirigentes de Familiares de Detenidos Desaparecidos Angela Boitano y Dora Salas insistieron con la apertura de archivos vaticanos, el Papa las remitió al monseñor de la Secretaría de Estado Giuseppe Laterza. El encuentro comenzó muy mal, cuando Laterza dijo que era hora de dar vuelta la página y reconciliarse. Primero adujo que el Vaticano no tenía mucha información, sólo las denuncias de los propios familiares. Boitano le explicó la utilidad de esos documentos para armar un rompecabezas, y Laterza pasó al otro extremo : tenían demasiada información y escaso personal para ordenarlo y digitalizarlo.

 Cuando de los archivos pasaron al pedido de autocrítica, Laterza mencionó al ex nuncio Pio Laghi, de quien algunos hablan mal y « otros hablan bien ». Expuso el concepto de la memoria completa, que Bergoglio le transmitió a fin de siglo al ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, complementario de la doctrina de los dos demonios. Contra lo que se supone, esa doctrina recién fue acuñada por el episcopado en el documento « Dios, el Hombre y la Conciencia », en abril de 1983, cuando el Estado Terrorista se desintegraba. Hasta entonces sólo veía de un lado a los Soldados del Evangelio, cuyas armas bendecía y a quienes se permitía señalar en forma reservada algunos « errores y excesos », y del otro al Enemigo Absoluto del que abominaba.

Las confesiones del ex capitán de la Armada Adolfo Scilingo en 1995 desquiciaron a los obispos. El marino de la ESMA dijo que el vuelo para arrojar prisioneros aún con vida al mar fue aprobado por la jerarquía, porque lo consideraban « un modo cristiano de muerte », sin sufrimiento, y que cuando volvió consternado de asesinar así a 30 personas, el capellán naval lo confortó con parábolas bíblicas. La Comisión Permanente dijo que si algún miembro de la Iglesia « hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal ».

Ese mismo año, en respuesta a una nota sobre el rol de Laghi, a quien el jefe de la Armada Armando Lambruschini le consultó si dejar en libertad o matar a los detenidos desaparecidos que sobrevivían en la ESMA, cinco obispos amigos del diplomático (entre ellos Oscar Laguna, Alcides Jorge Pedro Casaretto y Carlos Walter Galán Barry, quien era Secretario de la CEA y vivía con Laghi en la Nunciatura) preguntaron : « ¿Para qué debemos conocer toda la verdad ? ¿Para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos ? ».

En 1996 la asamblea plenaria del episcopado defraudó las expectativas, en una Carta Pastoral sobre « el terrorismo de la guerrilla » y « el terror represivo del Estado ». Rechazó « responsabilidades que la Iglesia no tuvo en esos hechos » y sólo admitió que unos católicos intentaron tomar el poder político en forma violenta y establecer una nueva sociedad marxista y otros les respondieron ilegalmente. En conclusión imploró perdón a Dios por los crímenes cometidos por « hijos de la Iglesia », ya fueran « guerrilleros, militares o policías ».

¿Yo, Señor ?

En setiembre de 2000, en respuesta a la orden del Vaticano de que cada episcopado hiciera un mea culpa al iniciarse el tercer milenio, el argentino organizó una liturgia nocturna que se denominó « la reconciliación de los bautizados ». El presidente de aquel episcopado, Estanislao Karlic, dijo que la violencia guerrillera y la represión ilegítima enlutaron la Patria. Luego siguió una oración a Dios : « Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las libertades, en la tortura y la delación, en la persecución política y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país ».

Una vez más, colocaba en un mismo plano a la guerrilla y al terrorismo de Estado. Los obispos pidieron perdón a Dios y no a las víctimas, por los actos ajenos y no por los propios. Entre los invitados estaba Brinzoni pero ningún representante de las víctimas. Como esa liturgia sugería una cierta voluntad de enmienda por parte de una nueva conducción episcopal, el CELS solicitó a su presidente Estanislao Karlic la apertura de los archivos eclesiásticos. Respondió que la Conferencia sólo tenía el folleto de 1982 Iglesia y derechos humanos, con « extractos de algunos documentos ».

Todos los párrafos lisonjeros para la dictadura, aquellos que encabezaban los documentos y que dieron título a los diarios de la época, fueron censurados en esa edición, mientras se incluían aquellos del tramo final, encabezados por algún « sin embargo » o « tampoco puede omitirse que… ». En cambio se editaron como si hubieran sido documentos públicos las cartas con críticas y reclamos que la Iglesia entregaba a la Junta Militar en el mayor secreto. Con esa técnica la carta pastoral colectiva « País y bien común », firmada menos de dos meses después del golpe, quedó reducida a cuatro breves párrafos, separados por líneas de puntos suspensivos.

 El episcopado suprime la justificación de los procedimientos ilegales que sí se difundió el 15 de mayo de 1976, cuando afirma que no es razonable « pretender un goce del bien común y un ejercicio pleno de los derechos ». Otro pedido de comprensión hacia el gobierno militar que se esfumó en la edición de 1982 decía que los organismos de seguridad no podían actuar « con pureza química de tiempo de paz, mientras corre sangre cada día ».

Esa pastoral de guerra sostuvo que « el bien de los individuos » debe « estar supeditado » a un abstracto bien común, que « exige la existencia del Estado con la autoridad necesaria aun en el plano coercitivo ». Ese documento fue elaborado durante la Asamblea Plenaria del episcopado, entre el 10 y el 15 de mayo de 1976, en la que cada obispo informó sobre los secuestros, torturas y desapariciones en su diócesis. Como no hubo acuerdo fue sometido a votación si denunciar o no esos gravísimos acontecimientos : 19 obispos se pronunciaron por difundirlos, pero el doble, 38, se opuso. Los obispos corrigieron tres sucesivas versiones del borrador preparado, cada una más complaciente que la anterior. Por eso. En 1982 sólo encontraron unos pocos párrafos que no fueran vergonzosos.

El pedido de amnistía

En ocasión del Tedeum del Bicentenario, el 25 de mayo de 2010, cuando Bergoglio comandaba el episcopado, uno de sus miembros, el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, entregó al Poder Ejecutivo una solicitud de amnistía firmada por Jorge Videla y otro centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad. La entonces presidente CFK ordenó devolverla sin respuesta. En 2012, perdidas todas las esperanzas por la reelección, Videla reconoció los crímenes en varias entrevistas, se vanaglorió del apoyo y la cooperación de la Nunciatura Apostólica y del episcopado argentino y dijo que había llegado a ser amigo de Primatesta. Uno de los periodistas, Adolfo Ruiz, vio llegar a « un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano ».

A raíz de ello un grupo de laicos que se denominaron Cristianos para el Tercer Milenio, solicitaron que la conferencia episcopal hiciera « cesar el escándalo » que implica el « libre y periódico acceso a la eucaristía » del ex dictador, a pesar de haber reconocido « sus acciones criminales, el no arrepentimiento de las mismas, sus manifestaciones relacionadas con que el ‘sinuoso camino que le tocó recorrer’ era parte del plan de Dios para la salvación de su alma y la inexistencia de voluntad reparadora alguna ».

El episcopado les respondió sin nombrarlos en una « Carta al Pueblo de Dios », en la que negó que « nuestros hermanos mayores que nos precedieron » hayan tenido « alguna complicidad con hechos delictivos ». En una nueva configuración de la doctrina de los dos demonios repudió « el terrorismo de Estado » y « la violencia guerrillera ». Los Cristianos para el Tercer Milenio se reunieron luego con Radrizzani, porque había gestionado la amnistía y porque Videla asistía a misa en el penal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción.

• Yo sé que ellos están arrepentidos, pero no quieren decirlo para no darle la razón al gobierno– los sorprendió Radrizzani.
• Monseñor, son pecadores públicos responsables de crímenes gravísimos, si se arrepienten deben decirlo en lugar de reivindicar sus crímenes públicamente.

Sus interlocutores argumentaron que « a consecuencia de estas posiciones ambiguas de la jerarquía, comienza a hablarse del golpe cívico, militar y eclesiástico ». Los Cristianos para el Tercer Milenio tenían planeado viajar para insistir ante la Santa Sede, propósito que quedó pendiente cuando Benedicto XVI renunció al cargo y en su reemplazo la burocracia vaticana designó a Bergoglio. Hoy varios de los Cristianos para el Tercer Milenio forman parte del grupo denominado Laudatianos, que celebra cada palabra del papa Francisco. Con Bergoglio en Roma, la Iglesia Católica va por más. Con la anunciada apertura de archivos, que es el enésimo intento de blanqueo de una historia sórdida, ahora pide aplausos.

La tijera de Bergoglio

En noviembre de 2005 el episcopado produjo el documento « Una luz para reconstruir la Nación », título revelador del rol que la Iglesia no ha dejado de atribuirse. A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que meses antes había confirmado que las leyes de impunidad eran nulas, admitía que la conciencia nacional había situado a la justicia « en el centro de sus anhelos ». Sin embargo, advertía que era preciso « establecer la igualdad y la equiparación entre las partes en conflicto » y « alcanzar esa forma superior del amor que es el perdón ». Por primera vez el episcopado dijo allí que la dictadura cometió « crímenes de lesa humanidad », pero también exhortó a juzgar los « crímenes de la guerrilla », en un nuevo intento de equiparación.

En marzo de 2006, al cumplirse treinta años del golpe, la Comisión Permanente que presidía Bergoglio emitió el documento « Recordar el pasado para construir sabiamente el presente ». Sostiene que la memoria sólo tiene sentido como instrumento de reconciliación, rechaza tanto la impunidad (por la que ya no puede abogar) cuanto los « rencores y resentimientos que pueden dividirnos y enfrentarnos », como siempre le han llamado al reclamo de justicia.
Menos sutil fue la recopilación documental difundida al mismo tiempo como Iglesia y democracia.

El capítulo sobre la defensa de los derechos humanos, dirigido a probar que la Iglesia siempre condenó todo tipo de violencia, se abre con el Documento de San Miguel, de abril de 1969. Pero su punto 2 se interrumpe en forma abrupta y, sin explicaciones, se pasa al 4. La tijera de Bergoglio cortó allí donde decía que el deber evangelizador de los obispos es « trabajar por la liberación total del hombre e iluminar el proceso de cambio de las estructuras injustas y opresoras » y que « la liberación deberá realizarse en todos los sectores en que hay opresión : el jurídico, el político, el cultural, el económico y el social ».

La introducción del mismo documento, también suprimida, decía que los obispos proclamarían su compromiso en todas esas dimensiones con « la violencia evangélica del amor », cuyo sentido en aquel contexto era inequívoco. Es notorio qué hicieron con ese compromiso cuando los opresores masacraron a los jóvenes que siguieron su magisterio. Tampoco figura en esta recopilación interesada el memo reservado « Puntos conflictivos en la Iglesia argentina », de octubre de 1972, en el que varios obispos exponen su alarma por el « magisterio paralelo » del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que condicionaba a aquél episcopado.

La minuta sobre la reunión de los obispos Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Vicente Zazpe con la Junta Militar del 15 de noviembre de 1976 suprime el tramo en que la Comisión Ejecutiva del episcopado les comunicó su adhesión a la dictadura, porque « un fracaso llevaría, con mucha probabilidad, al marxismo ». Publica la crítica por la represión sin ley, pero oculta que incluso a solas la atribuyeron a niveles intermedios, mientras destacaban « los notables esfuerzos del gobierno en pro del país ». Como contribución propusieron « abrir un canal de comunicación », que integraron los obispos Laguna, Galán Barry y Mario Espósito.

Al año siguiente, Laguna reconoció la total ineficacia de esa Comisión de Enlace. El subrayado en total es suyo, en una nota manuscrita a Zazpe. Sin embargo, las amables reuniones mensuales continuaron durante todo el régimen militar. Bergoglio tampoco incluyó el documento que la conducción episcopal envió al Vaticano sobre el diálogo secreto con Videla del 10 de abril de 1978, luego de un almuerzo.

En un clima que Aramburu describió como cordial, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a « una serie de preguntas sobre dónde están sepultados : ¿en una fosa común ? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa ? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas », es decir los secuestradores y asesinos. Cuando Primatesta advirtió sobre las amargas consecuencias del método de la desaparición forzada, Videla asintió.

También él lo advertía, pero no encontraba la solución, dijo. Zazpe preguntó : « ¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad ? ». Aramburu explicó que « el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo » y sugirió que « por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos ». Primatesta explicó que « la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país » y que mide cada palabra porque conoce muy bien « el daño que se le puede hacer al gobierno ».

Publiqué ese documento en mis libros y su facsímil en este diario. A raíz de eso, la jueza Martina Forns solicitó su entrega a la conferencia episcopal, que recién entonces, en 2012, reconoció su existencia y le envió una copia tomada del archivo cuya existencia había negado. De este modo, la máxima conducción corroboró en forma oficial que tanto la Iglesia argentina como la Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, ayudaron a la Junta a acallar los reclamos por el asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y por los organismos defensores de los derechos humanos.

Las listas

Primatesta era un hombre de extraordinaria comprensión a los planteos militares. Personal del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa solicitó a los colegios católicos listas con los nombres y domicilios de profesores y alumnos. Ante una consulta del arzobispo, el director general de Enseñanza Privada, el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Eduardo Baravalle, respondió que era preciso « asegurar un control efectivo del alumnado a fin de adoptar medidas de seguridad ».

Primatesta ordenó ese mismo día a los colegios parroquiales y religiosos que entregaran toda la información. Además le escribió una cordial carta a Baravalle : « Como lo hiciera en la entrevista personal que tuvimos en el Arzobispado, quiero reiterarle que en un primer momento la medida provocó inquietud en los responsables de los colegios, sea porque provenía de un Departamento que no suele tener competencia educacional y con prescindencia de una comunicación a la autoridad responsable, que es el Arzobispado o exactamente el propio arzobispo ; sea porque situaciones similares en otras ocasiones provocaron molestias y alerta en los padres de los alumnos ».

Pero las garantías de Baravalle acerca de « la seguridad de los alumnos » (no era eso lo dicho por el aeronauta), lo tranquilizaron. Varios de esos alumnos fueron secuestrados y desaparecieron. Ni siquiera hace falta desclasificar archivos para saberlo : todo el episodio consta en la edición de marzo-abril de 1976 del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Córdoba.


Horacio Verbisky* para Página 12