Inercia del gobierno: ¡cambiar algo para que todo siga igual?
El 27 y 28 de enero pasados, se realizó en Popayán la asamblea donde debuto la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, movimiento cuya meta es ayudar la implementación del sub-punto “4.1 Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”, del Acuerdo Final de Paz.
Escoger la capital del Cauca para este lanzamiento fue acertado. Los profesores Daza y Velázquez de la Universidad departamental, expusieron su recién publicada investigación donde calculan que la hoja de coca es -por encima del café- su principal producto, ocupando el 7,2% del PIB caucano.
En la entidad hay coca para uso ancestral en los resguardos indígenas del nororiente; mientras para la fabricación de pasta básica y cocaína los cultivos se ubican en la cordillera occidental, la costa pacífica y la vertiente amazónica de la bota caucana. Además el Cauca es el mayor productor nacional de marihuana, siembra que se concentra en la cordillera central, donde también se cultiva amapola.
COCCAM está llamada a ser la aliada que necesita el Estado colombiano, para que su pedaleo en drogas avance, pero para esto Bogotá tiene que reconocer a los productores de cultivos declarados ilícitos como emprendedores eficientes y sujetos de derecho, como quienes mejor conocen el llamado problema drogas y por ende los que mejor pueden ayudar a solucionarlo. Sin embargo en la línea de partida de la implementación del sub-punto de sustitución, no hay evidencia que indique que el gobierno entiende tales posibilidades y ventajas, al contrario pareciera que la política de la “bicicleta estática” continúa bien atornillada en el palacio de Nariño.
Entre fortalezas y dudas
Gracias a los cultivadores de coca del alto Naya en el pacifico vallecaucano, quienes me integraron a su delegación, pude participar tanto de los dos días del evento como de la semana previa de reuniones preparatorias. La labor siempre estuvo dirigida a construir la estructura organizativa local, departamental y nacional, y a definir la línea política de actuación, que unificara los criterios de todas las familias de pequeños cultivadores del país a la hora de emprender el reto de la sustitución concertada con el gobierno. En paralelo un equipo técnico sistematizaba el censo de hectáreas sembradas, levantado por los propios comités de cultivadores.
En el evento fueron recurrentes las noticias de entrada de paramilitares, y algo 100% nuevo: bandas de micro tráfico, a las zonas de las que se repliega las FARC, sin que el gobierno haya hecho nada para impedirlo. En consecuencia a los campesinos además de la complicada implementación de la sustitución, les surge la necesidad de un nuevo tipo de resistencia, para enfrentar a los que intentan posesionarse y controlar las fuentes productivas, impidiendo cualquier sustitución.
Enturbió también el escenario, la resolución 3080 del Ministerio de Defensa donde los militares trazan su objetivo de erradicación “Bajo el entendido de que los programas de desarrollo alternativo, dados sus costos y período de maduración, no son en sí mismos una solución definitiva al problema de las drogas en los territorios, es indispensable el diseño y aplicación de una política integral de presencia estatal”, de esto resulta la esquizofrenia de 100,000 ha como meta de erradicación forzada, frente a sólo la mitad para los programas de sustitución. Es decir más de la guerra fallida, de la que el presidente afirma pretende salir.
La inercia de la “bicicleta estática”, se atravesó tanto en la etapa preparatoria, como en la propia realización del encuentro. Las desubicadas y agresivas declaraciones del funcionario a cargo del programa de sustitución gubernamental -el día 20 de enero- no solo lograron aumentar su mala imagen entre los cultivadores, sino que le definieron un sinsabor al evento, porque Díaz –en el imaginario campesino- personifica la intención estatal de birlar lo acordado. La víspera del inicio de la asamblea, y en lo que desde Popayán se vio como un intento de desviar la atención ante el éxito de la COCCAM, se anunciaba con bombos y platillos –por medio de comunicado conjunto del gobierno y las FARC EP- el inicio de la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz.
La recepción de esta información en el evento fue ambivalente, por un lado la inclusión de cinco voceros de los cultivadores en el Consejo Permanente de Dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución PNIS, generó satisfacción aún con las dudas de si tendrían capacidad decisoria, y de un eventual desconocimiento del gobierno a la COCCAM. Por otro lado, fue vista como muestra de un gobierno arrinconado en su terquedad y desconfianza. Ejemplo de ello sería la imposición cual espada de Damocles, del inicio del programa piloto de sustitución en Briceño Antioquía (10/jul/2016), como fecha límite de última siembra para entrar al programa.
Pero lo más desconcertante, fueron los montos propuestos por el gobierno para financiar el Plan de Atención Inmediata: un millón de pesos (340 USD) mensual por familia el año siguiente a la erradicación voluntaria, y la mitad durante el 2° año. Esto parece un mal chiste, en la medida que el más improductivo de los predios al mes produce 2,5 millones por ha. El gobierno -amparado en la ilegalidad de los cultivos- se niega a reconocer su eficiencia: alta rotación, alto rendimiento por hectárea y transformación rural con muy alta merma en volumen y peso. Mientras no reconozca estas características, seguirá proponiendo miserias no atractivas para los cultivadores.
A pesar de las dudas señaladas, la asamblea decidió exaltar como un éxito propio la asistencia a la clausura del funcionario Juan Carlos Palau y el guerrillero Jairo Quintero. Para los cultivadores pesa más la posibilidad de participar dentro del Consejo de Dirección del PNIS. De la intervención del Dr. Palau, vale reseñar que con el argumento del Estado obligado a ser receptivo con todos los ciudadanos, puso sobre la mesa la posible inclusión en dicho Consejo de líderes que se invente el gobierno. Mientras el comandante Jairo, expuso la decisión guerrillera de continuar acompañando a los cultivadores en su lucha por el desarrollo integral en sus territorios.
El balón en la cancha del gobierno
El experto holandés Martin Jelsma, en Popayán caracterizó el momento actual de arranque el punto 4 como de un exceso de “ilusión”, a lo mismo lo llamo “errores inducidos por la mitomanía”. La negociación de este punto en La Habana, siempre estuvo atravesada por la falacia de la “narcoguerrilla” de Lewis Tambs, que desafortunadamente los negociadores oficiales tragaron entero, así que bastaba la dejación de armas de las FARC EP, para resolver el problema de las drogas.
El error gubernamental en la negociación fue creer que la guerrilla era una especie de ente superior de los productores de cultivos declarados ilícitos, así que bastaría una orden suya para acabar con coca, amapola y marihuana. Muy temprano -en el 2013- Timochenko les contestó que nunca los verían como erradicadores, pero como reza el aforismo castellano: “no hay peor sordo, que el que no quiere oír”.
Santos tiene dos alternativas, 1ª puede insistir en el error pretendiendo que la firma de las FARC EP en los documentos de implementación del sub punto 4.1, funcione como el interruptor que les apague el problema de una vez por todas, o; 2ª puede reconocer el error, e iniciar una negociación realista con las familias cultivadoras organizadas en la COCCAM. Para poder bajarse de la “bicicleta estática” el gobierno necesita oír sin ninguna intermediación y trabajar con esta ciudadanía colombiana cuya pobreza y aislamiento geográfico ha llevado a dedicarse a los cultivos de uso ilícito.
Presidente Santos, es hora de cambiar el paradigma.
fuente.alainet.org
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