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| Polo Castellanos |
M.A.Sandoval Con una falta de
imaginación política de espanto, analistas con alguna experiencia o
ninguna, dicen con la mano en la cintura que 2017 es diferente de 2015,
que ahora no son las mismas causas ni las mismas expresiones,
o que uno es militar y el otro civil. O que hace falta establecer
bien a bien que se trata de nivel de corrupción
distinto, etc. Los
argumentos siguen por ese camino y en verdad no van a ninguna parte pues
olvidan lo principal en esta historia.
Me refiero a la
categoría de proceso, histórico si se quiere, pero proceso en fin. En
otras palabras, sin 2015 no habría 2017. Y no solo porque sean años casi
correlativos, sino porque las fuerzas sociales que
se desataron en el 2015 siguen operando en la actualidad y no se ha
encontrado un nuevo punto de equilibrio. Es por ello que el 2017 solo es
posible analizar si se toma en cuenta que su origen se encuentra en
abril de 2015.
Solo para que se tenga
una idea de esta afirmación, los mandatarios defenestrados en 2015 viven
ahora procesos judiciales que están en el centro de la tormenta del
debate actual y de las expresiones de los más
diversos sectores involucrados de manera directa o indirecta. Uno de
ellos el expresidente dice a quien le quiera escuchar que la Cicig (1) debe
salir del proceso en que se encuentra. Mientras por otro lado, diputados
o funcionarios del más diverso nivel, afilan
cuchillos contra la Cicig y su máximo representante.
Se quiera ver o no,
resulta que el debate sobre la Cicig y las acciones que abandera desde
antes del 2015 a la fecha, es permanente, y tiene que ver con un hecho
fundante: solo un organismo internacional, repudiado
por los corruptos desde que percibieron la magnitud de los casos que
iba destapando, pudo dar una sacudida a lo que en términos coloquiales
se denomina como en árbol frondoso de la corrupción y destapar la
impunidad que corría pareja.
Por este hecho, aunque
solo fuera por este, la continuidad del proceso abierto en abril de 2015
se puede ver con toda su dimensión. No olvidemos que el escándalo de la
línea fue acaso el detonante de una movilización
sin precedentes en la época reciente de nuestro país. Pretender
entonces que se trata de dos cosas diferentes o que la plaza no es la
misma pues ahora hay gente de uno y otro lado, parece algo alejado
totalmente de las ciencias sociales y más particularmente
de la ciencia política.
En otro nivel de
análisis, el tema de la corrupción con su aliada la impunidad está en el
centro de dos expresiones sociales de diverso calado. De una parte la
nueva AEU tiene en su origen la demanda de sacar
la corrupción de la universidad de san Carlos, mientras los nuevos
dirigentes de esta instancia estudiantil, hicieron sus primeros
ejercicios ciudadanos de calle y masivos en las jornadas que irrumpieron
en 2015.
De otro lado, uno de los
colectivos más activos en estos días es precisamente ¡Justicia ya! Cuyo
origen es la convocatoria a las movilizaciones de la plaza en el 2015.
Estamos pues, ante una continuidad de actores
en un proceso único, indivisible, con momentos y expresiones distintas
pero finalmente de la misma naturaleza: luchar contra la corrupción y la
impunidad.
En otro nivel de
análisis, el actual presidente fue electo como resultado del hartazgo de
los liderazgos corruptos y por su oferta de “ni corrupto ni ladrón”, lo
que ahora como el efecto bumerang se le revierte
por una razón de fácil comprensión: la sociedad guatemalteca redujo de
forma sustancial la tolerancia ante formas y prácticas corruptas,
mentirosas, de mal gobierno.
Es lo que afirmo en un
texto publicado en el año 2015. En él decía que si antes de esas
movilizaciones la corrupción era socialmente aceptada, después de ellas
había pasado a ser socialmente rechazada. Por supuesto
que la corrupción no está derrotada, pero esa es la apuesta de nuestra
sociedad. Es lo que caracterice como la Revolución Moral del siglo XXI
en nuestro país. Esa es la lucha que en la actualidad continúa en
Guatemala.
La idea de situaciones
distintas solo escondería otra: la corrupción de 2015 ya fue superada y
ahora estamos ante casos “politizados” “espurios” pues se trata de
naturalezas diferentes. Que la Cicig se quede pero
el comisionado se vaya. En un caso si valía poner en función las
medidas utilizadas, en el actual es el debido proceso, las garantías, la
defensa de la soberanía, en suma, el inmovilismo. El regreso al pasado
sin decirlo, sin invocarlo.
(1) CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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