Tras el escádalo desatado después la captura de su primo, y hermano político, Mario Uribe, el presidente adelantó a la emisora Radio Caracol que no descarta llamar a elecciones anticipadas para el Congreso debido a la cantidad de legisladores detenidos e investigadora por sus vínculos con las bandas paramilitares.
"No me voy a dejar presionar, necesitamos examinar ese tema con mucho cuidado y tomar la mejor decisión", dijo Uribe al admitir que maneja “todas las opciones”, incluyendo nuevas elecciones legislativas.
Por propia iniciativa, y anticipándose a un nuevo escándalo, reveló que está sujeto a una investigación por la masacre de El Aro, donde 15 personas fueron asesinadas, decenas torturadas y violadas, y 900 obligadas a abandonar la localidad en octubre de 1997 cuando era gobernador de Antioquía.
"Me pasé la Semana Santa hablando con abogados para que recogieran toda la información sobre mis movimientos y desplazamientos desde 1988", ha dicho Uribe
Según ese testigo, el entonces gobernador se reunió con el general Ospina, el general Rosso y el líder paramilitar Salvatore Mancuso para planear esa masacre.
El mandatario colombiano ha afirmado que la justicia debe investigar todo los hechos pero teniendo "mucho cuidado" con el testimonio "de un bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable" como él.
"Ese bandido (un ex paramilitar que actuaba en el departamento de Sucre) dice que yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío y que Santiago mi hermano prestó 20 paramilitares para ese crimen", ha agregado Uribe.
El presidente reivindicó la negociación con los paramilitares que condujo a la desmovilización de varios miles.
"Lo que se debe recordar es que este Gobierno fue el que desmontó el paramilitarismo, los combatió y los obligó a la desmovilización", subrayó Uribe, quien ha insistido en que siente un gran dolor por la captura de su primo pero espera que la justicia complete la investigación y ofrezca al país la verdad de esos hechos.
La masacre
El 25 de octubre de 1997 un grupo de paramilitares, con el apoyo del Ejército ocuparon la villa de El Aro y se dedicaron a asesinaron y torturaron a 15 personas, violaron mujeres, incendiaron 43 casas, robaron ganado y forzaron el desplazamiento de otras 900 personas.
Meses después de esta masacre, el 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle, reconocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado en Medellín por orden de Carlos Castaño después de denunciar a miembros del Ejército como colaboradores de las AUC en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango.
También poco antes, Valle había cuestionado al entonces gobernador, Álvaro Uribe, por no haber ordenado la protección de los habitantes de esas poblaciones. Uribe rechazó los señalamientos, mientras que el Ejército lo demandó por injuria y calumnia.
El tiempo le dio la razón a Valle. En enero pasado, Salvatore Mancuso reconoció ante los fiscales de Justicia y Paz en Medellín, que él y Carlos Castaño, con apoyo del entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Alfonso Manosalva (ya fallecido) quien entregó información y mapas, ordenaron la masacre.
El mismo Estado reconoció la barbarie tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que comprobó la participación de militares en la matanza y ordenó al gobierno indemnizar a las familias de las víctimas, sin que aún se haya cumplido con esa exigencia.
"La sentencia de la Corte le impone unos pagos del Estado pero aún no ha pagado", dice la abogada Victoria Fallón, del grupo que representa a las víctimas.
Sólo hay un condenado por la masacre de El Aro: Francisco Villalba conocido como Cristian Barreto, quien reconoció que él y cerca de 200 paramilitares violaron mujeres, degollaron, torturaron y mataron 15 personas, saquearon tiendas y casas, y robaron 800 reses que fueron a parar a una finca de Mancuso, en el Bajo Cauca antioqueño.
Villalba también reconoció que días antes de la masacre, varios militares de alto rango se reunieron con Mancuso y Carlos Castaño.
La sentencia contra Villalba fue proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia en abril de 2003. También condenó a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión como autores intelectuales de la masacre. Villalba está en La Picota desde 1998, donde debe pagar 33 años de prisión.
Mancuso, en cambio, gracias a que se acogió a la Ley de Justicia y Paz podría ser condenado a pagar como máximo ocho años por ese y muchos otros crímenes.
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