Guatemala: El chacal de oriente era menos bruto

Por Miguel Ángel Sandoval

El hambre es cosa seria. Tan seria que el gobierno de Álvaro Colom desempolvó una ley de 1974 que obliga a los propietarios de la tierra a dedicar el 10 por ciento para el cultivo de granos básicos. Y como no podía ser de otra manera, la cúpula agrícola del país ya dio el grito en el cielo.

¡Intervención! ¡Recorte a la libertad empresarial! ¡Abuso del estado! ¡Populistas! Y todo lo que se usa en estas circunstancias. En resumen, no a cualquier medida que busque aliviar el hambre de la gente, pues finalmente eso no le interesa a la Cámara del Agro y a un montón de sus achichincles.

Pero resulta que el decreto 40-74, que recomienda que de las tierras cultivables en manos privadas, se dedique el 10 por ciento a la siembra de granos básicos, que no se importen éstos, y que se prohíba la exportación, esta firmado por su mero tata, de la derecha se entiende, nada más y nada menos que el mico Sandoval Alarcón, que anticomunista como era, no era tan pendejo como sus herederos políticos.

Y el decreto está firmado también por el chacal de oriente, sííí, el entonces presidente, general Arana Osorio. Como se puede ver, hasta estos señores tenían un poquito de más olfato político que los actuales hambreadores del pueblo guatemalteco.

El punto es que estos dos personajes a quienes no se les puede tildar de democráticos ni de izquierdistas, se dieron cuenta que la única manera de impedir una guerra o desbordes sociales de importancia era cediendo un poco, limitando un poquitito las ganancias llenas de vulgaridad de un pequeño grupo de terratenientes.

Y por eso se lanzaron a una medida que seguramente no lo hacían con total convicción económica, pero si con total seguridad política.

Y ahora esta ley que los empresarios agrícolas violaron más de 30 años, es desempolvada desde el gobierno por considerar que es un momento crucial y que amerita medidas que contribuyan a paliar el hambre que se viene encima.

Ante esto, el dirigente de la Cámara del Agro salta escandalizado y señala que eso es intervencionista. El diputado Rayo dice que jurídicamente improcedente pues hay una o dos instituciones que ya no existen, etc.

Sin embargo, habría que señalar que se trata solamente de que se reconozca la función social de la propiedad, por una parte, y que por la otra se haga uso de la famosa responsabilidad social empresarial. Y claro, que al gobierno se le vea un poco de aire con remolino.

Solo quiero decir un par de cosas. Lo que dice Zúñiga es lo de siempre. No pagan impuestos porque eso es intervención del Estado. No aceptan el control de calidad porque es ingerencia, etc., etc. No quieren nada, razón por la que no vale la pena detenerse en sus argumentos.

En cuanto a Rayo, que dice que es jurídicamente improcedente, la verdad es que se trata de un plato de babas. Punto. Lo notable es que el gobierno se decida a tomar una medida de estas. De seguro no le es fácil, le parece extrema, pero tampoco hay que exagerar.

La verdad es que se trata de una medida, correcta sin duda, que se queda en la superficie del problema, que es una solución temporal, si se implementa, pero hará falta mucho más que eso para que nuestro país salga de esta crisis que no es de un par de meses, es, lo digo con todas sus letras y significados, una crisis estructural que requiere de cambios estructurales y no solo pequeños parches. Estamos avisados.