Retroceso preocupante en la ley mexicana en materia de derechos de la mujer
En los últimos días de enero la Secretaría de Salud (SSA) dio marcha atrás en el proyecto de norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, modificándolo sustancialmente en su redacción original: para empezar se eliminó la obligación de los trabajadores del sector salud de garantizar el servicio de interrupción legal del embarazo, así como de proporcionar la anticoncepción de emergencia en caso de violación, introduciendo la posibilidad de la objeción de conciencia de médicos y enfermeros.
Estos cambios se deben, según activistas de los derechos de la mujer, a la presión e intromisión de grupos antiabortistas de derecha, que se oponen a la interrupción de embarazo y al suministro de la anticoncepción de emergencia.
Cabe señalar que el Director de Asuntos Jurídicos, quien impulsó dichos cambios en la NOM 046, es el mismo abogado que defendió el cardenal Norberto Rivera Carrera en los tribunales y evidentemente le da más peso a sus creencias religiosas que a sus obligaciones como servidor público.
El texto original del anteproyecto de la norma – que había sido sometido a consulta ante un centenar de instituciones públicas y privadas y organizaciones civiles - decía a la letra: “Las instituciones deben prestar los servicios de aborto médico a solicitud de la interesada y previo consentimiento informado...”, mientras que la nueva redacción afirma que “las instituciones de salud podrán prestar los servicios de aborto médico, a solicitud de la víctima interesada y, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o madre, o en su caso, de su tutor”. Una diferencia sutil pero sustancial.
La intromisión de la derecha es más evidente con la añadidura de un párrafo que dice: “se deberá brindar a la víctima información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto [...]”.
La objeción de conciencia es más que otra cosa una forma de ostracismo que ha sido utilizada también en otros países para obstaculizar el derecho logrado al aborto seguro: los directivos de los servicios de salud que por sus convicciones religiosas o éticas están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, llegan incluso a chantajear al personal médico y enfermero para que se declaren también objetores y, así, no presten el servicio a las mujeres que lo solicitan. El chantaje a menudo consiste en condicionar dicha declaración a su seguridad laboral y otras prestaciones.
Las protestas no se hicieron esperar. Organizaciones civiles realizaron un plantón frente a la Ssa y subrayaron que las víctimas de violencia sexual ahora estarán sometidas a la voluntad y conciencia de los médicos. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, lamentó la nueva redacción de la norma que elimina la obligatoriedad y deja a criterio de los médicos del sector salud la responsabilidad de informar y proporcionar servicios de anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las mujeres víctimas de violencia sexual.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló que esas modificaciones violan el capítulo IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “al incurrir en violencia institucional por obstaculizar e impedir el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.
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