La dramática historia de cómo los niños del norte del Cauca están viviendo en medio de una ruleta rusa: aun dentro de las escuelas, reciben impactos de balas o esquirlas de cilindros bomba. En suspenso están 20.000 estudiantes. Maryi Vanessa Coicue soñaba con ser enfermera, pero una esquirla de tatuco (cilindro bomba) le atravesó el corazón. Ella estaba parada en la puerta de su casa cuando una lluvia de metralla perforó su cuerpo de 11 años. No tuvo
tiempo de llorar ni de gritar y mucho menos de correr. Fue una muerte rápida y silenciosa. Mientras Maryi se desvanecía, seis de sus primos, entre los 7 y 11 años de edad, gritaban de dolor. El mismo tatuco los alcanzó y convirtió la humilde vivienda en morada del terror.
Eran las tres de la tarde del viernes 16 de septiembre. La tragedia enlutó a una familia indígena que vive en el resguardo Huellas, zona rural de Caloto, norte del Cauca. Desde el día anterior, el Ejército estaba trenzado en combates con el sexto frente de las Farc. Buena parte de la comunidad ya estaba atrincherada en la sede del colegio El Credo, pero los Coicue apenas se alistaban para refugiarse. "Un tatuco que se estrelló contra un árbol explotó cerca a la casa, se llevó a mi niña y casi mata al resto de la familia", dijo a SEMANA Abel Coicue, padre de Maryi.
Pero ella no es la única niña muerta en esta guerra, que tiene sitiados 19 resguardos indígenas en ocho municipios del nororiente caucano. De enero de 2010 a la fecha, los niños de esta comunidad escolar, en la que se mezclan indígenas, campesinos y afrodescendientes, están atrapados en una ruleta rusa. Han muerto 11 por cuenta del conflicto; otros 37 están heridos y 11 más fueron reclutados forzadamente por la guerrilla, según informes que maneja la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Mientras el país entero se indignó por casos puntuales como el reciente secuestro en Fortul, Arauca, de la niña Nhora Valentina o el despliegue mediático que significó el caso de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, los niños de Cauca apenas ocupan un espacio en las estadísticas del conflicto.
En el rosario de denuncias hay de todo. Desde bombas que estallan cerca a las escuelas hasta alumnos que son reclutados o impactados por proyectiles mientras reciben clases. Casi la mayoría de las 233 sedes escolares de la región tienen cicatrices de esa guerra. Vidrios rotos, puertas y paredes perforadas por las balas, techos desarmados por tatucos y cientos de avisos o carteles que exigen no usar ese territorio como campo de batalla.
El pasado 12 de octubre, 3.000 menores de la comunidad paez-nasa participaron en una marcha de protesta en la vía Panamericana que une a Popayán con Cali. Entre otras cosas, exigían a las Farc y al Ejército que los excluyeran del conflicto.
La situación de estrés ha llegado a tal punto que se ha dado un "toque de queda escolar" que tiene en anormalidad académica a cerca de 20.000 estudiantes del departamento, casi el 10 por ciento del total de la población estudiantil oficial. La razón de esa medida de supervivencia es que tanto alumnos como maestros temen quedar en medio del fuego cruzado, como en efecto ha ocurrido, o caer en campos minados. "Llevamos tres meses con problemas y no podemos suspender indefinidamente la jornada escolar porque los más afectados son los estudiantes", explicó Deyfan Silva, secretaria de Educación del Cauca.
Por ejemplo, en sedes escolares del resguardo Cerro Tijeras, localizado en el municipio de Suárez, centenares de estudiantes llevan dos semanas sin recibir clases "por temor a las minas y a las balas perdidas", dijo el gobernador indígena Enrique Cuetio.
Ese temor no es gratuito. Hace apenas dos meses y a tan solo cien metros de la sede escolar El Damián, perteneciente al resguardo Tacueyó, en Toribío, la guerrilla activó dos artefactos explosivos que iban dirigidos a una patrulla del Ejército. Las bombas estallaron pese a que a esa hora no había soldados en el sector, pero sí los 120 estudiantes que salían de la escuela hacia sus casas. El saldo fue de 20 niños heridos por la onda explosiva, ninguno de gravedad, pero todos debieron recibir atención psicológica.
Otro colegio de ese resguardo que lleva el sino trágico de la guerra es el Quintín Lame, donde estudian 1.200 niños. La rectora, Fanny Ortiz, asegura con dolor que dar clases en el suelo y repartir almuerzos en bolsas plásticas durante los combates se volvió rutina. El año pasado, dos alumnas y un profesor fueron alcanzados por balas de fusil dentro de la institución. El docente se encontraba en la cancha múltiple jugando baloncesto, pero las niñas, de 13 y 14 años, que cursaban séptimo grado, estaban en el aula de clase. "Una de ellas fue impactada en la rodilla y la otra, en el rostro. Por fortuna, ambas se salvaron y sin secuelas graves", dijo la rectora.
Pero lo más reciente y trágico fue descubrir que tras el bombardeo a un campamento de entrenamiento de las Farc en la zona, ocurrido el 26 de marzo de este año, entre los 15 guerrilleros que murieron, había dos estudiantes suyos. "Ese es uno de los flagelos contra los que luchamos: evitar que la guerrilla se lleve a nuestros niños", confesó.
Son varios los maestros que, en diálogo con esta revista, llegaron a la penosa conclusión de admitir que muchos de los niños que se gradúan de primaria se enlistan en las Farc. "Muchas veces logramos recuperarlos, pero no siempre el reclutamiento es forzoso", dijo uno de los rectores. SEMANA tuvo acceso a varias de las memorias que los niños escriben una vez son recuperados de las filas de la guerrilla y encontró relatos desgarradores sobre la inocencia con la que esos chiquillos de hasta 10 años de edad enfrentan ese episodio de su vida. Cabe recordar que el reclutamiento de menores es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Andrea Anaya, psicóloga de Acin y experta en DIH, critica las jornadas cívico-militares porque considera que son una forma pasiva de involucrar a los niños en el conflicto: "Los pasean en tanquetas e instalan sus brigadas móviles en los escenarios deportivos de la región", explicó. No obstante, el talón de Aquiles radica en la autonomía territorial que reclaman los pueblos indígenas, que por un lado los vuelve objetivo de la guerrilla y por el otro choca con el derecho constitucional de la fuerza pública de perseguir y combatir a los grupos ilegales que se esconden en los resguardos.
La guerra está tan incrustada en el paisaje cultural de los niños de esa región que mientras un menor de otra zona del país se preocupa por jugar, leer poemas y cuentos sobre princesas, en el norte de Cauca los niños aprenden normas para moverse en campos minados leen cartillas con relatos sobre protección en zonas en conflicto y cómo prevenir el riesgo.
Eso es lo que ocurre en el colegio El Credo, donde estudiaba Maryi, quien era una de las mejores estudiantes del sexto grado. En su salón con piso de tierra, paredes de plástico y techo de zinc, sobresale un pupitre adornado con un moño morado, un vaso desechable de agua, una camándula, una imagen de Jesús y un dulce. Es un ritual de amistad de sus compañeritos de clase, que a diario rezan para que desde el cielo sea la líder indígena que siempre soñó ser. Mientras que ellos, en la Tierra, siguen esquivando balas, minas y tatucos.
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