Guatemala: EL GENOCIDIO FUE POLÍTICA de ESTADO...

EL GENOCIDIO FUE POLITICA DE ESTADO... 
80 años de prisión a Ríos Montt, símbolo de las políticas de tierra arrasada y genocidio que el ejercito impulsó de manera planificada

Miguel Ángel Sandoval. El Inicio del juicio al genocida  Efraín Ríos Montt, se ha convertido en un debate intenso en Guatemala y  fuera del país.  Las razones de ello se encuentran en la brutalidad de las matanzas cometidas durante los años más duros de la guerra de los 36 años,  que ocurrieron en los años en que Ríos Montt encabezó en gobierno
luego del  golpe de estado del 23 de marzo de 1982. Y desde entonces, un manto de silencio, complicidades y de impunidad habían cubierto el holocausto guatemalteco.

En medio del debate que no cesa, hemos asistido a una prueba de fuerza entre los sectores que rechazan cualquier juicio sobre genocidio aun a costas de evidenciar la existencia de un sistema judicial pre moderno y cautivo de los poderes facticos, que de independiente tiene solo la declaración formal en los textos constitucionales.  Sin embargo, hay jueces y magistrados y mucha presión ciudadana e internacional, que apuestan a subsanar estas falencias y el juicio de Ríos Montt por genocidio, suspendido, reiniciado y vuelto a suspender,  aunque ahora sabemos que solo de forma transitoria,  deberá  finalmente, llegar su conclusión con una sentencia, cualquiera que esta sea.

Si recordamos las cifras del horror, hubo 200,000 muertos,  45 mil desaparecidos, un millón de desplazados internos y alrededor de 200,000 refugiados en el exterior, particularmente en México. Áreas enteras fueron calcinadas, 440 aldeas destruidas y se ha establecido más de 600 masacres realizadas en esos años por las fuerzas del ejército. Buena parte de esto, durante los años 82-83. A estos datos fríos del genocidio perpetrado, se le agrega como componente principalísimo, una visión y prácticas racistas desde el poder. Indio visto indio muerto, era la divisa de jefes militares.

A la firma de la paz hubo un acuerdo de reconciliación nacional que establecía que los delitos políticos o comunes conexos, cometidos durante  esos años, serían indultados pues no había otro modo de firmar la paz y lograr la reinserción social y productiva de los miles de combatientes y militantes de la insurgencia. No obstante, se estableció que los delitos especialmente graves o de lesa humanidad que no prescriben, no formaban parte de ese acuerdo y si de los pactos y convenios internacionales sobre la materia. Por tal razón,  serían juzgados si existían demandas. Ese es el caso en la actualidad.

Nadie como Ríos Montt, jefe de estado por la vía de un cuartelazo militar, simboliza las políticas de tierra arrasada y genocidio que el ejercito impulso de manera planificada, calculada, metódica en contra de la población indígena.  Y esas prácticas se complementaron con las denominadas aldeas modelo, a la imagen de las aldeas estratégicas en Vietnam, junto con la organización de patrullas civiles forzadas con la premisa que los nativos combatieran a los nativos, otra vez como en Vietnam.

Por ese conjunto de razones es que el general genocida enfrenta un juicio en la actualidad. Y por supuesto, hay sectores que   crean la imagen de una polarización ideológica en Guatemala: quienes apoyan el juicio y quienes se oponen al mismo. Pero el punto es que los 15 primeros días del debate oral en los tribunales guatemaltecos, han servido, a mi juicio, para confirmar las conclusiones de dos informes capitales: el denominado REMHI (recuperación de la memoria histórica) organizado por la iglesia católica)  y  MEMORIA DEL SILENCIO, de la comisión para el esclarecimiento histórico, resultante de los Acuerdos de Paz. Ambos documentan el genocidio.

Y ahora, ante la inminencia de una condena por genocidio, y la rogatoria por su inocencia del principal acusado, asistimos a la expresión más alta de la doble moral en los mandos militares.  Afirmar como Ríos Montt, que es inocente y que los mandos intermedios son los responsables, solo equivale al viejo y conocido lugar común, “sálvese quien pueda”. Que hay otros oficiales implicados ni  duda cabe, pero que el juico enderezado en contra del jefe principal resume la responsabilidad es igualmente contundente.

Para que se tenga una idea del contexto de este juicio que no vacilamos en calificar de histórico, el Ministerio Publico, órgano encargado de la investigación y  persecución penal, presentó al tribunal de alto impacto que lleva el caso, unos 900 medios de prueba, entre documentos, testimonios, peritajes, filmes, pruebas forenses, etc. Y como señalo, los primeros 15 días de testimonios y peritajes, constituyen una muestra del horror ante el cual la sociedad urbana había cerrado los ojos. El asombro y la indignación son las expresiones que se escuchan, aunque también hay indiferencia y temor.   Por estas razones es que maniobras seudo legales y la corrupción imperante en las instituciones de justicia, es que hubo una primera suspensión del juicio que algunos pensaron era definitivo, pero no fue el caso.

En el contexto nacional indicado, han sido de importancia innegable, intervenciones del cuerpo diplomático acreditado en el país que se han hecho presentes en las sesiones del debate oral. Y contra todo pronóstico, la embajada de los EEUU se refirió al juicio como de importancia para la justicia y la reconciliación nacional. Ello fue leído como una advertencia a los despropósitos propagandísticos de un sector militar y de la derecha que buscan entorpecer el juicio.

Es por esta razón que las declaraciones de personajes, incluso el presidente de la republica, en el sentido de negar el genocidio cometido, caen finalmente en el vacío, pues las pruebas presentadas con contundentes. Adicionalmente, los compromisos de la paz, violentados, recortados, adulterados, nos hablan que los delitos de lesa humanidad no prescriben como lo señalan los pactos internacionales sobre crímenes de guerra y genocidio de las Naciones Unidas, de los cuales Guatemala es parte.  Esa es la realidad que hoy se debate en el primer juicio por el genocidio cometido en Guatemala

Miguel Angel Sandoval fue un dirigente del Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP), participò en el equipo de la URNG que llevó a cabo la negociación para la pacificación, y candidato presidencial para las fuerzas de la izquierda.