Hipótesis principal de trabajo: la propiedad comunal es la matriz de
la criminalidad y la insurgencia
Cuando Aldo González, dirigente zapoteco de la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, en enero del año 2009 denunció el Proyecto México Indígena por geopiratería y estar financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ningún colegio profesional de
antropólogos, geógrafos o sociólogos en el país salió en su defensa, frente a la réplica airada de los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson, de la Universidad de Kansas, coordinadores de la investigación, quienes pretendieron acusarlo de ostentar falsamente una representación comunitaria, estar políticamente motivado y hacer cargos sin fundamento.
Cuando Aldo González, dirigente zapoteco de la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, en enero del año 2009 denunció el Proyecto México Indígena por geopiratería y estar financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ningún colegio profesional de
antropólogos, geógrafos o sociólogos en el país salió en su defensa, frente a la réplica airada de los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson, de la Universidad de Kansas, coordinadores de la investigación, quienes pretendieron acusarlo de ostentar falsamente una representación comunitaria, estar políticamente motivado y hacer cargos sin fundamento.
Pasados cinco años
desde que se desató esa controversia, y escritos ya numerosos artículos
e, incluso, un libro sobre el caso (Joel Wainwright, Geopiracy: Oaxaca,
militant empiricism and geographical thought. Nueva York, Plagrave
Macmillan, 2012), podemos constatar que las imputaciones de Aldo tenían
razones y bases sólidas. Hoy sabemos que el Proyecto México Indígena
constituye parte de las conocidas Expediciones Bowman, que de manera
concisa implicarían la utilización de la geografía para un mapeo de
regiones de interés estratégico para Estados Unidos con fines militares,
geopolíticos y de beneficio corporativo.
Uno de los supuestos teóricos más
importantes, la razón de ser de las Expediciones Bowman, proviene del
teniente coronel Geoffrey B. Demarest, quien antes de formar parte del
Proyecto México Indígena, como uno de sus analistas principales, contaba
con una hoja de servicios muy distinguidos en favor de los esfuerzos
contrainsurgentes del imperialismo estadunidense en América Latina.
Demarest fue entrenado en la Escuela de las Américas del ejército de su
país, macabro centro de enseñanza de torturadores y golpistas en la
región, y fungió como agregado militar de la embajada de Estados Unidos
en Guatemala entre 1988 y 1991, justamente durante el periodo de auge de
la guerra sucia, caracterizado por terribles masacres contra
poblaciones indígenas.
También, el teniente coronel puso en práctica sus
conocimientos especializados en Colombia, ¡oh, casualidad!, donde
estuvo realizando trabajos de geografía en el terreno hasta el año 2003,
cuando escribe un ensayo publicado por la Oficina de Estudios Militares
para el Extranjero, con el sugerente título de Mapeando Colombia:
información geográfica y estrategia, en el que abiertamente correlaciona
sus estudios geográficos con el desarrollo de una guerra
contrainsurgente exitosa.
Este experto castrense sostiene como su
hipótesis principal de trabajo que la propiedad comunal es la matriz de
la criminalidad y la insurgencia; es más, en un libro de texto de su
autoría titulado Geopropiedad: asuntos externos, seguridad nacional y
derechos de propiedad, señala que la posesión informal y no regulada de
tierras favorece el uso ilícito y la violencia, y, en consecuencia,
propone la privatización como el único camino para el progreso y la
seguridad de América Latina. En suma, para este investigador asignado
por la FMSO a las Expediciones Bowman es fundamental la desaparición de
las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos
de los pueblos indígenas, ya que el poder estratégico se convierte en
la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del
mundo.
Esta tesis en defensa de la propiedad privada –que resulta clave
para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra en
sus borderlands–, así como la participación del teniente coronel
Geoffrey B. Demarest en el Proyecto México Indígena y en los esfuerzos
explícitamente contrainsurgentes en Colombia, como parte de las
Expediciones Bowman, son ocultadas por Herlihy y Dobson en sus
refutaciones autocomplacientes y en sus bibliografías.
Ellos se
presentan paradójicamente como defensores decididos de los pueblos
indígenas, de una geografía al servicio de la paz, y se ufanan de que
todos los participantes en el proyecto –autoridades universitarias,
ayudantes de investigación y sus profesores mexicanos– estaban al tanto
que México Indígena era subvencionado por el Departamento de Defensa de
Estados Unidos, testimonio que no favorece en nada ni a dichas
autoridades ni a los integrantes del proyecto.
Colegios profesionales, facultades,
departamentos e investigadores en lo individual optan por un silencio
cómodo, e incluso se dan casos de abierta adhesión a proyectos tan
objetados como México Indígena. Imagino que el doctor Jeremy Dobson,
quien acaba de recibir recientemente más de 3 millones de dólares por
parte del Departamento de Defensa, a través de la Iniciativa Minerva, se
presentará muy pronto, si no es que ya lo ha hecho, en algún campus
universitario de América Central, como asevera en su resumen de
investigación, buscando la cooperación académica local, acorde con su
habitual generosidad científica, y en ese caso, me pregunto, ¿cómo
reaccionarán las autoridades de esos centros del saber y sus
profesores-investigadores?
¿Aceptarán nuevamente participar como
asociados subalternos –¡naturalmente!– en investigaciones extractivistas
con-qué-importa-la-fuente-de-financiamiento, con tal de no quedar fuera
de los circuitos de la colonialidad académica realmente existente:
visas, estancias sabáticas, revistas indexadas, congresos, en suma, la
acumulación primitiva curricular?
Por cierto, ningún colegio profesional de
antropólogos, geógrafos, sociólogos o sicólogos de nuestro país se ha
pronunciado, ha organizado una reunión pública o de sus agremiados, para
debatir en torno a la utilización por Estados Unidos de su respectiva
disciplina en quehaceres contrainsurgentes en nuestros terruños, o en
las guerras y ocupaciones neocoloniales en otros lares; tampoco parece
preocupar demasiado a los colegas que otra Expedición Bowman esté por
iniciarse en algún oscuro rincón de nuestra América. A ciencia cierta,
¡ahí habrá un Aldo o una comunidad indígena que denuncie la geopiratería
contrainsurgente!
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