La CIDH pidió al gobierno “adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígena Ngöbe-Buglé”, en la occidental provincia de Bocas del Toro.
Los pobladores indígenas denunciaron un desalojo ilegal de parte de la empresa norteamericana AES para iniciar la construcción de la obra. El organismo además precisó que las medidas cautelares a favor de los indígenas deben permanecer hasta que el sistema interamericano de derechos humanos adopte una decisión final sobre el caso.
Asimismo, el gobierno está en la obligación de presentar un informe explicativo en un plazo máximo de 20 días.
Diversas organizaciones ambientalistas y entidades internacionales emplazaron al gobierno a cumplir con las obligaciones que esta decisión conlleva.
Asimismo, el gobierno está en la obligación de presentar un informe explicativo en un plazo máximo de 20 días.
Diversas organizaciones ambientalistas y entidades internacionales emplazaron al gobierno a cumplir con las obligaciones que esta decisión conlleva.
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