jueves, 15 de octubre de 2009

Estados Unidos debe abrir archivos sobre el Palacio de Justicia

Un documento confidencial de la cancillería de Estados Unidos, fechado en enero de 1999, responsabiliza a militares colombianos de la desaparición de civiles y la ejecución sumaria de guerrilleros en el operativo para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por insurgentes en 1985.

Constanza Vieira (IPS)

El cablegrama, conocido el miércoles, fue obtenido por el no gubernamental instituto de investigación estadounidense National Security Archive (NSA), que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados invocando la ley de libertad de información de ese país (FOIA, por sus siglas en inglés).

La clasificación del cablegrama como confidencial fue dispuesta por quien era en 1999 embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, y estaba prevista hasta enero de 2024.

Un párrafo del cablegrama sostiene que el coronel retirado Alfonso "Plazas (Vega) comandó en noviembre de 1985 el operativo militar sobre la sede de la Suprema Corte que había sido tomada por el M-19".

"Ese operativo concluyó con la muerte de más de 70 personas, incluyendo 11 jueces de la Suprema Corte. Los soldados mataron fuera de combate a una cantidad de miembros del M-19 y de presuntos colaboradores, inclusive al personal de la cafetería del Palacio", agrega el documento redactado por la embajada de Estados Unidos en Colombia y dirigido al Departamento de Estado de ese país.

Se trata del "pronunciamiento más claro y conciso que hemos visto en registros desclasificados sobre la responsabilidad del ejército en las muertes y desapariciones del Palacio de Justicia", según el director del proyecto de documentación sobre Colombia del NSA, Michael Evans.

Cuando falta poco para que se cumpla el 24 aniversario de lo que en Colombia se conoce como "el holocausto", "es momento de que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer toda la información de derechos humanos que posee sobre la tragedia del Palacio de Justicia", urgió Evans en un comunicado publicado el jueves.

El Palacio de Justicia, máxima sede del Poder Judicial, fue tomado por 35 combatientes del hoy extinto M-19 (Movimiento 19 de Abril, de tendencia nacionalista), el 6 de noviembre de 1985, con unas 300 personas dentro, que fueron tomadas como rehenes.

La batalla militar de 27 horas para recuperarlo marcó un antes y un después en materia de violaciones a los derechos humanos en este país, que lleva casi medio siglo en guerra interna.

Algunos relacionan ese punto de inflexión con la destrucción, en la tragedia, de lo mejor de la institución judicial.

El episodio culminó con el edificio incendiado y valiosa documentación y evidencias destruidas y cerca de un centenar de muertos, la mayoría pertenecientes a la Rama Judicial, entre los que se encontraban 10 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Once personas permanecen desaparecidas. En el proceso que se sigue este año contra Plazas Vega, la fiscalía mostró pruebas de que fueron trasladadas a la Escuela de Caballería que comandaba el coronel, donde habrían sido torturadas hasta la muerte.

Aún no se ha emitido fallo en el juicio a Plazas Vega, acusado de secuestro agravado y desaparición forzada agravada de 10 civiles y de una guerrillera que salió viva de la sede del Palacio de Justicia.

Según testimonios de ex agentes, ésta habría sido torturada durante tres meses dentro de una ambulancia en una brigada de inteligencia militar, y no en la Escuela de Caballería.


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