Pedro LayaNo fueron suficientes los mensajes de alerta y auxilio que enviaron diversos operadores de la justicia. Han sido atacados y vilipendiados por el Presidente de la República por atreverse a investigar y sancionar algunos de los graves delitos cometidos por la cúpula gubernamental. Se acude al descrédito, al temor y a la amenaza para prepararle el terreno a una espuria reforma a la justicia que vienen cocinando entre telones.
Si se atrevieron a desconocer la existencia de las víctimas de desaparición forzada en el caso del Palacio de Justicia, van a querer hacer lo mismo con los “falsos positivos” del ejército, las “chuzadas” del DAS, los cohechos de la clase política, los robos concertados con los contratistas del Estado, y demás delitos. Ya lo están haciendo.
Pretenden cooptar y someter a la justicia. Quieren ocultar su alianza con la mafia. Van a cubrirle las espaldas a Uribe y a sus socios nacionales e internacionales. Adecuarán la institucionalidad a sus necesidades con el visto bueno del imperio y la oligarquía colombiana. Seguirán conviviendo con la mafia pero la echarán debajo de la alfombra. A Uribe lo premiarán limpiándole su hoja de vida. Ese será el pago de Santos. Seguro va a llamar a conformar un frente contra la corrupción para proteger a los corruptos.
Tampoco nos hizo recapacitar la situación del movimiento social. Indígenas, campesinos desplazados y víctimas del conflicto armado, con dolor y frustración, están dedicados a enterrar a sus muertos y a luchar contra la impunidad campante y galopante. Es el problema más apremiante que enfrentan con audiencias públicas y diversas formas de acción jurídica. Y están muy solos en esa tarea. No han podido concentrarse en la lucha por sus reivindicaciones específicas y su fuerza organizativa se ve cada día más diezmada.
La aparente fortaleza de las fuerzas continuistas se alimenta de la debilidad y dispersión de las fuerzas de la democracia. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Es parte de nuestra cruda y cruel realidad. No pudimos concertar puntos mínimos de acción política. ¡Le fallamos al pueblo colombiano! Ojalá ahora no nos dediquemos a echarnos culpas unos a otros, sino que en forma rápida e inmediata abordemos las tareas apremiantes que nos impone la vida.
Mirando hacia adelante
Frente a la eventualidad del gobierno de Santos, ya han aparecido los que le presentan propuestas sectoriales.Servirán para adornar la demagogia del mandadero de Uribe. El caso de la Central General del Trabajo CGT es paradigmático. Julio Roberto Gómez, su presidente, se ampara en la promesa de un supuesto Estatuto del Trabajo para ir tras un alto cargo burocrático. Otro más que se suma a la camada de oportunistas políticos.
El reto para los demócratas es grande. ¿Volvemos a jugar a una oposición hirsuta e insulsa? ¿Es suficiente la denuncia reiterada? Claro que hay que denunciar, pero los resultados demuestran que no es suficiente. Es un ejercicio insustancial porque no va acompañado de una fuerte unidad de las fuerzas democráticas o populares, y porque no se elaboran propuestas que tengan uncortante filo.
Se necesita construir propuestas con verdadero contenido político. Que sean un serio reto para el régimen dominante. Ellas deben sintetizar políticas de Estado, no sólo de gobierno. Deben ser presentadas por un conjunto de fuerzas políticas y sociales y deberán cuidarse de ser confundidas con acuerdos burocráticos y/o participación en el nuevo gobierno. Piedad Córdoba ha dado ejemplo de ese actuar: sin perder su papel de oposición se reunió más de una vez con Uribe para temas humanitarios con visión de estadista.
Dichas propuestas deben tener tal fuerza en su esencia constitutiva, que se conviertan en un doble problema para los representantes del régimen imperante: si las aceptan, es grave, ya que se deben comprometer a actuar contra los intereses de quienes protege; y, si las rechaza, es todavía más grave, dado que estarían oficializando su complicidad, van a quedar al descubierto ante la sociedad y la comunidad internacional.
No debemos olvidar que ellos van a querer ocultar sus graves delitos. Impedirlo, es nuestra obligación. Ello nos obliga a unirnos. Habrá que ponerle dientes a la “legalidad democrática”. Las fuerzas democráticas tendrán que unificarse en una creciente Alianza Ciudadana, en defensa de la justicia y la lucha contra la corrupción.
Hay que elaborar una fórmula para garantizar el nombramiento de un Fiscal General absolutamente independiente del gobierno. Debemos organizar un verdadero frente social y político en defensa de la Corte Suprema de Justicia. Hay que construir un movimiento de veedurías ciudadanas a lo largo y ancho del país.
Después de las elecciones los votos ya no serán un obstáculo. Por ello al frente de esa alianza deberán estar el Polo, los “verdes”, los liberales y conservadores que no se han dejado sobornar, y las organizaciones sociales.
Que los rencores, rencillas y disparidades propias de una campaña electoral no sirvan de excusa para seguir incumpliéndole a nuestro pueblo. Vamos, ¡todos a una!
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