martes, 27 de mayo de 2014

John Kerry, Internet y la Libertad de Expresión en Venezuela

  Libertad de Expresión en Venezuela durante 2014

La libertad de expresión en Internet es un asunto de mil aristas, en particular en nuestra amada Venezuela. Recientemente el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, denunció supuestas restricciones al acceso a Internet y el bloqueo de sitios web por parte del gobierno en Venezuela con el supuesto fin de reprimir las manifestaciones opositoras. Las palabras de Kerry han tenido muchísima repercusión fuera de nuestro país, pero
no aquí. No hay miles de personas con carteles exigiendo que se libere el Internet, no hay grafitis en las calles acusando a Maduro de censurar Twitter. Nadie en Venezuela se toma en serio la denuncia.

Los opositores venezolanos saben que Internet y las redes sociales más bien han servido para todo lo contrario: como mecanismo propagandístico y de convocatoria de la oposición, y  de amedrentamiento contra el chavismo. Y los chavistas más bien estamos preocupados por los terribles excesos que encontramos en dichas redes sociales, donde llaman a atentar contra la integridad física de numerosos compatriotas y sus familias. Más bien, lo que nos molesta es que las palabras de Kerry y otros políticos estadounidenses estén desviando el debate hacia donde no es.

Y es que, al margen de lo que usted pueda pensar sobre Maduro o las redes sociales, esta es una verdad incontrovertible:

NUNCA en la historia de nuestro país, había ocurrido que empresas privadas radicadas en el exterior, ofrecieran productos y servicios a MILLONES de venezolanas y venezolanos sin que hubiera regulación estatal alguna sobre dichas empresas.

Entendamos el peligro de esto:

  • Cuando McDonald's quiso establecerse en Venezuela, tuvo que cumplir una serie de pasos legales con el estado venezolano para que éste verificara la calidad de sus alimentos, la sanidad de sus locales y los derechos laborales de sus trabajadores; que se paguen los impuestos respectivos, y que se cumplan con las regulaciones de alcaldías y gobernaciones. Sí, las hamburguesas de McDonald's son un pésimo alimento, pero sin un Estado que las regule sería aún peor.
  • Para que Monsanto pueda ofrecer semillas y productos en Venezuela, éstos tienen que cumplir con diferentes leyes y regulaciones. Si las mismas no existieran, Monsanto nos llenarían de semillas transgénicas y sus abogados pondrían de rodillas aquellos campesinos que se nieguen a usarlas, como lo hacen en Estados Unidos y Europa.
  • El día que Ford, Chevrolet o Toyota quisieron vender automóviles en nuestro país, tuvieron que cumplir diferentes leyes y regulaciones que aseguraron que los vehículos no vayan a dañar a las personas, que se cumplan las regulaciones ambientales sobre emisiones de gases tóxicos y similares, que los cauchos sean de buena calidad (¿recuerdan los problemas con las Ford Explorer y los cauchos Firestone?), que sean compatibles con el combustible vendido en Venezuela, que ofrezcan garantías de soporte y servicio, etcétera.
  • Si una empresa extranjera compra un periódico, una radio o una televisora venezolana, la misma tiene que ceñirse a una serie de regulaciones. La libertad no es absoluta: un medio no puede ser usado para fomentar la realización de delitos, para llamar a derrocar un gobierno o para promover el terrorismo. 
  • Diferentes bancos venezolanos son propiedad de empresas extranjeras (Provincial, Bancaribe). Eso no evita que estén fuertemente reguladas por el Estado a través de entes como Sudeban o Fogade.
  • La empresa de telefonía Movistar es propiedad de una transnacional europea, y sin embargo tiene que cumplir todas las regulaciones que la Ley de Telecomunicaciones le impone.
El punto es: toda empresa extranjera que venda bienes o preste servicios a venezolanos tienen que cumplir nuestras leyes. Tienen que ser inspeccionadas y reguladas por el Estado, para asegurarnos de que no nos estén haciendo daño, de que no nos ofrezcan productos de pésima calidad o servicios deficientes. Es cierto que los entes reguladores dejan mucho qué desear, pero definitivamente es mejor que estén allí, a que no estén.

Pero no hay absolutamente ninguna ley venezolana que pueda regular a las empresas de redes sociales estadounidenses. Facebook, Twitter y Google son empresas con fines de lucro que ofrecen productos y servicios a no menos de 10 millones de personas en Venezuela, pero no tienen que rendir cuentas a nadie en este país. De hecho, ni siquiera están establecidas aquí.

Y es un asunto delicado. Millones de venezolanos "confiamos" en los dueños y trabajadores de Twitter, Google y Facebook, suministrándoles permanentemente nuestros datos personales, nuestra ubicación durante las 24 horas del día, las fotos de nuestros hijos, todos nuestros contactos, nuestra rutina diaria y nuestros secretos, tanto personales como laborales.

Pero en este artículo queremos ahondar en otro problema gravísimo con las redes sociales, que se profundizó durante las protestas llamadas "La Salida": y ese problema es, el irrespeto a nuestro derecho a la paz. Como usuarios de las redes sociales, queremos confiar en que lo que aparecerá en ellas respetará normas de convivencia básicas y elementales en cualquier país del mundo: no permitir mensajes llamando a la violencia, ni a cometer delitos, ni a asesinar gente, ni haciendo amenazas, ni divulgando nuestra información privada, mucho menos si esa información es usada para amedrentar.

Además, tampoco queremos que las redes sociales se usen para perturbar nuestra vida cotidiana, causar daños a nuestra comunidad o arriesgar la vida de terceros. No estamos pidiendo nada especial: sólo queremos que empresas como Google, Facebook y Twitter (entre otras) respeten nuestras leyes, nuestras normas de convivencia y nuestro sistema judicial de la misma manera que ellos respetan las leyes de Estados Unidos, Inglaterra y otros países.


Ni Google, Facebook o Twitter tienen oficinas en
Venezuela.
El problema es que esas empresas operan de forma extraterritorial. No hay oficinas de Twitter, Facebook o Google en Venezuela (y ojo: "Twitven" no es una filial de Twitter). Sus oficinas, trabajadores y los grandes computadores que almacenan toda la información de esas empresas se hallan en Estados Unidos y otros países del mundo. Por ende, no hay forma de citar a sus dueños, multarlos, o exigirles que cumplan nuestras leyes. La otra medida que podría tomar Venezuela es bloquearlos: una medida totalmente antipopular y fácilmente evadible.

Pero Estados Unidos ni siquiera nos quiere permitir debatir entre nosotros sobre esta cuestión: nos tiene ocupados poniéndonos permanentemente a la defensiva, desgastando nuestros esfuerzos comunicacionales para demostrarle al mundo lo que cualquier venezolano sabe: que aquí no se censura el Internet.

Este artículo lo queremos dividir en tres partes:

  1. Mostrar que Internet en Venezuela, lejos de estar bloqueado, ha sido usado por la oposición venezolana para convocar manifestaciones violentas y de carácter anticonstitucional, que no serían permitidas en ninguna parte del mundo. Algo que no se permite en otros países (y lo demostraremos con ejemplos).
  2.  Mostrar que la oposición ha usado Internet de formas absolutamente contrarias al espíritu de la libertad de expresión, usándolo para amenazar a individualidades del chavismo, divulgar sus datos personales y poner en peligro sus vidas y su integridad, lo que además viola las leyes venezolanas e internacionales, con poca anuencia de empresas que manejan redes sociales (Twitter, Facebook y otras) a la hora de procesar denuncias de amenazas, amedrentamientos y publicación de información personal.
  3. Mostrar que algunos países, como Brasil, han intentado hacer algo al respecto ante problemas similares, y sugerir humildemente a nuestros políticos y parlamentarios que unan esfuerzos con Brasil y otros países de UNASUR, CELAC y el Alba, para que podamos, todos juntos, plantarle cara a las empresas estadounidenses de redes sociales y podamos exigirles como un todo que respeten a nuestros ciudadanos y cumplan nuestras leyes.      

Internet como forma de convocar "La Salida"

El Sr. John Kerry alega que el gobierno venezolano supuestamente bloquea Internet para intentar reprimir las protestas opositores. Pero todo lo contrario, las protestas de la derecha siempre se han convocado y esparcido a través de Internet, aún desde su primer día, no sólo a través de cuentas oficiales de sus movimientos estudiantiles y partidos políticos, sino con el apoyo de cuentas como las del propio Leopoldo López (que tiene 2,8 millones de seguidores), Nelson Bocaranda (1,9 millones de seguidores), La Patilla (3,7 millones de seguidores), Henrique Capriles (4,4 millones), Alberto Ravell (un millón de seguidores) o Lucio Quincio (500 mil seguidores).
Veamos algunos ejemplos.
Muchas de estas protestas aparentemente eran pacíficas, pero terminaron en hechos violentos.

Pero además, hubo convocatorias no tan pacíficas:
Sin importar lo que John Kerry diga, todo venezolano sabe que estas convocatorias a guarimbas, barricadas y protestas violentas, se han hecho a través de redes sociales de Internet, de forma muy irresponsable por personas ubicadas dentro o fuera del país que tienen cuentas con cientos de miles o hasta con millones de seguidores. Casi todas estas convocatorias han terminado con enfrentamientos con cuerpos de seguridad, dejando decenas de personas heridas y hasta muertos.

En el caso de personas como Robert Alonso o el salsero Willie Colón, quienes han participado activamente en realizar convocatorias violentas, todos las realizan desde los Estados Unidos, usando redes sociales establecidas en ese país. No hay registro de que algún vocero del gobierno estadounidense o de sus cuerpos policiales hayan hecho si quiera un llamado de atención a quienes realizan estas convocatorias desde su propio país.

¿Permitirían esto en sus propios países?

Lo hipócrita del asunto es que países como Estados Unidos e Inglaterra han usado todo el peso de la ley para castigar a quienes han hecho llamados a manifestaciones violentas desde sus propios países, no sólo bloqueando cuentas o borrando páginas, sino apresando a los manifestantes. Además, han contado con el completo apoyo de las empresas de redes sociales. Veamos algunos ejemplos.

Manifestaciones violentas en Inglaterra, agosto de 2011


No, no es Chacao. Es Tottenham (Inglaterra) el 7 de agosto
de 2011. Foto: DailyMail.co.uk
El 6 de agosto de 2011, Mark Duggan, un joven de 29 años padre de cuatro hijos, de raza negra, fue abatido por la Policía Metropolitana de Londres durante un tiroteo. Este hecho desencadenó una serie de disturbios violentos en todo el país, que dejaron unas 5 personas muertas y se extendieron por 6 días. Hubo incendios, saqueos y ataques a los efectivos policiales en todo el país.

Los medios de comunicación y el gobierno londinense indicaron que las protestas se esparcieron con mucha rapidez gracias al uso de redes sociales, fundamentalmente la mensajería de Blackberry, pero también "por culpa" de Facebook y Twitter.

Pocos días después de terminar los disturbios, el 16 de agosto, se conoció que "dos hombres han sido condenados a cuatro años de cárcel este martes por incitar a las protestas y a la violencia en las redes sociales, tras las revueltas que sacudieron el país la semana pasada", señala una noticia de AFP.

"Jordan Blackshaw, de 20 años, creó un evento en Facebook titulado 'Destruir la ciudad de Northwich' (noroeste de Inglaterra). Según el fiscal Martin McRobb, la página fue creada el pasado 9 de agosto. El segundo acusado, Perry Sutcliffe-Keenan, de 22 años, incitó a una protesta en su barrio de Warrington (noroeste), abriendo una página en Facebook llamada 'Organicemos una revuelta'. Los dos jóvenes han 'utilizado Facebook para organizar y orquestar graves revueltas', ha declarado el fiscal frente al tribunal de Chester, al noroeste de Inglaterra".

 Jordan Blackshaw, a la izquierda, y Perry Sutcliffe-Keenan fueron condenados
a 4 años
de cárcel por llamar a manifestaciones violentas desde Facebook.
La empresa cerró las páginas creadas por ellos a solicitud de la policía local.
Señaló el fiscal McRobb que "la policía reaccionó 'rápidamente para cerrar las páginas web y asegurarse que nadie participara en estos eventos organizados. De todas formas, estos mensajes han provocado un pánico considerable y un sentimiento de revuelta en varios barrios', afirma".

David Cameron, primer ministro británico, alabó la rápida sentencia, tomada apenas una semana después de finalizados los disturbios. Indicó, según el diario Daily Mail, que el juez envió un mensaje muy claro de que la violencia desatada era el camino equivocado, y apoyó que los jóvenes fueran condenados a pesar de que sus planes hubieran llegado a nada.


"Pienso que es correcto que permitamos a los tribunales tomar este tipo de decisiones en sus sentencias"," dijo Cameron Ellos decidieron emitir una sentencia dura y enviar un mensaje fuerte. Pienso que es correcto que los tribunales puedan hacer eso. Lo que pasó en nuestras calles fue un comportamiento absolutamente horroroso,  y el enviar un mensaje muy claro de que esto está mal y no será tolerado es lo que un sistema de justicia debería estar haciendo".

Cameron llegó al extremo de proponer al Parlamento británico legislar sobre si se debía bloquear las comunicaciones en redes sociales cuando se produzcan disturbios de este tipo, y sugirió que quienes sean hallados culpables de promover la violencia a través de Twitter, Facebook o similares deberían ser suspendidos permanentemente de estas redes, como denota este artículo de The Guardian.

Incluso señaló: "Cuando la gente usa redes sociales para la violencia, nosotros tenemos que detenerlos. Por ello, estamos trabajando con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para ver cuándo sería correcto detener las comunicaciones de la gente a través de servicios web cuando sepamos que están planeando violencia, desórdenes y criminalidad. He preguntado a la Policía si necesitan nuevos poderes (atribuciones)". Dicho artículo indicó que Scotland Yard -la policía londinense- ha realizado una serie de arrestos a quienes habían emitido mensajes en Facebook, Twitter y mensajería de Blackberry, llamando a la violencia.

El gobierno británico se reunió el 25 de agosto de ese año con ejecutivos de Facebook, Twitter y RIM (Blackberry) para analizar los disturbios y el uso de las redes sociales en su promoción. Facebook calificó la reunión de "positiva" y adelantó que ya había tomado pasos para agilizar la eliminación de material en su red social que hiciera llamados a la violencia o fuera ofensivo.

Patrick Spence, director regional de RIM
(Blackberry) en 2011: "Estamos cooperando
 con el Ministerio del Interior de Reino Unido"
Durante las manifestaciones, la empresa Blackberry también se había comunicado con la policía británica para cooperar en brindar información sobre las personas que estaban enviando mensajes promoviendo disturbios. "¡Tremendos sapos!", dirían en Venezuela. El 8 de agosto, The Guardian informó que Patrick Spence, director regional de mercadeo de Research in Motion (RIM, entonces dueños de Blackberry), confirmó que la empresa "había contactado a la policía para ayudar con la investigación". Señaló que "nos solidarizamos con quienes se vieron impactados por los disturbios en Londres. Hemos contactado a las autoridades para ayudarles en todo lo que podamos". Indicó que RIM cumple con las leyes británicas para interceptar comunicaciones y que están cooperando con el Ministerio del Interior (Home Office) del Reino Unido.

No puedo imaginar lo que pasaría en Venezuela si la empresa Blackberry declarara que está cooperando con el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres... posiblemente veríamos montañas de teléfonos Q5 y Z10 siendo incendiadas en Altamira.

Aún cuando diferentes organizaciones y movimientos sociales se quejaron por las afirmaciones de Cameron, no hubo acusaciones de parte de otros gobiernos -mucho menos de EEUU- de que Gran Bretaña estuviese considerando censurar Internet.  Tal parece que el cierre de cuentas de Facebook y el arresto de quienes convocan a manifestaciones violentas está bien si se hace en Inglaterra, pero está mal si ocurre en Venezuela.




Delatar los movimientos de cuerpos policiales es delito en otros países

En Estados Unidos, el revelar en las redes sociales los movimientos de los cuerpos de seguridad cuando van a controlar manifestaciones ha sido severamente castigado, aún cuando es algo normal en Venezuela. En octubre de 2009,  Elliot Madison y Michael Wallschlaeger fueron arrestados luego de que revelaran vía Twitter los movimientos de los cuerpos policiales que reprimían a los manifestantes que protestaban contra la Cumbre del G-20, que se efectuaba ese año en Pittsburg.


Más de 200 manifestantes fueron arrestados
en la cumbre del G-20. Foto: Tim Ireland/PA
Según la policía, ambas personas usaron mensajes de Twitter para contactar a los manifestantes en la cumbre e informarles de los movimientos de los cuerpos policiales "que efectuaban acciones para el cumplimiento de la ley". El lugar donde se encontraba Madison fue allanado, hallándose laptops y radios de banda ciudadana en las cuales escuchaban los mensajes de los cuerpos policiales, que en dicho país es considerado información pública. Luego, su casa fue allanada en una operación que duró 16 horas. Madison fue puesto en libertad bajo fianza, teniendo que pagar 30 mil dólares. Aquel día, también fueron arrestados unos 200 manifestantes por la Policía local.

Posteriormente se reveló que la empresa Twitter había colaborado con los cuerpos policiales en la identificación de estas personas, cerrando además las cuentas usadas. Señala un artículo del periódico Workers Vanguard: "Twitter, en cooperación con los cuerpos policiales, cerró las cuentas de los anarquistas, colocando una notificación de que 'fueron cerradas por actividades extrañas'. Esta 'actividad extraña', de acuerdo a la boleta criminal emitida en Pennsilvania, consistió en que las dos personas 'dirigían a otros, específicamente a manifestantes de la cumbre G-20, con el fin de evadir los arrestos después de que la policía les dio la orden de dispersarse'". Workers Vanguard alabó el trabajo de ambos activistas, señalando que gracias a sus alertas cientos de personas pudieron evitar ser detenidas por la policía local.

En Venezuela, durante los 3 meses que han durado las protestas violentas en Venezuela, ha sido cotidiano y "normal" que manifestantes opositores usen la red social Twitter para avisar de la inminente llegada de cuerpos policiales y de seguridad a lugares donde se producen desórdenes, guarimbas y barricadas. Aquí colocamos unos cuantos ejemplos, pero se pueden encontrar cientos o hasta miles de casos.

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Incluso periodistas opositores lo hacen desde sus cuentas oficiales, identificados con sus nombres y apellidos... no las incluimos acá para que no se diga que los estamos acosando o amedrentando a la prensa (ni tampoco estaríamos de acuerdo en que se les acuse de nada), pero el punto es que aquí se ha vuelto normal algo que en Estados Unidos es castigado severamente.

Aclaramos que esto no lo estamos denunciando para exigir que se haga lo mismo en Venezuela (lo último que necesitamos es que se comience a arrestar a quien tuitée la foto de una tanqueta de la Guardia Nacional frente a su casa). Todo lo contrario: lo denunciamos para denotar la hipocresía del Sr. John Kerry, quien desde su país acusa al nuestro de restringir Internet, aún cuando Venezuela no ha llegado a los extremos de Estados Unidos para reprimir las manifestaciones en su país. Los cuerpos policiales en Venezuela tampoco cuentan con la colaboración de empresas como Twitter, Facebook o Blackberry para cerrar las cuentas que delaten a los cuerpos policiales, ni para identificar a los que usan dichas cuentas para promover la violencia.

Llamar al Magnicidio en Twitter: Depende de si eres Obama o Maduro

Llamar al magnicidio es una acción repudiable e ilegal en la mayoría de los países. Colombia aún no se recupera de la ola de violencia tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

Estados Unidos se toma muy en serio las amenazas de muerte a su Primer Mandatario, así sea por redes sociales: En 2013, Jarvis Britton, de 26 años, fue condenado a un año de prisión y tres años adicionales bajo vigilancia policial, por haber dicho en Twitter que quería matar a Barack Obama. Meses antes, otro joven, Donte Jamar Sims, de 22 años, fue sentenciado a seis meses de prisión por actos similares. En 2012, Joaquin Serrapio, de 21 años, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional tras haber amenazado a Obama en Facebook durante una visita a Miami. En 2010, Brian Dean Miller fue sentenciado a 27 meses de cárcel tras amenazar a Obama de muerte en el sitio web CraigList.

Tal vez esa sea la razón por la que hoy, 11 de mayo de 2014, cuando escribí en el buscador de Twitter la frase "kill obama" (matar a Obama) tratando de buscar algún tuit llamando a asesinar al primer mandatario estadounidense en las últimas 48 horas, prácticamente no encontré ningún resultado relevante. Desconozco si la razón es el miedo por parte de la población a enfrentarse a acciones penales, o si es que la empresa Twitter reacciona rápidamente y borra de inmediato tuits de este tipo.

Pero al buscar la frase "matar a Maduro", las cosas cambian. Estos son algunos de los tuits que aparecen entre el 9 y el 11 de mayo de 2014 al poner la frase "matar a maduro" en el buscador de Twitter.


Que personas muy jóvenes conversen sobre asesinar a nuestro Jefe de Estado de forma tan trivial, es un asunto para preocuparnos por partida doble: por un lado, preguntarnos por qué estos jóvenes hablan de esa manera sobre un tema tan grave y delicado, y por el otro lado, preguntarnos por qué una empresa privada de  redes sociales como Twitter, no reacciona con las amenazas de muerte a Maduro con la misma velocidad con la que reacciona cuando se amenaza a Obama.

Haciendo búsquedas más profundas en Twitter, encontramos tuits con imágenes aún más perniciosas contra el presidente venezolano y sus funcionarios, algunas de ellas amenazándolos con sufrir el mismo destino que sufrieron los entonces presidentes de Libia, Muhammad Ghadaffi, o de Irak, Saddam Hussein. Las reproducimos a continuación para dejar constancia de nuestros argumentos.




Es muy hipócrita que el gobierno de Estados Unidos acuse a Venezuela de violar la libertad de expresión en Internet, cuando nuestro país más bien permite que se usen redes sociales establecidas en suelo estadounidense para convocar protestas violentas que han alterado la paz de nuestro país por 90 días, y además para amenazar de muerte y llamar a asesinar a nuestros líderes de una forma tan clara.

Sólo por no dejar, coloqué "kill john kerry" en el buscador de Twitter a ver qué aparecía. Y nuevamente, no encontré ni un sólo tuit llamando a asesinar al Secretario de Estado norteamericano. Lo que sí encontré fue tuits enviados a John Kerry desde Ucrania, de niños pidiéndole que por favor no los maten.


Niños ucranianos piden a John Kerry que no los mate
España y los tuits llamando al asesinato
En Venezuela tendemos a trivializar estas amenazas de muerte, ya que tendemos a suponer que se trata de jóvenes de 17 a 20 años, "malandritos de teclado" que desatan sus molestias a través de las redes sociales y que difícilmente se atreverían a tomar un arma en el "mundo real" para asesinar a alguien. Ojalá siempre sea así. Pero en otros países, como España, estas amenazas no se toman de forma trivial.

El pasado 28 de abril de 2014, la Guardia Civil española anunció el arresto de 21 personas por haber usado las redes sociales para enaltecer el terrorismo o promover asesinatos. Algunos de los tuits son muy parecidos a los que estamos acostumbrados a ver en Venezuela.

En uno de los tuits que causó los arrestos, se lee: "Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión", mientras se mostraba la foto del funeral de Fernando Trapero, un guardia civil asesinado por ETA en 2007.  Otro de los tuits decía: "Lástima que ya no haya ETA para que seas la nueva Irene Villa", en referencia a una periodista española que perdió sus dos piernas en un atentado de esa organización. Otra persona arrestada había tuiteado: "El próximo 13 de mayo sería el cumpleaños de Miguel Ángel Blanco, pero oooh ETA le metió dos tiros en la chola #quesejoda #pudrete". Blanco era un concejal del Partido Popular, asesinado en 1997.

En Venezuela, desafortunadamente, tuits parecidos a los anteriores se han vuelto muy comunes. Estos son sólo algunos de los que hemos podido hallar, alegrándose o apoyando la muerte de varios efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o el reciente asesinato del concejal y presidente del Concejo Municipal de Caracas, Eliécer Otaiza.


Otro comentario publicado en la red social Twitter, de otra de las 21 personas que fue arrestada en España, decía: "Lo mejor que nos podría ocurrir es la vuelta de ETA a las armas y posterior eliminación del Partido Popular a base de bombas y tiros en la nuca". Parecido a esto:

Incluso se ha llegado en Venezuela a los extremos de publicar esquemas de los vehículos blindados y tanquetas usadas por la Guardia Nacional Bolivariana, indicando dónde lanzar las bombas molotovs contra ellas para causarles el mayor daño posible, poniendo en peligro la vida de sus ocupantes. 
Es de notar que estas tanquetas sólo lanzan gases lacrimógenos y la GNB tiene estrictas órdenes de usar únicamente armamento no letal. Los poquísimos casos donde esta orden ha sido desobedecida han sido castigados contundentemente.


Con esto, no estamos sugiriendo que se tomen en Venezuela medidas similares a las que toman España, Estados Unidos o Inglaterra contra sus ciudadanos (aunque sí sería interesante abrir la discusión sobre estos temas). Nuestra principal intención es denotar la hipocresía de las potencias y de quienes alegan que en Venezuela se está censurando las redes sociales y el Internet, cuando en realidad pasa todo lo contrario: encontramos personas haciendo llamados a través de Twitter y Facebook que serían absolutamente inaceptables en países como Estados Unidos, Inglaterra o España, y que acarrearían prisión de inmediato a quienes lo hagan.

Dar direcciones y datos privados de chavistas y llamar a atacarlos

Tal vez una de las acciones más reprochables que ha cometido la oposición abusando de su libertad de expresión en las redes sociales, es el uso de cuentas con una gran cantidad de seguidores para esparcir información sobre personas que apoyan al proceso revolucionario y viven en zonas de clase media, con el objetivo de amedrentarlos y evitar que denuncien los hechos delictivos que la oposición violenta realiza en la zona. Es algo que se ha hecho incluso con periodistas de medios públicos, y donde no ha habido solidaridad de ninguno de los organismos gremiales que responden inmediatamente cuando un periodista opositor es atacado.

Uno de los casos más repudiables de intimidación ocurrió el pasado 26 de abril, cuando un grupo de adolescentes y jóvenes guarimberos intentaron bloquear de forma violenta la autopista Prados del Este, en el sureste de Caracas, casi todos preparados con bombas molotovs y otros artilugios para enfrentar a la policía. La Guardia Nacional Bolivariana los interceptó a tiempo, y los jóvenes huyeron hacia el barrio El Güire, penetrando en las casas de numerosas personas para intentar refugiarse y evitar ser detenidos por la GNB.


Barrio El Güire, en Santa Fe
¿Qué haría usted si una persona desconocida irrumpe en su hogar de forma violenta sin su consentimiento? ¿No haría cualquier cosa para sacarlo de allí? De hecho, en la Patria de John Kerry, la Segunda Enmienda de su Constitución permite a los estadounidenses poseer armas y existen leyes en la mayor parte del país (llamadas "Stand your ground" en algunos lugares) que autorizan a una persona a disparar contra quien ingrese por la fuerza a su hogar.

Los habitantes de El Güire no llegaron a esos extremos, pero varios de ellos sí decidieron entregar los guarimberos invasores a la GNB, o llamaron a la Guardia para pedirles que saquen a los guarimberos de sus casas. En total, hubo 18 detenidos ese día.

Algunos periodistas grabaron a los habitantes de El Güire con sus cámaras GoPro. Aquí en Venezuela hay fotorreporteros, casi todos ligados a medios de oposición, quienes acuden a las protestas opositoras (especialmente a aquellas donde saben que van a haber disturbios) y graban todo permanentemente con pequeñas camaritas GoPro, creadas originalmente para grabar deportes extremos. Luego editan y publican los videos, presentando a los guarimberos como héroes.



Estos periodistas subieron los videos a Youtube y a sitios como La Patilla. De allí, gente inescrupulosa de oposición tomó las imágenes de los habitantes de El Güire y comenzaron a difundirlas por redes sociales con el fin de identificarlos y divulgar sus datos personales (cédula de identidad, nombre completo, dirección de su hogar, lugar de trabajo, fotos con otras personas y otros datos), llamándolos "sapos": una forma muy ruda en Venezuela para referirse a los delatores, y prácticamente una sentencia de muerte en ciertos espacios.

Cientos de cuentas de Twitter participaron en la campaña mostrando fotos y datos personales de los habitantes de El Güire. El más notorio de ellos fue el salsero Willie Colón, desde su cuenta oficial con 2,6 millones de seguidores, y quien comenzó a participar en esta campaña esparciendo los datos de estas y otras personas por haber pedido a la Guardia Nacional sacar a jóvenes guarimberos que habían invadido sus hogares.

Compartimos dos de los tuits que emitió Willie Colón, no sin antes indicar que él lanzó decenas de tuits similares aquel día. Hemos difuminado los nombres, direcciones y rostros de las personas cuyos datos fueron divulgados.




Es necesario indicar que, para el momento de escribirse este artículo (13 de mayo), ninguno de los tuits de Willie Colón o de otras personas publicando datos personales de los habitantes de El Güire habían sido eliminados por la empresa Twitter, quien paradójicamente recomienda a las personas que formulan denuncias acudir a las autoridades locales. Pero, si las autoridades venezolanas exigieran a Twitter borrar estos mensajes, la empresa acusará a Venezuela de fomentar la censura en Internet.

No es de extrañar que el diario El Correo del Orinoco señale los graves problemas de convivencia desatados a partir de los ocurrido aquel 26 de abril. Un vecino chavista, quien pidió no ser identificado y que no estaba en su casa aquel día, señala que los daños a su hogar por la incursión de los guarimberos le ocasionaron gastos por Bs. 30 mil, pero que sus propios vecinos se volvieron contra él por el simple hecho de tener una postura política distinta y criticar lo que ocurrió. "Fui la casa más afectada y, con todo y eso, algunos de mis vecinos de años, a quienes conozco desde que nací, y que me crié con ellos, me amenazaron; también, a las personas que me ayudaron a reparar mi vivienda”.

“Tengo entendido que agarraron a 18 de los manifestantes, pero lo curioso es que los mismos vecinos, mis vecinos, ahora son capaces de amenazar de muerte a los que antes eran sus amigos”, indicó este vecino de 40 años, todos vividos en El Güire. “Son los más radicales opositores al Gobierno los que hoy en día están publicando fotos y por Facebook y amenazan de muerte a sus vecinos”, subrayó. “Antes no era así”, aseguró, y agregó que, a pesar de que entre ellos se conocían las tendencias políticas, “se podía convivir”.

Alguien podría decir que, al atacar a Twitter y Facebook, estamos atacando al mensajero. Pero el hecho es que, si estos hechos hubieran ocurrido en Estados Unidos o Inglaterra, estas empresas hubieran respondido con celeridad borrando los datos personales, las amenazas y los mensajes instigando a la violencia de unos vecinos contra otros. Ese es el problema de fondo aquí: la empresa Twitter (y demás empresas de redes sociales) no obedecen leyes elementales de nuestro país, y terminan convirtiéndose en un elemento multiplicador de la agresividad y el odio político.

Para muestra, muchos botones: esta es una pequeña muestra de imágenes de otros partidarios del chavismo a quienes se ha atacado desde redes sociales como Twitter, colocando sus fotos, nombre completo, dirección de su vivienda y otros datos personales, e instigando a atacarlos y agredirlos.

Hemos difuminado las fotos para no revelar la información privada de estas personas. Y reiteramos: es una pequeña muestra. Son cientos de casos. La empresa Twitter, en la gran mayoría de los casos, sólo recomienda contactar a "las autoridades locales" y no toma medidas, ni mucho menos elimina los tuits o sanciona las cuentas involucradas.



¿Qué hacer?

Es importante que las y los venezolanos comencemos a discutir no sólo las bondades, sino los peligros y amenazas que las empresas de redes sociales causan en nuestra vida diaria. Y uno de los problemas más graves es el hecho de que este tipo de empresas deberían estar obligadas a obedecer las leyes venezolanas y rendir cuentas al pueblo venezolano, pero no lo hacen por estar radicadas en otro país.

Tiene que abrirse la discusión al respecto. El objetivo no debe ser prohibir, censurar, bloquear, pero sí exigir que nuestra vida no sea alterada por un grupo mínimo de personas que desean escudarse en el anonimato para decir, a través de las empresas de redes sociales, lo que no se atreverían a decir en persona o lo que está prohibido decir en los medios tradicionales de cualquier país del mundo.

El peligro de esta situación se demostró en Ruanda en 1994, cuando el odio promovido a través de medios de comunicación (en ese momento la radio) causó un genocidio que costó la vida a casi un millón de personas. ¿Habrá que esperar a que hayan muertos por las amenazas y el odio infundido a través de cuentas en las redes sociales, para empezar a discutir el tema?

Pues recordemos que hay tuits muy famosos, que ya han costado la vida de varias personas en nuestro país.

Los comentarios irresponsables del periodista Nelson Bocaranda,
quien tiene casi 2 millones de seguidores en su cuenta de Twitter,
ocasionaron ataques en abril de 2013 contra centros de salud
(CDI) del Estado. 
Los consejos del general retirado Angel Vivas sobre
la colocación de alambres o guayas atravesando avenidas
y vías públicas han costado la vida de varios motorizados
que han impactado contra ellas, siendo Elvis Durán
el caso más conocido.
Brasil ha tenido sus discusiones sobre el tema de Internet, motivadas en las revelaciones de Edward Snowden, de que su gobierno ha sido espiado en numerosas ocasiones por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Un tema que también debería preocuparnos a nosotros.

Por esa razón, el gobierno de Dilma Rousseff discutió y aprobó el pasado mes de marzo el Marco Civil de Internet, un conjunto de normas relacionadas con las empresas de Internet, que busca entre otros objetivos garantizar la neutralidad de la red y el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Puede consultar una traducción no oficial al español haciendo click aquí.

Hay que destacar que el Marco Civil de Internet se discutió durante varios meses y en principio buscaba ser más radical. Por ejemplo, inicialmente se planteó que empresas como Google, Facebook y Twitter debían instalar centros de datos en territorio brasileño, con el fin de almacenar la información de los habitantes de ese país en su propio país y no en los Estados Unidos u otros países extranjeros. Esta hubiera sido una excelente muestra de soberanía e independencia tecnológica, pero dicha opción tuvo que ser desechada, al menos por ahora.


Finalmente, se aprobó el artículo 11, que dice: "En cualquier operación de recolección, almacenamiento, protección o tratamiento de registros, datos personales o de comunicaciones por proveedores de conexión y de aplicaciones de internet en las que por lo menos uno de estos actos ocurra en territorio nacional, deberá ser obligatoriamente respetada la legislación brasilera, los derechos a la privacidad y a la protección de los datos personales y al secreto de las comunicaciones privadas y de los registros. Lo dispuesto en el artículo se aplica a los datos recolectados en territorio nacional y al contenido de las comunicaciones en las cuales por lo menos uno de los dos está localizado en Brasil."

En otras palabras: Brasil obliga a Twitter, Facebook y Google a cumplir con su legislación, aún estando esas empresas radicadas en otras naciones. Venezuela debe seguir su ejemplo.

El Marco Civil de Internet  también prevé, en el artículo 12, diferentes sanciones para las empresas que violen estas normas, que deberán aplicarse de forma progresiva: desde advertencias, multas, suspensión temporal de las actividades o prohibición completa del ejercicio de actividades, y también se aplica a empresas de Internet radicadas en otros países. Es decir: Brasil sí le da la potestad a sus tribunales de llegar al bloqueo total a una página o servicio web como Twitter o Facebook si éste decide, en reiteradas ocasiones, no obedecer a los tribunales brasileños.  No he escuchado quejas de ningún país al respecto.

Esta es una excelente oportunidad de unirnos como países latinoamericanos, a través de organismos multilaterales como Unasur, Mercosur, el Alba, Celac y otros para generar una legislación común que confronte a las grandes transnacionales de Internet y les ponga coto. ¡Es hora de ponernos en pie y demostrarles que sí tenemos soberanía y dignidad! No esperemos a que ocurran tragedias peores para decidir hacer algo.
Fuente : Luigino Bracci   AQUI
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