Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/29/index.php?section=politica&article=003n1pol
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