jueves, 19 de junio de 2008

Latinoamerica contra la criminalización de los emigrantes

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la controvertida Directiva de Retorno, una ley que criminaliza la condición de residencia ilegal de millones de inmigrantes. La ley fue aprobada por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 en blanco.

La legislación debe entrar en vigor en el año 2010. Esto significaría que ocho millones de inmigrantes ilegales de 27 estados miembros de la UE estarían afectados. Los eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirmaron que criminaliza a las personas indocumentadas y sostuvieron que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.

Varios países latinoamericanos emitieron su rechazo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien anunció que tomará acciones para lograr el apoyo a nivel andino – suraméricano en contra de la recién nacida ley.
Es "la directiva de la vergüenza, es una vergüenza lo que ha hecho Europa", sostuvo Correa, "¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado esa directiva?".
Según cálculos del Gobierno, alrededor de tres millones de ecuatorianos residen fuera de su país, la mayoría en Estados Unidos, España e Italia.

Paraguay, anunció que planteará el problema en la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realizará el próximo 1 de julio en Argentina, un pronunciamiento para rechazar la legislación.
Evo Morales, había escrito en una carta a la UE donde solicitó ''a nombre del pueblo boliviano de todos mis hermanos del continente, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, de los ciudadanos y activistas de Europa para que no se apruebe el texto de la directiva de retorno''.

El senado de Uruguay rechazó la ley por unanimidad e instó a los parlamentos del resto de Latinoamérica a sumarse a su reprobación, además de "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".
Las cancillerías de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) enviaron el pasado 9 de junio una comunicación a la UE en la que señalaron "las consecuencias negativas" de la directiva de retorno "podría ocasionar para los más de tres millones de inmigrantes de origen andino que residen en el territorio europeo".

Todos critican la flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de millónes de inmigrantes.

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