Ataque legislativo a los derechos de la mujer
En México, la interrupción del embarazo es legal en caso de violación en todos los estados federales. En 29 entidades se permite en caso de peligro de muerte para la madre y en 13 por malformaciones genéticas o congénitas del feto. Sólo en Yucatán se permite por razones económicas y sólo a madres que tengan al menos 3 hijos. Y desde el 2007 en el D.F. es totalmente legal hasta la 12ª semana (v. mapa aborto en México).
Sin embargo, en muchos estados –como Guanajuato y Baja California- se les ha negado a las mujeres violadas y embarazadas tanto la información de sus derechos como los contraceptivos de emergencia y el derecho a abortar, como en los tristemente célebres casos de Paulina, la niña bajacaliforniana de 13 años, que en 1999 fue violada y obligada a tener el niño, y de María, una muchacha oaxaqueña con discapacidad auditiva, que en 2004 tuvo una suerte parecida.
En 2008 el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Aguirre Anguiano, propuso la abrogación de la Ley de Despenalización del Aborto en el Distrito Federal, pero tras varios meses de análisis y debate, la SCJN rechazó la invalidación, dejando invariada dicha ley.
Sin embargo, desde entonces parece haberse articulado una verdadera campaña para aumentar las restricciones legales en materia: en los últimos meses los Congresos de los Estados de Campeche, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora han modificado sus Constituciones estatales al introducir la protección al “derecho a la vida desde el momento de la concepción”. Esto significa que ni en caso de violación, ni de grave malformación del feto, así como de peligro de vida para la madre, se permitirá el aborto.
¿A qué se debe este repentino endurecimiento legislativo? Probablemente es la respuesta de los sectores más reaccionarios y conservadores a la posibilidad -que quedó abierta con la declaración histórica de la SCJN- de extender a otros Estados la despenalización.
Es obvio que el PAN reciba una gran influencia de la Iglesia católica y entre sus filas cuente con exponentes del Yunque y de otras formaciones políticos-religiosas clandestinas de extrema derecha, pero no se explica cómo también el PRI –que hasta ahora había defendido el Estado laico- Nueva Alianza y hasta partidos que se sitúan a la izquierda (como Convergencia, por ejemplo) estén avalando este tipo de iniciativas.
En el mundo sólo 3 países tienen una legislación tan restrictiva: Chile, Nicaragua y El Salvador. En todos los demás países el aborto es legal o despenalizado en algunos casos, como los antes mencionados (v. mapa del aborto en el mundo).
La religión católica ha variado su postura en el tema con el paso de los siglos: Santo Tomás y San Agustín afirmaban que el embrión no tenía alma hasta que asumía forma humana. En la Edad Media, el derecho canónico establecía la distinción entre el corpus formatum (que podía recibir el alma, convirtiéndose en feto animado) y el corpus informatum (que no había llegado a ese estado).
Basándose en la teoría de Aristóteles, el feto se volvía humano después de 40 días de la concepción, en los varones, y de 80 días, en las mujeres. A partir de la edad de la Ilustración, prevaleció la creencia que el alma humana se formaría al momento de la concepción.
En el mundo católico también hay posiciones encontradas: existen católicos que creen que las mujeres deban poder decidir libremente (v. Católicas por el derecho a decidir) y otros que se oponen firmemente (Provida).
Más allá de las convicciones personales, es evidente que ninguna legislación restrictiva ha logrado erradicar la práctica del aborto clandestino, en la que pierden la vida miles de mujeres en el mundo, y que se trata de un problema de salud pública.
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