Cosmosvisión, territorio y agua (4)

arte Huichól

Fernando Dorado

Por otro lado las transnacionales han fortalecido su presencia en la región. Smurfit-Kapa amplió su frontera forestal y trasladó los cultivos del norte del departamento a municipios del centro y occidente debido a la resistencia territorial indígena en el norte. Hoy es un factor de poder en el departamento con aproximadamente 35.000 has de cultivos de pino y eucalipto.

Unión Fenosa, transnacional española, es la principal accionista de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA, propietaria de la represa de la Salvajina. Anglo Gold Ashanti tiene concesiones mineras en 13 municipios. Empresas extranjeras en alianza con el gobierno colombiano vienen instalando proyectos de cultivos de caña y palma africana para agrocombustibles en la Costa Pacífica, al igual que ha sucedido en el norte del Cauca. La biodiversidad del Macizo Colombiano está en la mira de diversas empresas. El carbón de la cordillera occidental está en plena explotación.

La lucha por el territorio y el agua
Los territorios y las cuencas hidrográficas de la región hacen parte de territorios de jurisdicción indígena. En los últimos 8 años se observa una fuerte campaña de los sectores dominantes de la región contra esas comunidades. Con el liderazgo de los dos últimos gobernadores, Juan José Chaux Mosquera, hoy detenido por ser la principal cabeza de la “parapolítica” en el departamento, y por el actual gobernante, Guillermo Alberto Gonzáles Mosquera, el apoyo de ASOCAÑA y toda la clase empresarial, y el gobierno nacional, se ha lanzado un plan de exterminio y persecución de las organizaciones de nativos y de sus principales dirigentes.

Dicho plan tiene diversas variables. Se ha acrecentado el conflicto en la zona de mayor fortaleza del movimiento: El norte del Cauca. Se aprovecha la presencia de la guerrilla para generar un clima de violencia. Han sido asesinados numerosos dirigentes. Se han creado organismos campesinos e indígenas paralelas (Asocampo, Fedecampo, Organización Pluricultural Indígena del Cauca OPIC), manejadas desde la institucionalidad terrateniente para cercar y desgastar a las organizaciones auténticas de las comunidades.

Se impide la compra de nuevas áreas de tierra para pueblos indios, generando una campaña de xenofobia entre los campesinos mestizos tratando de que – como ya lo han hecho – los pueblos guambianos y nasas compren tierras en otros departamentos, como el Caquetá y Putumayo. Es un desplazamiento forzado impulsado y legitimado desde el gobierno.

La apropiación de las fuentes de agua ha sido un proceso paulatino. Existen 256 acueductos y abastos de agua comunitarios. En su mayoría han sido construidos con esfuerzos propios, con la colaboración de Salud Pública y la CVC cuando tenían presencia en las regiones. Se han invertido parte de los subsidios de vivienda y en los últimos 15 años los recursos económicos han provenido de las transferencias a municipios y cabildos indígenas.

Esos sistemas comunitarios son administrados por empresas asociativas y juntas administradoras. Algunos tienen forma cooperativa. En las comunidades indígenas son operados mediante contribuciones mínimas y trabajo colectivo. El Estado sólo tiene control sobre los acueductos de las cabeceras municipales, aunque hay un proceso de apropiación comunitario como respuesta a la politiquería y al desgreño administrativo.

Los acueductos construidos por las comunidades campesinas cafeteras son los más organizados. Muchos cuentan con plantas de tratamiento y tienen sistemas de contribución y de pago con tarifas relativamente bajas. En los últimos 5 años se presenta una gran tensión frente a los intentos de la Comisión de Regulación de Aguas CRA, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Territorial MADT, y los gobiernos locales, de obligarlos a aplicar la normatividad de tipo comercial contenida en la Ley 142 de 1994. La herramienta de presión ha sido el Sistema Unificado de Información SUI. Con el argumento de la modernización empresarial se pretende imponer criterios de rentabilidad y productividad privados que han sido rechazados por las comunidades.

El Estado ha lanzado una ofensiva con el Plan Departamental de Aguas, mientras que desde hace varios años la CRC venía acosando a las comunidades con los pagos por concesión de aguas para sus acueductos comunitarios. El rechazo de los usuarios de los acueductos comunitarios, ha sido unánime, aunque ha faltado coordinación.

A través de diversas organizaciones nacionales han presionado para que se legisle a favor de los acueductos rurales y de municipios pequeños. No están dispuestos a cambiar sus estructuras administrativas, y sólo, en los más grandes, en donde ya existen plantas de tratamiento o se están construyendo, se están instalando medidores, en el entendido que se requiere racionalizar el uso del agua y de que sin ningún tipo de medición, el campesino pobre termina subsidiando al empresario medio o campesino más acomodado, que gasta más agua y paga una misma tarifa.

Frente a esa ofensiva institucional existe una amplia resistencia social. Asociaciones de Cabildos de varias regiones se han pronunciado en contra, al igual que diversas organizaciones sociales. Sin embargo, la estrategia utilizada por el gobierno, apoyándose en los contenidos de las normas12, y en procedimientos clientelistas, les ha facilitado imponer condiciones de endeudamiento a los municipios, alcaldes y concejos municipales.

Se han presentando casos como en Toribío, donde todos los cabildos rechazan el plan, y sin embargo, el alcalde indígena lo ha aprobado. Lo mismo ha sucedido en diferentes localidades del departamento

continuará