jueves, 20 de diciembre de 2012

Colombia:Conversaciones de Paz en medio de bombardeos


Azalea Robles Ante el anuncio de las conversaciones entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano, planteadas para la resolución del conflicto social y armado en Colombia, deviene necesaria la participación del campo popular colombiano con su bandera más ansiada: la justicia social. La Justicia Social es el nombre sincero de la Paz, una paz encaminada a cambios sustanciales y no a cambios cosméticos que no traerían nunca una paz verdadera; pero sí podrían conducir al campo popular colombiano a otro genocidio a manos de las herramientas estatales.

‘La Paz’, ese concepto tan manoseado, tan instrumentalizado, y a la vez tan anhelado, no se siente de la misma manera en una mansión bogotana, que en una chabola de Buenaventura: porque la guerra empieza con el hambre. La angustia de ver a sus hijos morir de física hambre no es precisamente un ‘remanso de paz’. Las niñas prostituídas en las ciudades dormitorio de las multinacionales mineras -unas niñas cuyo paisaje campesino quedó destrozado por las excavadoras y la codicia-, tampoco viven precisamente una cotidianidad de paz al ser allanados sus cuerpos y sus sueños infantiles por hombres sobreexplotados y curtidos de esa ignorancia que tanto cultiva la élite para las mayorías.

Tampoco puede considerarse una ‘situación de paz’ al asedio de la delincuencia común que aqueja las ciudades colombianas, delincuencia directamente derivada de la exclusión social y del funcionamiento sicarial impulsado desde el mismo estado a través de su herramienta paramilitar, aunado lo anterior a la sistemática desintegración de la organización popular. Cabe tener presentes estas cuestiones ante el dantesco cuadro que viven hoy países como Guatemala, en los que también hubo alzamiento insurgente ante la injusticia social por un lado, e intervención estadounidense y terror de estado para mantener el saqueo por otro lado; países en los que se firmó una paz cosmética, sin cambios estructurales, y en los que hoy las cruentas ‘Maras’ parecen ser el camino de la CIA para canalizar la rabia y el descontento social de miles de jóvenes excluidos: todo sea para evitar que se organicen políticamente en reivindicación de sus derechos.

El conflicto social deviene armado ante el exterminio del cuestionamiento político
La élite despojadora mantiene la injusticia social mediante la restricción del acceso a la educación, mediante los medios de alienación masiva, y mediante el exterminio de quién la cuestione, implementando el terrorismo de estado: en ese contexto preciso de saqueo y represión hay que sumergirse para entender el por qué de un alzamiento insurgente del campo popular, ante la imposibilidad de ejercer la organización social y política sin sufrir persecución encarnizada. Para hablar de paz en Colombia, hay que buscar la raíz de la guerra, y entender que el conflicto antes de ser armado, es social.

La paz de los negocios es esa misma que asesina niños por desnutrición; mientras que la Paz de los pueblos removería los obscenos privilegios de la élite y del gran capital transnacional que vorazmente se acrecienta en base al saqueo. No se trata de la misma ‘paz’. ¿No es acaso guerra el hambre, y guerra la desaparición forzada de quién busca acabarla? ¿Poner fin a la estrategia estatal de guerra sucia no es acaso medular? ¿No es acaso el terror de estado el que empuja a miles de luchadores sociales a la clandestinidad de la insurgencia? 

¿No son acaso guerra los encarcelamientos políticos, la existencia de una herramienta paramilitar al servicio del gran capital a la que se le entregan listas de opositores a eliminar, la tortura, la planificación desde altas esferas de desplazamientos poblacionales masivos? No puede haber resolución de la situación colombiana sin tomar en consideración la columna vertebral de la violencia: el terrorismo de estado que perpetúa un sistema económico basado en el despojo de las mayorías. Un terrorismo de estado anterior al alzamiento armado, implementado para eliminar la reivindicación social; terror que al cerrar los espacios de participación conllevó al alzamiento insurgente.

“Cualquier iniciativa que pretenda la paz,  debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado.”
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos.  La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón, reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera,  debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable  que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los  montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”.

texto  completo AQUI

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