Tegucigalpa, 11 de mayo del 2008
Por Sabine Masson
Treinta y cinco día de huelga de hambre para los cuatro fiscales en resistencia contra la corrupción y por la justicia. Esta acción, llevada inicialmente por asociaciones de jueces y abogados “democráticos”, tomó en un mes la cara de un amplio movimiento socia.
Un frente ciudadano se creó, juntando tanto personas indignadas por la impunidad del crimen de cuello blanco, como sectores organizados tales como organizaciones indígenas y afrodescendientes, organizaciones feministas, centrales obreras, sindicatos de maestros, asociaciones de artistas, organizaciones campesinas. Unas 20 personas del movimiento se pusieron en huelga de hambre en solidaridad con los fiscales.
Hay acciones de apoyo en diversas regiones del país, especialmente en el norte: huelguistas de hambre, bloqueos de la carretera Panamericana y toma del Ministerio Público de San Pedro Sula.
En Tocoa, el movimiento mantiene desde hace cinco días un bloqueo de carretera que ocasionó la pérdida de cientos de millones de dólares a las empresas transnacionales de la agro-fruticultura.
Primera victoria del movimiento: un decreto fue adoptado el pasado jueves por el Congreso, introduciendo una reforma del artículo 25 de la Ley del Ministerio Público. El Fiscal General puede desde ahora ser objeto de investigación (penal o administrativa).
Esta brecha permitió que actualmente se estén poniendo diversas quejas por parte de grupos de la sociedad civil. Pero para que tome efecto la suspensión del Fiscal General, una comisión de diputados debe constituirse y ordenar una investigación.
Además, como lo aclara Tirza Flores de la Asociación de Jueces Democráticos y cumpliendo con sus 16 días de huelga de hambre, el movimiento no se parará con la suspensión del fiscal. Si ésta ocurre, será una etapa para lograr una investigación de todos los expedientes bloqueados que implican jueces, diputados, alcaldes, ministros en asuntos de corrupción.
El movimiento sólo levantará la huelga si el Congreso da una señal clara de su voluntad de diálogo, a través de la formación de una comisión de abogadas y abogados independientes con la facultad de intervenir en el Ministerio Público. Por otro lado, centrales obreras y maestros mantienen una presión anunciando un paro nacional para el miércoles.
Actualmente, las discusiones están paradas. A lo largo del conflicto, la actitud del Congreso ha sido, según Tirza Flores “autoritarias, dilatoria, desleal y cerrada”.
Esto se explica fácilmente por el hecho que el movimiento están afectando a intereses poderosísimos de las autoridades del Ministerio Público y de la clase política: el Fiscal General es accionista del diario La Tribuna y su buffet defiende los intereses de su propietario (Carlos Flores Facussé, uno de los miembros de la más poderosa oligarquía hondureña), así como los intereses de las compañías mineras y de la industria maquiladora.
Otro freno a la negociación es la perspectiva de la reelección de la Corte Suprema de Justicia en enero 2009. Según la última reforma constitucional, la sociedad civil puede presentar una lista de 15 abogados y abogadas candidatos. Obviamente, el temor de la clase político hoy es que se cree un precedente, llevando el movimiento a reiterar su presión social en el momento de la elección de la Corte.
Mientras, el “Amplio movimiento por la Dignidad y la justicia contra la corrupción de Honduras” llama a la desobediencia civil y se mantiene en sesión permanente su órgano deliberador de coordinación en los bajos del Congreso Nacional.
En su “Manifiesto Público”, el movimiento llama al pueblo a “indignarse y ejercer su derecho cívico a rebelarse contra las autoridades (...) con una propuesta alternativa frente al bipartidismo históricamente responsable de la situación de crisis en la cuál se encuentran las principales instituciones hondureñas, crisis expresada en los altos niveles de pobreza, la delincuencia común y de cuello blanco, el crimen organizado, la depredación de la naturaleza y recursos del país”.
Exigir la justicia en Honduras es efectivamente un acto de rebelión. La impunidad es un elemento estructural del Estado, que los movimientos de mujeres acusan desde hace mucho tiempo, de encubrir la violencia femicida. La corrupción es otro aspecto estructural, producto de instituciones oligárquicas herederas del poder colonial y aliadas del capital extranjero.
Observadores/as y participantes exclaman: “no hemos visto esto desde 1954!”. Honduras conoció en esa fecha una huelga masiva (“la comuna hondureña”) del sector obrero de la United Fruit Company. Luego, Honduras fue sumergida en el clima de guerras centro-americanas.
La Contra instaló uno de sus centros operativos en este país (la base de Palmerola, a una hora de la capital, está activa), los movimientos estudiantiles y revolucionarios fueron sistemáticamente reprimidos, la columna guerrillera hondureña fue masacrada en...
Finalmente llegaron las series de reformas neoliberales. Pero los movimientos nunca callaron. En la memoria está grabado la revuelta estudiantil de 1988 y más recientemente, las peregrinaciones indígenas de 1994, que marcan el fortalecimiento nacional de los actores políticos indígenas y negros. Hoy en día, con la lucha social por la justicia, se sigue renovando la esperanza y la dignidad en Honduras.
Sabine Masson
Socióloga
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