De manera sorpresiva, este martes el Gobierno de Álvaro Uribe ordenó la extradición hacia Estados Unidos de 14 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que fueran juzgados por narcotráfico, contrabando de archivos y financiación de actividades terroristas, a pesar que tenían adelantado en su país procesos judiciales por más de 200 masacres y la desaparición forzada de por lo menos 49 mil personas.
A este respecto, la ONU recordó que los extraditados "han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario".
"En muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado", añadió.
El procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazon, aseguró el martes que la extradición de los paramilitares evidencia el fracaso del sistema carcelario y judicial del país.
"Resulta una afrenta al Estado colombiano el extraditar a estas personas, lo que evidencia una incapacidad por parte de las autoridades judiciales del país", dijo Maya Villazon.
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