Mexico:Feminicidio, una guerra escondida (I)

Libres de toda sospecha (parte I)

Clara Ferri
"No hay nada potencialmente más sucio que una guerra escondida” Susan Sontag

En México es bien sabida la indiferencia e incluso la connivencia de las fuerzas armadas en muchos casos de violencia hacia las mujeres y de feminicidio. Ciudad Juárez es un fúlgido ejemplo de ello. Sin embargo, hay algo más preocupante e indignante: en los últimos años se han multiplicado los episodios de violencia sexual de las mismas fuerzas armadas hacia las mujeres y éstos han quedado impunes en su mayoría.

Este fenómeno representa una grave alarma, porque por un lado manda una señal inequívoca a la sociedad acerca de la escasa relevancia que se debe atribuir a la violencia hacia las mujeres y al feminicidio (su máxima degeneración) y por el otro constituye una arma más de control político y social. Asimismo, un Estado en el que la violencia hacia las mujeres no sólo no es castigada, sino que incluso es practicada y utilizada por las fuerzas armadas para “reestablecer” el orden constituido no puede más que decirse autoritario e incapaz de hacerse garante de cualquier derecho humano.

VIOLENCIA HACIA MANIFESTANTES Y ACTIVISTAS SOCIALES
Atenco. En mayo 2006, durante una manifestación en San Salvador Atenco, Edomex., del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra –célebre por su resistencia y triunfal victoria en el plan de traslado del aeropuerto capitalino que había propuesto en 2005 el entonces presidente Vicente Fox- fueron brutalmente golpeadas y arrestadas 106 personas, de las cuales 47 mujeres (entre las cuales una chilena, dos españolas y una alemana).

Durante el traslado, insólitamente prolongado de las 2 horas normales a 6 horas, treinta de ellas fueron objeto de vejaciones y violaciones por parte de policías del Estado de México y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Gabriela Téllez Venegas, de dieciocho años, residente en Texcoco, Edomex., cuenta: «venía del trabajo sobre la calle Manuel González, cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada. Ahí me vieron los policías y me dijo uno, “¿Qué me ves?”.

Y dijo otro, “Súbela por pendeja”. Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad y nombre; y tres de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando con patadas y toletazos, me empezó a agarrar la cara uno de ellos, me metía los dedos en la boca y en la vagina y me obligó a hacerle sexo oral, me echó su esperma en mi suéter blanco y vino otro policía y lo mismo, me agarró mis pechos y dijo, “ésta está bien buena y está amamantando, ¿verdad?”».

Valentina Palma, una estudiante chilena de cine que estaba filmando la manifestación, afirma: «Todos los policías que iban allí, en esa camioneta, me metieron mano y dedo como quisieran. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo». Otra manifestante explica: «En el camión nos decían que ahí íbamos a morir. Yo empecé a escuchar las clamaciones de mujeres que decían: “Ya no, no me toques. Por favor, ya no”. Y ellos les decían: “Abre las piernas, perra maldita” o “Hijas de su puta madre, ahora van a ver lo que es estar en una revuelta”».1

Se preguntarán el por qué de semejante operativo. La respuesta es sencilla: se trataba de dar una lección a un sector radical de la población que –por una vez- había prevalecido en las elecciones neoliberales del gobierno de Fox, y de tomarse la revancha por la batalla recién perdida, debía ser un llamado para evitar que se repitieran análogos casos de insubordinación. Y para hacerlo, el aparato federal no hesitó a emplear métodos barbáricos y brutales como la tortura, la violencia sexual, psicológica y física.

Según el periodista Carlos Fazio, «el fondo de la cuestión por un lado es bajar las defensas de las víctimas, sumirlas en la total indefensión, quebrarlas si son militantes políticas, pero el otro efecto está dirigido al grueso de la población. Este tipo de política lo que quiere es sembrar el terror, un miedo paralizante en el resto de la población. El mensaje es: no te metas, si te metes, te puede pasar lo que a las presas políticas de San Salvador Atenco»2.

Pese a las denuncias de las víctimas, suportadas por diversas ONG’s, a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, así como a las resoluciones del Tribunal Federal Superior de Justicia, ningún policía ha sido condenado hasta ahora.

Es más, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, autor ejecutivo, se sigue declarando «orgulloso» del operativo realizado y afirma que «volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social»3.