Salvador del Río“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”. Al escribirlo así en su nota editorial, El Diario de Ciudad Juárez hace a los gobiernos local, estatal y federal, a la sociedad entera, un señalamiento de la realidad que está en la mente de la ciudadanía: hay en México un vacío de poder, una incapacidad total para garantizar a la población un mínimo de seguridad.
El 16 de septiembre, cuando el Presidente Felipe Calderón encabezaba el desfile conmemorativo de 200 años de la proclamación de la Independencia, dos reporteros de ese diario ubicado en la ciudad fronteriza mayormente castigada por los hechos de sangre caían víctimas de la violencia desatada en todo el país desde que se declaró el estado de guerra contra la delincuencia. Uno de ellos, Santiago Orozco, de 21 años de edad, falleció a consecuencia de los balazos disparados por presuntos sicarios bajo el mando de uno de los carteles del narcotráfico. Con este homicidio suman ya 46 los periodistas mexicanos asesinados sólo en lo que va de la presente administración.
El texto del editorial del Diario de Juárez incluye un patético llamado a las bandas criminales: dígannos –ustedes que colman la ausencia de poder en el gobierno-- qué debemos hacer, qué debemos o no publicar para evitar que nuestros reporteros estén a salvo de atentados. Por insólito y significativo, el llamado del diario juarense constituye una de las más duras y descarnadas acusaciones que se hayan hecho al gobierno de Felipe Calderón desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en la que hasta ahora han perdido la vida más de 28 mil personas, según cifras del propio gobierno.
Una campaña en la que a la ineficiencia en el combate a la delincuencia se suma el afán protagónico con el que a través de los medios de comunicación se quiere convencer de que es una guerra que se está ganando. Horas después del ataque a los dos reporteros del Diario de Juárez, la procuradora de Justicia del Estado de Chihuahua, Patricia González, declaraba que este hecho formaba parte de un “ajuste de cuentas” entre implicados en las actividades delictivas.
A tono con los montajes mediáticos, las simulaciones y las falsas atribuciones de logros por parte de las autoridades de las fuerzas armadas y la policía en contra de las bandas criminales, la funcionaria pretendía sembrar la duda sobre la forma en que los dos periodistas fueron atacados: por sus probables nexos con la delincuencia y no, como ocurrió, cuando se encontraban en el cumplimiento de su tarea informativa.
La perversa versión propalada en este caso por la procuraduría de Justicia de Chihuahua es sólo una parte de la falsedad que caracteriza a las acciones del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. El 26 de julio pasado, cuatro reporteros de televisión fueron secuestrados en la ciudad de Gómez Palacio, en el Estado de Durango. La exigencia para liberarlos era que en los medios electrónicos para los que trabajaban transmitieran unos videos en los que se mostraba cómo policías de la Comarca Lagunera mantenían nexos con la delincuencia.
Días después, Alejandro Hernández Pacheco, uno de los periodistas secuestrados, solicitó desde El Paso, Texas, asilo político en Estados Unidos y acusó a las autoridades de la Procuraduría General de la Repúbllica y de la Secretaría de la Función Pública –concretamente a su titular Genaro García Luna—de haberlos usado para fines de propaganda obligándolos a declarar ante la prensa que habían sido liberados por la policía, cuando en realidad sus propios plagiarios lo habían dejado en libertad.
“Tengo miedo de la delincuencia y del gobierno”, dijo Hernández Pacheco. Una práctica similar de simulación había sido empleada el 30 de agosto por la Policía Federal que se atribuyó la aprehensión del narcotraficante Edgard Valdez Villarreal, apodado La Barbie. Días después se puso en claro que el maleante a quien se presenta como uno de los principales capos del narcotráfico se había entregado por propia voluntad cuando un comando perseguía a un vehículo que circulaba a alta velocidad en las inmediaciones de la capital del país.
Los asesinatos y los atentados contra periodistas –setenta y seis en los últimos diez años—son una parte de la ola de ejecuciones, enfrentamientos del ejército y las policías con la delincuencia que mantiene atemorizada a la población en general, en una guerra que si bien ha producido la aprehensión o la muerte de algunos de ellos, deja intacto el tráfico de estupefacientes. Se ataca al delincuente, pero en la realidad el comercio de las drogas continúa en ascenso, alentado por la creciente demanda del principal mercado del mundo, Estados Unidos.
En medio de proclamas de triunfos espectaculares contra el crimen organizado, el escenario presenta, en uno de sus ángulos, una lucha interna entre las corporaciones de las fuerzas armadas –las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional--- y la policía federal capitaneada por el secretario de Seguridad Pública, García Luna, por aparecer como adalides en ese combate. Y por otra parte, la evidencia de que en esta batida se asiste a una ausencia cada vez más acusada de autoridad y de capacidad para alcanzar el propósito anunciado.
Con el dramático llamado del Diario de Juárez a una tregua al crimen organizado se pone de manifiesto que, al menos en una parte de la República, se está ante los signos de un verdadero estado fallido, ése que es incapaz de ejercer el poder y garantizar la seguridad del ciudadano. www.alainet.org
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