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Mediante
un comunicado oficial, Chevron anunció que el Tribunal Arbitral
sentenció a su favor en medio de la disputa ambiental que mantiene en
Ecuador, es decir, se trataría de una
supuesta exoneración que libera a
la petrolera multinacional de cualquier reclamo por la contaminación que
dejó en la Amazonía, entre 1964 y 1990.
Sin embargo, se trata de una nueva mentira de Chevron para intentar pisotear la soberanía nacional.
En
efecto, el Tribunal rechazó el argumento de la petrolera, en cuanto a
que dicho Acuerdo (de 1995) contenía implícitamente una cláusula
"eximente de responsabilidad" o cláusula de indemnidad que, según la
visión errónea de la transnacional, responsabilizaría al Estado
ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron o los efectos de
cualquier sentencia dictada en su contra.
En
relación con este laudo parcial, Diego García Carrión, Procurador
General del Estado, rechazó el comunicado de prensa emitido el día de
hoy por la compañía Chevron titulado “Tribunal arbitral internacional
determina que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales en
Ecuador” pues, lejos de lo afirmado por la compañía, el Tribunal no
formuló dicha determinación en absoluto.
El 23
de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una demanda
de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparado en una falsa
violación al TBI, con la cual persiguen que el Estado ecuatoriano sea
declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio,
iniciado por comunidades indígenas en su contra por su operación en la
Amazonia ecuatoriana.
En
este contexto, el Procurador Diego García aclaró que la defensa del
Estado se reserva todos sus derechos respecto de las decisiones del
Tribunal, “particularmente por haber actuado sin competencia, aplicando
un Tratado Bilateral de Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo
después que el inversionista saliera voluntariamente del país”.
Durante
la inauguración de la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, el Presidente
de la República denunció que esa petrolera se ha dedicado a dañar la
imagen del país, de su sistema de justicia, con su campaña de mentiras.
Además
reiteró que el Tribunal Arbitral que conoce la contrademanda de Chevron
al Estado ecuatoriano –a pesar de tratarse de un juicio entre privados-
no debió declararse competente para analizar la causa invocando el
Tratado Recíproco de Inversiones con Estados Unidos, en vigor desde
1997, porque la petrolera salió del país en 1992 cuando no aplicaba el
convenio.
Texaco-Chevron
operó entre 1964 y 1990 en el país. La demanda en su contra inició en
1993, cuando 88 ecuatorianos presentaron ante una corte federal de Texas
una demanda por daño ambiental. El litigio finalmente recayó en la
corte de la provincia de Sucumbíos, que tardó 18 años en dictar la
sentencia disponiendo el pago de 19.000 millones de dólares para
remediar los daños ambientales.
De
acuerdo al Gobierno Nacional, el daño ambiental causado por Chevron en
la Amazonía es ampliamente superior al que afectó al Golfo de México
por causa de British Petroleum (2010), y Alaska con incidencia de Exxon
Valdez (1989). Además, se ratificó que esa multinacional petrolera se
ha convertido en corruptor de jueces, con la finalidad de que atenten
contra la soberanía del país.
Chevron
cuenta con un aparataje de defensa multimillonario, estipulado en 400
millones de dólares y 900 abogados, encaminado a evitar el pago de para
remediar los daños ambientales que se dieron en la región amazónica.
El
litigio entre Chevron y las comunidades amazónicas era privado. Sin
embargo, la multinacional petrolera intentó involucrar al Estado
ecuatoriano, particularmente al Gobierno, por la sentencia en segunda
instancia que elevó la Corte Provincial de Sucumbíos, ante lo cual el
Presidente de la República señaló que se defenderá la soberanía
nacional. www.elciudadano.gob.ec
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