Producir semillas o morir de hambre

Katherine Castrillo “Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada crecerá”. Juan Rulfo, Pedro Páramo.

El despelote comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial y lo llamaron Revolución verde. Un gringo financiado por los Rockefeller empezó a “mejorar” (adulterar) variedades de semillas en un laboratorio, a esto sumó la utilización
de nuevas tecnologías (agrotóxicos) y la siembra de una sola variedad durante tiempo indeterminado (monocultivo). Como este ensayo les salió “bien”, mucha cosecha en poco tiempo, iniciaron la exportación del modelo por todo el mundo. Venezuela no escapó.

Este resumen, vulgar y rústico por excesivamente breve, se come muchas aristas de un gran negocio que hasta ahora ha generado los monopolios más influyentes del mundo en la distribución de semillas “certificadas”, es decir, de semillas modificadas genéticamente que garantizan cosechas seguras, pero que se traduce en la pérdida de las semillas nacionales con todas sus variedades, el desmejoramiento y esterilidad a largo plazo de los suelos obligados a fuerza de químicos a producir un solo tipo de alimento, la inseguridad en materia de salud, el aplastamiento de pequeños y medianos productores campesinos, la pérdida de los conocimientos ancestrales para el trabajo de la tierra,

 

Lo necesario se pierde ante lo urgente, y en nuestro país estas multinacionales se mantienen a flote en medio de la guerra económica proveyendo sus semillas a instituciones estadales que las hacen llegar a familias productoras. ¿Qué pasa con nuestras semillas nacionales?, ¿existen esfuerzos de colectivos campesinos para revertir esta realidad?, ¿hay músculo para lograrlo?

“…con la espada del general Gabaldón…”

… escribió el poeta ballenero Caopolicán Ovalles, y con esa misma fuerza de decir Argimiro y decir Lara, un grupo de familias productoras crearon el Consejo Campesino Argimiro Gabaldón, en el municipio Simón Planas, parroquia Gustavo Vega León, en el asentamiento campesino Sabana Alta.

Argimiro fue poeta y guerrillero, y ambas cosas tiene este Consejo Campesino que se activó por necesidad de organización, de crear alternativas coherentes a las necesidades, cuenta José Anzola, uno de los voceros: “Iniciamos en el 2013, con una iniciativa de créditos otorgados por el Estado a través del Fondo para el Desarrollo Agrario y Socialista (Fondas).



El productor debía ir de la mano con su Consejo Comunal, que era quien administraba los recursos otorgados para la siembra. Pero esa metodología no estaba acorde con la verdadera necesidad del productor porque el Consejo Comunal estaba dedicado a los problemas habitacionales, al A-B-C (arena, bloque y cemento), y los tiempos asamblearios de los consejos comunales no coincidían con las necesidades urgentes, como plagas o momentos de siembra. Así que empezamos a reunirnos en grandes asambleas de productores en las que tomamos en cuenta todos los rubros de la zona: sector caficultor, cañicultor, cerealero, ganadero, y de crías familiares.”

José tiene apenas veintinueve años y ya pasó por la vocería del Consejo Presidencial de Gobierno Popular Campesino. Es el único de tres hermanos que quiere continuar trabajando la tierra, y quien persuade a toda una comunidad campesina de seguir caminando pese a la indiferencia, y al cansancio de haber sido explotados por empresas privadas bajo la ilusión de mejoras para ellos y sus familias: El que está picao de culebra, bejuco le para el pelo.

Iniciaron siendo veintitrés productores. Una vez organizados se presentaron ante el Banco Agrícola del estado Lara y todos fueron financiados. De ahí empezaron a realizar el trabajo de producción en las ciento cincuenta hectáreas de las familias participantes. Los productores que no se habían sumado todavía empezaron a acercarse al espacio al ver que la propuesta avanzaba, y especialmente al saber que las decisiones eran tomadas en colectivo.

“Cuando los campesinos no estaban organizados no tenían manera de trabajar las tierras, por eso las arrendaban a empresas privadas que sembraban maíz, les pagaban a los campesinos una miseria por cada hectárea sembrada, y ese maíz sembrado iba arrimado a silos privados que luego eran llevados a las empresas Polar y otros silos para producir alcohol en lugar de alimentos”, relata José.

Pero también estaban los campesinos que no podían pagar sus deudas con el Estado porque este les entregó créditos en el mes de diciembre, momento en el que el ciclo de siembra de caraotas ya había pasado. De manera que el Consejo Campesino Argimiro Gabaldón intervino para servir de puente entre esos productores y Fondas, y llegaron al acuerdo de firmar un contrato de reestructuración que les permitiera cancelar esas deudas con la condición de ser refinanciados. Con ese trabajo organizativo los productores obtuvieron buenas cosechas y volvieron a ser solventes con el Estado.

 

Hoy ya son setenta y cinco familias productoras integrantes del Consejo Campesino, y recuperaron 580 hectáreas de tierras: 520 sembradas de maíz, y 60 de caraotas.

El problema de las semillas y los bioinsumos

Aquí es cuando volvemos al principio de este texto. ¿Qué maíz está sembrado en esas 520 hectáreas? Para contestar esto hay que ver primero cómo es la relación entre estas organizaciones campesinas de producción familiar y el Estado. Los campesinos recuperaron esas tierras ociosas que eran puestas a “engordar” por los terratenientes, pero necesitaban todas las herramientas para trabajarlas y hacerlas productivas.

Primera parte del engranaje: Aquí aparece la Empresa Socialista Pedro Camejo, un ente del Estado que se encarga de la mecanización agrícola y que provee servicios de preparación de tierras, siembra, asperjado, corte y transporte de cosecha. Sus precios están muy por debajo de los servicios que prestan los entes privados, por ejemplo, estos últimos cobran tres mil bolívares por hectárea y Pedro Camejo cobra ciento sesenta, una diferencia abismal.

Segunda parte: Entra la empresa estadal Agropatria, que fue expropiada cuando era conocida como Agroisleña. Esta empresa es la que le da insumos y semillas a todos los productores. Aunque la semilla que naturalmente se daba en la zona era la del maíz cariaco, este año Agropatria le entregó al Consejo Campesino Argimiro Gabaldón semillas Dekalb® (así, con la letra “r” en el circulito), importadas de la Monsanto. Esas son las que están bajo las 520 hectáreas.

 

Dekalb® es una “marca” de maíz, caracterizada por sus “híbridos altamente consistentes que pueden incrementar las ganancias del agricultor”, como lo reseñan en sus páginas oficiales. ¿Por qué pasa esto hoy en Venezuela? Lo obvio: para José siguen existiendo intereses de las mafias que se infiltran en las instituciones del Estado, con colaboración interna, para acceder al dólar preferencial destinado a importaciones.

Además: “Desde que en el país se implementó la agricultura verde se han ido perdiendo los valores ancestrales con los que lxs abuelxs y tatarabuelxs agricultorxs preservaban y administraban las semillas. Ellxs no estaban esperando a las afueras de una empresa a que les vendieran las semillas. Con las cosechas las guardaban para el siguiente ciclo. Nosotros podemos recuperar nuestras semillas. Estamos haciendo un esfuerzo por producir este año las que sembraremos el año próximo.”

Actualmente este Consejo Campesino no usa el 100 % de herbicidas. Aseguran que están usando bioinsumos menos tóxicos y dañinos. “No estamos dispuestos a utilizar semillas transgénicas.” Y van a cosechar 2 millones y medio de kilos de maíz en 20 días, destinado a los silos de Agropatria. Del pico del maíz se producirá aceite, con el afrecho se producirán alimentos concentrados, y los 2 millones 400 mil kilos de maíz acondicionado se mandarán a la molienda para producir harina precocida.

 

¿Cuál es el siguiente paso?

Hace falta contar con la metodología adecuada para dar talleres y capacitar a los campesinos sobre cómo hacer los cruces de la semilla nacional para mejorar el rendimiento y las plantas. “Tenemos el conocimiento, pero necesitamos articular con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, quienes tienen todo el aparato tecnológico para encargarse del apoyo técnico y acompañamiento en la selección y mejoramiento de semillas.” Para José es posible esto y otras cosas más.

“Desde que nos conformamos como Consejo Campesino hemos luchado por no depender del Estado desde un prestador de servicios como Pedro Camejo, sino por tener nuestra propia maquinaria, las herramientas para procesar, empaquetar y distribuir desde las Asambleas Campesinas lo que sembramos y cosechamos, especialmente para nuestras comunidades. Distribuir en “punto y círculo” como nos enseñó el presidente Chávez, porque arrimamos el maíz al Estado pero nosotros seguimos comprando un kilo de harina revendida y bachaqueda en 40 bolívares cuando su costo es de 19 bolívares.

 

Los desafíos son muchos y a veces complejos, vienen enredados a lógicas burocráticas que no son exclusivas de esos espacios. Pero el conocimiento de las tecnologías tradicionales, la voluntad y las ganas de superar las contradicciones son mayores: “Vamos a trabajar para no depender de las semillas distribuidas por el Estado, vamos a rescatar y producir nuestras semillas nacionales. Vamos a trabajar para no depender de un agroquímico para trabajar la tierra, para producir nuestros propios bioinsumos y no depender de importaciones. Hoy mismo, con esta guerra económica, si nos hacen un bloqueo total y no producimos semillas nos morimos de hambre.”

Dice José que lo más valioso que han logrado hasta ahora, más allá de lo que puedan generar en su eje de producción, es la conciencia: “No queremos perder el trabajo con la tierra, queremos seguir el camino de nuestrxs abuelxs, madres y padres, ellxs sembraban a pulso, a mano, sin máquinas, se producía a pequeñas escalas pero se producía. Hoy en día ese es nuestro anhelo”.

Texto: Katherine Castrillo. Contacto: @katikok.

Fotos: Irene Echenique.

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