Lucha política, lucha reivindicativa y organización popular
Fernando Dorado
fotos de Oscar Paciencia
Hay que darle gracias a Uribe. Su política criminal, su arbitrariedad y autoritarismo, y su soberbia tozudez nos obligan a inventar. Lo político y lo reivindicativo van adquiriendo nuevas formas.
Uno de los grandes debates que hemos tenido en las luchas populares en Colombia se ha centrado en la relación entre lo político y lo reivindicativo. En las movilizaciones del Cauca la práctica tradicional había sido "coronarlas" con mesas de negociación.
La meta que siempre nos proponíamos era obligar al Estado a concertar diversos aspectos de política pública, recursos para programas de inversión social u otro tipo de compromisos gubernamentales, mediante la firma de convenios. Uno de los resultados de esa dinámica son los llamados "acuerdos incumplidos".
Dicha forma de acción ha sido cuestionada por diferentes sectores políticos y sociales – con toda la razón -, siendo calificada como "economicista". Los esfuerzos de organización y movilización terminaban siendo canalizados por el Estado. Muchos gobiernos han firmado demagógicamente acuerdos que chocan con la política estructural del país, y por ello, esos procesos de concertación se convertían en engaño y frustración para las comunidades.
De esta manera ni se avanzaba en lo político ni se concretaban efectivas inversiones sociales o programas de desarrollo. Después de cada movilización venía un período de desgaste hasta que se acumulaban nuevas fuerzas y volvía a darse el mismo ciclo.
Los pocos recursos que el Estado entregaba se convierten en formas gubernamentales de cooptación política del movimiento social. A través de las instituciones oficiales o de toda clase de ONGs, esos recursos han financiado planes dirigidos a desmovilizar a las comunidades, cooptar y burocratizar sus dirigentes, logrando que importantes organizaciones, sobre todo del sector campesino, se hayan convertido – de alguna manera - en agencias u operadores de la política oficial.
La Marcha Indígena y Popular de 2004 - con su Mandato al frente -, da inicio a una nueva estrategia política. Sin embargo, no logra continuidad en el tiempo. Pesaba la visión reivindicativa estrecha. A lo largo de esta primera etapa de La Minga (2008), la contradicción entre el programa estratégico y los puntos reivindicativos vuelve a manifestarse.
Muchos compañeros, de buena fe, están preocupados por los "resultados concretos". Decían: "La gente no sólo lucha por ideología, tenemos necesidades concretas qué resolver para poder resistir". Y ello es cierto. Lo malo es que otros intereses se mueven detrás de esa contradicción.
Los sectores que conscientemente alimentan el pragmatismo, que tratan de instrumentalizar cada lucha al servicio de intereses personales o de grupo, estimulan las posiciones estrechas que le hacen el juego al régimen.
Buscando nuevos caminos
Tratando de resolver el problema (relación entre política y lucha reivindicativa) evaluábamos otras experiencias que nos mostraban nuevos caminos. Una de ellas fue la lucha desarrollada por Unidad Cafetera y el Movimiento de Salvación Agropecuaria a mediados de la década del 90 del siglo XX.
En ella se aprueba un programa de defensa de la producción agropecuaria nacional y se desarrolla un movimiento sostenido de gran cobertura regional y nacional.
Este movimiento obliga al gobierno a ceder importantes reivindicaciones para los caficultores y agricultores colombianos, como la condonación de deudas contraídas con establecimientos financieros y el mantenimiento de algunas instituciones cafeteras que pretendían ser liquidadas durante el auge aperturista adelantado por la administración de César Gaviria.
Dichas luchas nunca se plantearon la "negociación" directa con el gobierno. Ello era muy interesante. La crítica que hacíamos desde nuestras dinámicas organizativas era que por la ausencia de negociación entre las organizaciones y el Estado, esos logros finalmente fueron canalizados por la Federación Nacional de Cafeteros y los políticos tradicionales.
Los avances de tipo organizativo del proceso popular eran bloqueados desde otras instancias del poder, y los productores que habían dado las luchas quedaban al margen de la ejecución de esas conquistas.
El camino que está construyendo La Minga parece estar sugiriendo nuevas prácticas de lucha, conciliando aspectos importantes de ambas experiencias. Hoy el movimiento social, principalmente el indígena del Cauca, acompañado por las regionales de la ONIC de varios departamentos y algunas organizaciones sociales, ha desarrollado una lucha eminentemente política, enfrentando uno de los aspectos centrales de la "seguridad democrática" como es la criminalización de la lucha social y la violación de los derechos humanos por parte del régimen uribista.[1]
Asumió el reto de presentar un programa estratégico denominado "agenda de los pueblos", y hasta ahora, ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo con este gobierno, como lo acaba de hacer en el reciente debate del pasado domingo en La María (02-XI-08). Al contrario, intenta profundizar dicha estrategia llamando a continuar La Minga, programando una marcha hacia Bogotá.
Breve recuento de lo reciente
Esta estrategia en construcción ha aprovechado los errores del gobierno. Uribe nunca pensó que la lucha indígena se fuera a profundizar a los niveles a que ha llegado. Creyó equivocadamente que se repetiría lo que pasó con la Cumbre Social de 2005, en donde se reprimió la concentración popular, también en La María, y se consiguió desmovilizar a las comunidades.
Creyó que después de mostrarle los dientes a los pueblos indígenas en Minga, podría llamar a "mesas de concertación", llegar a acuerdos y presentar ante la comunidad internacional un trofeo que contrarrestara la gran cantidad de cuestionamientos que hoy se le hacen desde altos niveles de las Naciones Unidas, el Congreso de los EE.UU., y la totalidad de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.
Sin embargo la sevicia de la represión, los muertos y heridos, y la ocupación arbitraria del territorio de La María movieron los sentimientos más profundos del pueblo nasa. La opinión pública nacional e internacional también reaccionó con fuerza y rapidez. El gobierno se da cuenta del grave error. Envía tres ministros a negociar a Popayán. No le paran bolas. Se ofrece ir a esa ciudad, pero la marcha va a hacia Cali y lo obligan a viajar a la capital vallecaucana.
Luego le toca reconocer que la fuerza "pública" si había disparado contra la multitud a raíz del video indígena emitido por CNN. Uribe sabe que está contra las cuerdas pero su soberbia le impide jugar bien. No cumple la cita en el CAM tratando de minimizar la lucha india con el montaje mediático de la liberación de Lizcano. Después para tratar de justificar su ausencia monta el "show" del puente con megáfono en mano. Realiza inmediatamente su audiencia televisiva ampliando el paquete de ofrecimientos en tierras y recursos para las comunidades indígenas caucanas.
Esas promesas afanadas e improvisadas son un intento de fortalecer a los sectores indígenas que le dan prioridad a las "conquistas concretas" de La Minga. Sin embargo, la mayoría de la dirigencia había captado la esencia del momento. Uribe había dado varios bandazos que mostraron su debilidad y le dieron argumentos al movimiento para profundizar correctamente en la estrategia de tipo político. Al soltar ese paquete de ofertas, la gente más clara empieza a afianzarse en el nuevo camino.
La profundización de la lucha política permite no sólo desgastar la política estatal y sus actores (Uribe) sino que también va logrando avances reivindicatorios sin necesidad de entregarle el premio al gobierno de sacar la foto de la "concertación".
Los sectores negociadores del movimiento se quedan sin argumentos y la estrategia de continuar La Minga, ampliarla al nivel nacional y avanzar – más adelante – hacia Bogotá, logra la mayoría al interior del movimiento. El debate con Uribe entonces, se coloca al servicio de La Minga.[2]
El tema de la organización social
Una de las diferencias entre el movimiento indígena caucano y Unidad Cafetera y Salvación Agropecuaria consiste en que los indios caucanos tienen una estructura social e institucional (cabildos, asociaciones de cabildos, alcaldías, empresas, programas, etc.) que puede canalizar y concretar los logros de la lucha en planes y proyectos, sin que el movimiento en su conjunto entregue en la mesa sus ideales políticos. Al contrario, la experiencia cafetera y agraria de los años 90 no logró construir verdaderas formas de organización propia.
El sustento de esa diferencia radica en la concepción política que estuvo al frente de las luchas cafeteras y agrarias mencionadas. Desde la dinámica política que direccionó ese ejercicio no se concebía la necesidad de construir formas organizativas propias y autónomas de los productores agropecuarios o de las comunidades en general.
O, si se acepta la necesidad de la organización social, gremial, sindical, en ese caso no se hicieron los esfuerzos suficientes para construirla. En la práctica, la organización política era la que le daba vida a la expresión gremial, pero ésta no tenía vida propia. Aún no la tiene.
En cambio en las comunidades indígenas existe una clara separación entre la organización indígena amplia y la expresión política (ASI). Dicha separación no implica desconexión. Se intenta complementar ambas dinámicas aunque seguramente existen todavía muchos vacíos. Lo fundamental es que existen las condiciones para impedir que las conquistas reivindicativas sean utilizadas por el establecimiento para cooptar los procesos.
Alrededor de este tema existe un debate sobre la forma como se dirigen las alcaldías, los recursos de transferencia y algunos programas que en la práctica operativizan políticas estatales (educación y salud). La problemática está allí, habrá que profundizar.
La experiencia del Paro Cañero
La otra experiencia que tenemos a la vista es el paro del proletariado cañero ("corteros de caña"). Por la falta de desarrollo político-organizativo[3] no ha podido explotar plenamente las excelentes condiciones presentadas. Habría podido impulsar una estrategia similar a la de La Minga. La lucha contra las Cooperativas de Trabajo Asociado y la reivindicación de la contratación directa es, para los trabajadores colombianos, una bandera política. Además, Uribe criminalizó al movimiento desde antes del inicio del paro y mandó a encarcelar a sus dirigentes.
Todo estaba dado para que la dirección del movimiento priorizara la ACCION POLÍTICA para hacer ver en forma palpable la relación íntima y los intereses cruzados entre la política del Estado (especialmente la de los agrocombustibles), la acción de este gobierno y los empresarios dueños de los ingenios, y poder ganar la más amplia solidaridad del conjunto de la sociedad colombiana.
Desgraciadamente al movimiento se le ha dado un enfoque laboral-sindical tradicional. La detención arbitraria de sus dirigentes no fue explotada políticamente sino manejada con criterio eminentemente jurídico-legal. La lucha cañera no ha tenido un ambiente de amplitud e inclusión por parte del sector que dirige, como si se dio en la última etapa de La Minga.
Ello ha impedido que el movimiento de los trabajadores cañeros haya logrado desencadenar la solidaridad que se merece, que era fundamental para arrinconar a empresarios y gobierno, y poder conseguir avances reivindicatorios importantes (así no se lograra la contratación laboral).
El enfoque "no político" de la dirección del paro cañero nunca entendió la importancia de retroalimentarse con La Minga. La participación de los corteros y sus mujeres no fue impulsada por la dirección del Paro. Como la mirada es laboral, se temía la interrelación con el movimiento indígena.
La "alianza maravillosa" entre indios y corteros de caña hasta ahora es simbólica. Uribe y los empresarios le temen a esa unión y realizaron los máximos esfuerzos por evitarla. No fue casual que el 13 de octubre hasta el amanecer del 14 (arranque del bloqueo de la "panamericana"), se sentaran a la mesa a negociar con los trabajadores cañeros durante más de 9 horas.
A pesar de las limitaciones políticas en su dirección es indudable que la lucha obrera ha logrado colocar el tema de las CTA en el escenario de las luchas populares del momento. La coyuntura internacional ofrece también importantes posibilidades de proteger ese proceso.
Es claro que la principal protección está relacionada con la forma en que termine el paro. Independientemente de las conquistas puntuales, este paro obrero de los "corteros" anuncia con fuerza y con vigor el renacimiento de las luchas de los trabajadores en Colombia. Y, nos coloca nuevos retos a quienes tenemos el deber de evaluar y aprender de dichas experiencias.
[1] Esa política ha sido una práctica recurrente en Colombia pero es una herencia de toda la vida de la oligarquía colombiana. Desde los dirigentes de la resistencia indígena y negra, pasando por los comuneros y el general Melo, hasta Uribe Uribe, Quintín Lame y Gaitán, así como más recientemente el cura Camilo Torres, todos los dirigentes populares han sido demonizados, calificados de antipatriotas, socialistas, comunistas o terroristas.
[2] Ojalá la continuación de La Minga y la marcha a Bogotá no empiece a ser permeada por las posiciones negociadoras. Cierto afán de realizar la marcha en forma inmediata puede estar encaminada a buscar firma de "acuerdos". La Minga necesita madurar su unidad interna, ampliar su base social y nacional, y apropiarse mucho más de la "agenda programática". La segunda fase de La Minga debe ser cualitativamente superior a la primera. La Minga ya no debe ser sólo indígena. Otra edición igual de la primera fase pero en Bogotá sería un desgaste.
[3] No es un problema de voluntad, es un problema de realidad. Ver: Un paro obrero salvaje en el siglo XXI.
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