Libres de toda sospecha"No hay nada potencialmente más sucio que una guerra escondida”
Susan Sontag
Clara Ferri http://www.nosotrasenred.org/
Chimalhuacán
Estremecedor es el caso de Angela Solanch, una adolescente de 13 años, residente en Chimalhuacán, Edomex.: al ser violada por un policía estatal, Daniel Tenorio Buendía, decide denunciarlo y dos años después es condenado a once años de detención. En agosto de 2006 su esposa, Rosario Itzel Carrasco Castillo, determina vengarse contratando con 50 mil pesos a cuatro ex colegas de su esposo (Luis Ramón Félix de la O, Martín Amaya Barrera, Francisco Daniel Ledesma Nava y Román Marcos Mendoza Gallardo) y a un quinto hombre para secuestrar, violar, torturar y finalmente matar a la víctima de la violación12.
Es sintomático que justo una mujer sea la que adquiere el modus operandi típicamente masculino. El juego está hecho, el mensaje se ha transmitido y asimilado: sexo, tortura y feminicidio son sólo unas etapas de un complejo proceso de venganza y reafirmación del poder, cada vez más a la orden del día. No se trata, pues, de un legado de sociedades retrógradas, sino de una involución hacia la cual se están dirigiendo las sociedades posmodernas, en las que el sexo es más que nunca mercancía de intercambio e instrumento de poder.
VIOLENCIA EN MUJERES INDÍGENAS
En 2002 el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez registró 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares, sólo en los Estados de Guerrero y de Veracruz. Según el informe de la Asociación Comunicación e Información sobre la Mujer, A.C. (CIMAC), de 1994 a 2006 tuvieron lugar 86 violaciones sexuales por parte de soldados13.
Martha Figueroa del Colectivo Mujeres de San Cristóbal sostiene que «hay un patrón de comportamiento de los militares en el caso de violaciones a mujeres indígenas en las zonas donde hay conflictos internos, y el Ejército está como represor y controlador: van persiguiendo a alguien, violan a alguna mujer y ante la denuncia la respuesta es negar, hostilizar, criminalizar a la víctima diciendo que trata de desprestigiar a la institución»14.
Según la investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y coordinadora del seminario “Género y Etnocidio” Rosalva Aída Hernández Castillo, «los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena […]
La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres.
El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas […]
Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo»15.
Maylei Blackwell, finalmente, sostiene que «la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial»16.
Es triste y larguísima la lista de los casos de indígenas violadas por la policía y el ejército y todos son caracterizados por una total impunidad.El 4 de junio 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años son violadas en Altamirano, en el Estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participan en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El 10 de junio de 1997 doce indígenas zapotecas de la zona de los Loxicha del Estado de Oaxaca son violadas por soldados.El 3 de diciembre de 1997 Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, son violadas por cinco soldados en Zopilotepec, en el Municipio de Atixtac, Estado de Guerrero. El 21 de abril de 1999 Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, ambas indígenas mixtecas, son violadas por miembros del ejército en Barrio Nuevo San José, en el Municipio de Tlacoachixtlahuaca, Estado de Guerrero.
El 16 de febrero de 2002 Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapaneca de 17 años, es violada en Barranca del Bejuco, en el Municipio de Acatepec, Estado de Guerrero, por ocho soldados del 41º Batallón de Infantería.El 22 de marzo de 2002 Inés Hernández Ortega, indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados en Barranca Tecuani, en el Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.
Ernestina Ascencio
El 25 de febrero de 2007 la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años y residente en Soledad Atzompa, en la Sierra Zongolica, en el Estado de Veracruz, vuelve a casa sangrando y les dice a sus propios hijos haber sido asaltada y violada por vía vaginal y anal por un grupo de soldados, presentes en la zona por operaciones antinarco – sus palabras textuales son: «Pinome xoxoque no pan omotlamotlaque» («unos soldados vestidos de verde se me echaron encima»). Al llegar al hospital, muere desangrada.
Un médico forense del Estado de Veracruz le practica una autopsia y extrañamente lo asisten las autoridades de la Sedena. En un comunicado póstumo a la autopsia, la Sedena afirma haber mandado la muestra del “líquido seminal de cuerpo” relevado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea examinado y sucesivamente comparado con el ADN de los soldados asignados a esa zona.
En otro comunicado, el número 19, acusa a un grupo de desconocidos de haberse disfrazado de militares y haber perpetrado la violación para instigar a la población en contra del ejército. Un soldado es arrestado y otros dos son consignados en Puebla por el presunto delito de violación hacia la anciana.
Crece a nivel nacional la indignación y el repudio a la presencia del ejército en diversas zonas del país; éste constituye el principal baluarte del gobierno del neopresidente Felipe Calderón, carente de legitimidad y de autoridad, debido a la fuerte sospecha de haber tomado el poder gracias a un fraude electoral que nutre al menos el 43.4% de la población.
El 28 de febrero José Luis Soberanes de la CNDH declara que se va a hacer cargo del caso, generando un hecho inaudito: no le compete hacerlo y ni siquiera pronunciarse durante una investigación aún por terminar, sino sólo después de que ésta concluya y antes de que sea archivada. La sospecha de fuertes presiones gubernamentales se vuelve cada vez más una certeza, cuando el mismo presidente el 13 de marzo afirma en vivo y a todo color que «Ernestina Ascencio murió por una gastritis crónica descuidada».
Es evidente que para él es sumamente importante evitar una deslegitimación de la institución castrense, que le garantiza gobernabilidad y a la que ya asignó la tarea titánica de combatir el narcotráfico, lo que parece volverse su principal caballo de batalla y que hasta mayo de 2008 ha causado más de 4 mil ejecuciones17.
Y probablemente es por eso que su primera acción de gobierno es aumentar el presupuesto para las fuerzas militares con 4 millones de pesos, recortando en cambio el que estaba destinado a la educación pública y a la cultura. El 18 de marzo la CNDH, tras volver a exhumar el cuerpo y hacer otra autopsia, declara que la víctima no ha muerto desangrada por la violación, sino por «una anemia aguda» debida a «úlceras gástricas pépticas», y que no existen signos de violencia en la región vaginal ni rectal.
Empieza una verdadera guerra de declaraciones entre autoridades judiciales y ejecutivas del Estado de Veracruz y federales, de la que prevalece la teoría gubernamental: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz pasa de sostener a capa y espada la versión de la violencia carnal – incluso declarando haber entregado 4 muestras de líquido seminal a la misma CNDH- a suspender a los tres peritos encargados de la primera autopsia (el 30 de marzo) y, finalmente, a dar un giro total, afirmando el 30 de abril que la violación nunca ocurrió.
La familia de Ernestina es tácticamente aislada, se habla incluso de la “desaparición” de sus hijos. Amnistía Internacional le solicita al gobierno mexicano reabrir el caso, que será llevado también ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la CIDH.
Otras violaciones en la Sierra Zongolica
Y como si no bastara, en los siguientes meses se registraron otros dos feminicidios con violación tumultuaria hacia dos mujeres indígenas de la misma región. El 21 de mayo de 2007 aparece el cadáver desnudo con signos de tortura (un cinturón masculino alrededor del cuello, trapos en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo) de Adelaida Amago Aguas, indígena nahua de 38 años, habitante de la Sierra Zongolica.
La mujer, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y se encargaba del manejo de proyectos productivos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El 25 de mayo de 2007, en los alrededores de la comunidad de San José Independencia, en la Sierra de Zongolica, el cuerpo de Susana Xocohua Tezoco, indígena nahua de 64 años, es encontrado por algunos campesinos en una milpa: yace desnudo, con las piernas abiertas y muchos moretones en cuello, piernas y brazos.
El Ministerio Público, Alejandrino Arroyo Martínez, se rehúsa en abrir una investigación por homicidio y afirma que la señora ha muerto por un tumor maligno, negándose a practicar la autopsia en el cadáver. A las demandas de mayores investigaciones por parte de los familiares, contesta con la amenaza de arrestarlos.
El marido afirma que la mujer presentaba signos de violación. La familia solicita la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz para volver a exhumar el cadáver y practicar la autopsia, que sucesivamente es encargada a las autoridades de la Ciudad de México para garantizar mayor imparcialidad y autonomía. Las investigaciones acaban como siempre con la negación de la violación. El caso es archivado para siempre.
Locutoras triquis asesinadas
La lista se concluye, al menos por ahora, con el dúplice feminicidio muy conmovedor de Teresa Bautista Merino y Felícita Martínez Sánchez, locutoras triquis de 22 y 20 años respectivamente, de la radio comunitaria en lengua indígena “La voz que rompe el silencio”, del Municipio Popular de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca.
El 7 de abril de 2008 las dos locutoras –adherentes a la APPO- estaban por dirigirse hacia Oaxaca al Encuentro Estatal para la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca, donde coordinarían una mesa redonda “Comunicación comunitaria y alternativa: radios comunitarias, videos, prensa, internet”, cuando fueron asesinadas con 20 balazos por un grupo de paramilitares. Obviamente los dos crímenes siguen impunes. Aunque no se trate de crímenes perpetrados con técnicas de abuso sexual, se van a sumar a la interminable lista de feminicidios de la cual México detiene tristemente el récord mundial.
12 http://www.jornada.unam.mx/2008/ 04/26/index.php?section=estados&article=032n3est
13 http://www.jornada.unam.mx/2007/ 04/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
14 http://www.jornada.unam.mx/2003/ 03/08/052n2con.php?origen=index.html
15 http://www.jornada.unam.mx/2007/ 05/21/oja121-guerrasucia.html
16 Ibid.
17 http://www.jornada.unam.mx/2008/ 5/22/index.php?section=politica&article=003n1pol&partner=rss
13 http://www.jornada.unam.mx/2007/ 04/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
14 http://www.jornada.unam.mx/2003/ 03/08/052n2con.php?origen=index.html
15 http://www.jornada.unam.mx/2007/ 05/21/oja121-guerrasucia.html
16 Ibid.
17 http://www.jornada.unam.mx/2008/ 5/22/index.php?section=politica&article=003n1pol&partner=rss
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